LA CORTE CONSTITUCIONAL DETERMINÓ QUE UNA ACCIÓN DE PROTECCIÓN NO PUEDE UTILIZARSE PARA RESOLVER CONTROVERSIAS ADMINISTRATIVAS SOBRE CONCESIONES ACUÍCOLAS.

La Corte Constitucional analizó la acción de protección con medidas cautelares signada con el número 24571-2023-00076, presentada por la empresa camaronera C. en contra del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y de la Procuraduría General del Estado. El proceso tuvo origen en controversias relacionadas con concesiones de zona de playa y bahía destinadas a actividades acuícolas, así como con un procedimiento administrativo sancionador iniciado por la presunta invasión a dichas áreas, por parte de la empresa accionante.

La Corte concluyó que la Unidad Judicial de Santa Elena y la Sala Provincial carecían de competencia territorial, pues los actos impugnados se originaron y produjeron efectos en Guayaquil. Además, determinó que la medida cautelar fue improcedente, al pretender suspender un procedimiento sancionador que ya había sido dejado sin efecto e impedir, de forma anticipada e indefinida, el ejercicio de potestades administrativas del MIPRO. Finalmente, verificó que la acción de protección fue desnaturalizada, ya que se utilizó para anular actos administrativos vinculados con concesiones acuícolas, restringir indefinidamente la potestad sancionatoria del MIPRO y, al mismo tiempo, disponer que se atienda favorablemente el pedido de concesión de la empresa accionante.

Sentencia 4667-23-JP/26

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