LA CORTE DETERMINÓ QUE UNA ACCIÓN DE PROTECCIÓN NO PUEDE USARSE PARA RESOLVER DEUDAS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS DERIVADAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO.

La Corte Constitucional aceptó una acción extraordinaria de protección presentada en contra de una sentencia de apelación dictada en el contexto de una acción de protección. Este Organismo concluyó que la sentencia impugnada vulneró el derecho a la seguridad jurídica, al haber aceptado una acción de protección manifiestamente improcedente, ya que fue planteada para exigir el desembolso de fondos provenientes del Presupuesto General del Estado.

La Corte indicó que las disputas sobre pagos, asignaciones y obligaciones fiscales entre instituciones del Estado deben resolverse por las vías previstas en la ley, no mediante acción de protección.

Sentencia 2201-21-EP/25