Contexto procesal: Antecedentes del caso
Amada, nacida en Quito en 2009, fue registrada con sexo masculino en su acta de nacimiento y cédula de identidad. En enero de 2018, ella y sus padres solicitaron al Registro Civil el cambio de nombre y la rectificación del dato sexo a femenino, petición que fue denegada alegando normas legales que exigen mayoría de edad para realizar dicho trámite. Ante esta negativa, en junio de 2018, presentaron una acción de protección para reivindicar sus derechos constitucionales vinculados a la identidad de género y el libre desarrollo de la personalidad.

La sentencia se origina a partir de una acción de inconstitucionalidad presentada contra disposiciones del Reglamento de la Ley de Arbitraje y Mediación (RLAM)

Se trata de dos acciones públicas de inconstitucionalidad acumuladas:
•⁠ ⁠Caso 37-23-IN: Demandada por Sophia Therilw Maridueña contra múltiples
artículos del Código Civil que utilizan el término “demente”, argumentando que
es peyorativo y lesivo del derecho a la igualdad y no discriminación.
•⁠ ⁠Caso 10-24-IN: Demandada por José Vladimir Andocilla Rojas, presidente de APADA del Ecuador, en contra de la disposición reformatoria segunda de la Ley Orgánica de Salud Mental (LOSM), que sustituyó el término “demente” por “personas con trastornos mentales”, ampliando la incapacidad jurídica absoluta a este grupo sin criterios precisos. Ambos casos admitidos y acumulados para
su resolución conjunta en 2024.

La Sentencia 67-23-IN/24 de la Corte Constitucional del Ecuador resolvió una acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 144 del COIP, que tipifica el homicidio simple, en el contexto de la eutanasia activa. La Corte declaró la constitucionalidad condicionada de la norma, estableciendo que no se aplicará la sanción penal cuando un médico practique eutanasia activa con consentimiento libre, inequívoco e informado de una persona que sufre una enfermedad grave e incurable o una lesión grave e irreversible, con sufrimiento intenso. El fallo reconoce la primacía de los derechos a la vida digna y al libre desarrollo de la personalidad, e insta a la Asamblea Nacional a regular el procedimiento de eutanasia, sentando un precedente jurisprudencial histórico en materia de derechos humanos y bioética en el Ecuador.