18 Observaciones del Ejecutivo a Reformas Electorales

El Ejecutivo envió ayer (viernes 3 de enero del 2020) un veto parcial a las reformas electorales, aprobadas por la Asamblea el 3 de diciembre. En el documento se evidenciaron menores discrepancias de las que hubo entre estos dos poderes del Estado en otros proyectos como el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El presidente Lenín Moreno remitió 18 observaciones, en su mayoría de forma, a los 160 artículos del Código de la Democracia que fueron modificados por el Parlamento. No puso reparos a temas complejos como el cambio del método de asignación de escaños D’Hondt por Webster. Tampoco a la paridad de género en las listas, que fueron aprobados por bloques en la Legislatura. “El veto mantiene la línea de la reforma: más transparencia, mayor proporcionalidad en la votación y se incluye un importante incentivo a las alianzas entre organizaciones políticas”, resaltó la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

Con el veto, el Ejecutivo propone que para la asignación de fondos de promoción electoral, en caso de alianzas, los recursos serán distribuidos en porcentajes iguales a los partidos participantes. También plantea que las organizaciones políticas que hayan recibido financiamiento del Estado, a través del Fondo de Promoción Electoral, deberán rendir cuentas del uso de dichos recursos conforme a la Ley y de ser el caso reintegrar lo no utilizado o no justificado debidamente ante el CNE.

En este punto, la Asamblea había decidido que si un candidato no obtenía al menos un 4% de votos válidos debía reintegrar un 50% del fondo. El Ejecutivo también pone reparos a la descripción de cada una de las fases del proceso electoral. Cree que no es conveniente que se establezca como el cierre del período electoral “un hecho incierto como lo es la presentación de las cuentas de campaña”, pues esto está supeditado a la voluntad de cada organización. Sugiere que el periodo cierre con la posesión de los ganadores.

La Comisión de Justicia del Legislativo, presidida por la oficialista Ximena Peña, conocerá las objeciones del Ejecutivo y preparará un informe para el Pleno. Para allanarse al veto, el Legislativo deberá contar con un total de 70 votos. Mientras que para ratificarse en su propio texto necesita de 91 voluntades. La Asamblea tiene 30 días para pronunciarse. Esta reforma es clave para que el CNE organice las elecciones generales del 2021, cuando se elegirán Presidente de la República y asambleístas.

Hasta tanto, el organismo electoral alista una nueva revisión a los resultados que obtuvieron 279 organizaciones políticas en los comicios seccionales del año pasado. El proceso incluirá a las 47 agrupaciones canceladas por el CNE, y que tras 51 días sin vida jurídica regresaron al tablero por decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Este escenario crea divergencias. Por un lado, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, dice que se empieza “todo desde cero” y que la evaluación será para cada una de las organizaciones.

Por otro, los representantes de varios de esos 47 grupos creen que cualquier revisión debe partir del 2021, pues ahí regirán las seis subreglas que estableció el TCE. Ahora alistan alianzas para su participación en ellas. Para Atamaint, el CNE debe notificar a las “más de 270 organizaciones políticas la condición en que se encuentran en este momento”. Es decir, si están con tarjeta amarilla o no, “para que tengan conocimiento que desde ahí empieza el debido proceso a futuro”.

Esto es rechazado por el Movimiento Emergente de Transparencia y Acción (META) que, junto al Movimiento Político Renacer Peninsular, apeló la resolución de la mayoría del Pleno del CNE que decidió la extinción de esas tiendas. Alfonso Harb, director de META en Guayas, refirió que presentó ante el TCE un pedido de aclaración sobre los criterios del organismo. “Esas reglas deben estar vigentes desde el próximo proceso electoral y no de modo retroactivo”.

Entre las subreglas que estipuló el TCE se aclara que la cancelación de organizaciones políticas se dará cuando, en dos elecciones pluripersonales consecutivas, un movimiento político local no logre al menos el 3% de votos en cada una de ellas, y que al CNE le corresponde comparar. Por otra parte, Fuerza Compromiso Social (FCS), movimiento que puso en la palestra al exministro Iván Espinel, quien fue sentenciado a 10 años de prisión por lavado de activos, mantendrá su personería jurídica en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El jueves 2 de enero del 2020, el Pleno del CNE resolvió con los votos de Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero acoger el informe positivo de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica sobre la situación del movimiento, a pesar de que la Contraloría objetó las firmas obtenidas para su registro.

Fuente: www.elcomercio.com

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