Comisión revisará ley para regular el cabildeo

La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional iniciará la discusión del proyecto de Ley de Transparencia y Regulación del Lobby, para primer debate.

La propuesta, presentada por la asambleísta Gabriela Larreátegui (SUMA), pretende legalizar la actividad de los lobistas que son personas que tienen conexiones con sectores industriales o económicos.

También con los gestores de intereses particulares, quienes en cambio actúan a nombre de organizaciones sociales que tienen interés en la elaboración, aprobación o patrocinio de leyes.

La asambleísta dijo que la idea es que todo se transparente y estas reuniones se registren, de manera que la ciudadanía sepa con quiénes se reúnen los funcionarios, entre ellos ministros, asambleístas, alcaldes o prefectos.

Larreátegui acotó que su proyecto será tratado junto a otro que trata el mismo tema presentado por el legislador Cesar Solórzano, de Sociedad Patriótica, que según indicó fue calificado en un día mientras que el suyo demoró seis meses.

El presidente de la comisión, Raúl Tello, del movimiento Unidos por Pastaza, manifestó que el proyecto pretende transparentar e identificar los asuntos tratados por particulares con las autoridades y servidores de los organismos y dependencias del sector público.

Además se revisará que la normativa tome en cuenta temas como la igualdad de trato, agenda y acceso a la información pública.

Fuente: www.eltelegrafo.com.ec

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Entregan a la Asamblea Nacional propuestas de reforma a tres leyes «prioritarias para la gestión municipal»

El presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), Raúl Delgado, entregó al titular de la Asamblea Nacional, César Litardo, propuestas de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD); a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (Lootugs); y a la Ley de Turismo.

Delgado indicó que las modificaciones al COOTAD permitirán redefinir la descentralización, así como, establecer el beneficio directo para los Gobiernos Autónomos Descentralizados y la población. Esto contribuirá a que se respete el ejercicio de competencias exclusivas de los municipios y la asignación directa de recursos.

Litardo mostró apertura por trabajar en conjunto con las municipalidades, en territorio, para conocer de cerca las demandas de la ciudadanía y así construir leyes que beneficien a los ecuatorianos. Asimismo, se comprometió a cerrar el primer debate de reformas al COOTAD, en los próximos días.

El asambleísta Héctor Yépez, presidente de la Comisión de GADs socializa con el Comité Ejecutivo de AME el trabajo conjunto realizado sobre propuestas de reformas al Lootugs y Ley Turismo.

Otras reformas al COOTAD presentadas por la AME buscan garantizar la autonomía municipal y el respeto a las competencias. Así como fortalecer, normar y mejorar el proceso y condiciones para la obtención de recursos a nivel multilateral y binacional, a través de mecanismos de cooperación internacional.

Respecto de la Lootugs, la AME plantea una reforma legal a la transitoria quinta de la norma para que los alcaldes puedan planificar de forma eficiente su gestión de suelo y ordenamiento territorial. En este marco, el presidente de la AME solicitó que se amplíe el plazo para la actualización de planes de desarrollo y uso de suelo, pues la norma contempla su entrega hasta mayo de 2020.

El presidente de la Asamblea planteó que el plazo debería extenderse máximo un año más, y se trabajará de manera diligente en la Comisión de Gobiernos Autónomos para que pueda reformarse la Ley en el menor tiempo posible.

En cuanto a la Ley de Turismo, el gremio municipalista propone que se definan mecanismos de gestión de turismo y gestión de capacidades que permitan generar proyectos de fortalecimiento, créditos preferenciales y asistencia para obtención de capital semilla, así como establecer los ejes rectores del turismo y facultades específicas y competencias.

Además, normativa que contribuya con la consolidación del turismo comunitario y aspectos relacionados con la pluriculturalidad, interculturalidad, multiculturalidad y turismo patrimonial, urbano y gastronómico.

Fuente: www.expreso.ec

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La Asamblea Nacional espera tres proyectos económicos

La Asamblea Nacional retorna de su vacancia legislativa, en medio de una crisis económica internacional que tiene efectos en el país. Se esperan definiciones de las bancadas para aprobar tres proyectos económicos: la reforma laboral, así como los cambios a los códigos Monetario y de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip).

Estas dos últimas son requeridas hace un año por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El escenario para el debate de esos proyectos es complejo, no solo porque el Ejecutivo no cuenta con una mayoría, sino por el ambiente previo al inicio del proceso para las elecciones generales de 2021.

El vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso (Creo), urgió ayer a Carondelet a remitir las propuestas, en vista de la situación económica que atraviesa el Ecuador por la caída del precio del petróleo, el aumento del riesgo país y las repercusiones del coronavirus en las exportaciones.

La oficialista Elizabeth Cabezas, vicepresidenta de AP, reconoció que el Ejecutivo aún no ha iniciado los contactos con el Parlamento para la discusión de los proyectos. En noviembre pasado, la falta de votos en el Pleno derivó en el archivo tanto de las reformas al Código Monetario como al Coplafip, que fueron incluidas en la denominada Ley de Crecimiento Económico. ​

La Ley de Simplificación Tributaria fue promulgada en el Registro Oficial el 31 de diciembre pasado, sin incluir cambios en ambos cuerpos legales. A la Asamblea todavía no llega la nueva propuesta. Según Donoso, estas reformas son urgentes para dotar de una mayor autonomía al Banco Central, mejorar el control a la deuda externa y disminuir la “capacidad discrecional” que tiene el Gobierno para el gasto público. Si estos proyectos son enviados a la Asamblea deberán ser tramitados por la Comisión de Régimen Económico.

Antes del receso, se decidió unificar seis propuestas de legisladores de Creo, el Partido Social Cristiano (PSC) y aliados de AP para avanzar en la reforma al Código Monetario, a la espera del proyecto del Ejecutivo. “Esperamos el documento. Si se presenta como económico-urgente lo tramitaremos en los 30 días que la ley establece. Y si no, trataremos de hacerlo lo más rápido posible”, dijo ayer el presidente de la Asamblea, César Litardo (AP). Añadió que esta Función solicitará información sobre las acciones que se tomarán para enfrentar la crisis, y llamó a actuar “con responsabilidad”.

El socialcristiano Henry Cucalón manifestó que “bajo ningún concepto (se puede recurrir a) más castigos tributarios. En una economía ya golpeada sería el tiro de gracia”.

El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Héctor Yépez (Creo), planteó alternativas como recortar el “gasto inútil” en bienes y servicios, renegociar la deuda y contratos petroleros. “Llevan tres años de retraso”, sostuvo. En enero, Litardo dispuso a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores que avance en el debate de las reformas al Código de Trabajo. Pero el ambiente es incierto.

En el último año el trabajo de esa mesa parlamentaria fue irregular, lo que no le permitió avanzar en las discusiones. Entre mayo y octubre no pudo sesionar por pugnas que obligaron a renunciar a María José Carrión (AP) a la Presidencia. En lugar de Carrión, con los votos del correísmo y el PSC, asumió Karina Arteaga (AP). Sin embargo, tras el receso, ella deberá afrontar una investigación por supuesta gestión de cargos públicos.

Litardo manifestó que la próxima semana se definirá en el Pleno la conformación de una Comisión Multipartidista para que indague a Arteaga. La titular de la Comisión de Trabajo aseveró que el proceso en su contra “es independiente, administrativo, que nada tiene que ver con el trabajo de la mesa”. Arteaga afirmó que tiene las pruebas para desvirtuar la denuncia presentada por Fabricio Villamar (ex Creo) y pidió que se respete el debido proceso.

Para lo que resta de este año, la Asamblea tiene una agenda de 21 leyes. De ellas, siete tienen que ver con empleo y productividad, como la Ley de Turismo y la de Pesca, que fue enviada al Ejecutivo para su veto. Ayer, Litardo recibió a delegados de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME).

Ellos le solicitaron que dentro de las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) se incluya una transitoria para que se les conceda una prórroga para la entrega de los planes de ordenamiento territorial. Hasta ayer no había convocatorias ni para el Pleno ni para las comisiones tras los 15 días de receso parlamentario.

En contexto ​

En casi tres años, la Asamblea ha enviado al Registro Oficial 43 leyes. La última fue la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, que fue aprobada en febrero pasado, antes de la vacancia. Para este año se definió como prioritarias a 21 normas, siete en materia de empleo y productividad.

 

Fuente: www.elcomercio.com

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Comisión de la niñez socializará reformas al CONA en una cruzada nacional

El vicepresidente de la Comisión Ocasional de la Niñez y Adolescencia, Franklin Samaniego, realizó una evaluación del trabajo efectuado por los comisionados. En este marco, destacó las reformas a los cuatro libros del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA): «Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos»; «El niño, la niña y adolescente en sus relaciones de familia»; «Sistema Nacional de Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia» y «Responsabilidad del Adolescente Infractor».

Destacó que la mesa tiene previsto entregar el primer borrador a finales de marzo. Tras su presentación iniciarán un debate a escala nacional, pese a que durante el tratamiento de las reformas ya se recibió los aportes de niños, niñas y adolescentes, organizaciones de la sociedad civil y del Estado. Sin embargo, consideró importante realizar una cruzada y minga nacional para su socialización.

Samaniego resaltó que las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia tienen un enfoque de derechos en temas de género, paridad, eliminación de discriminación y violencia, incluso en las redes sociales. En este aspecto apuntó que los niños, niñas y adolescentes deben ser capacitados en herramientas digitales para que no sean víctimas de violencia por medio de estos canales. Si existiera un caso de vulneración de sus derechos deben recibir una reparación integral.

Durante su intervención hizo hincapié en el Sistema Nacional de Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, señaló que los niños, niñas y adolescentes necesitan jueces y personal especializado para atenderlos y no revictimizarlos.

También, señaló que al interior de la Comisión se han priorizado los derechos de los niños en cuanto a educación, salud y alimentación, en este punto recordó que la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Alimentación Escolar.

En otro tema, el asambleísta manifestó que el grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes solicitó de forma sustentada que la Comisión Ocasional que trata sobre esta temática se convierta en permanente.

 

Fuente: www.asambleanacional.gob.ec

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Factores internos y externos afectan a la inversión

La Ley de Fomento Productivo ha impulsado 76 acuerdos con empresas privadas, pero el contexto internacional mantiene cautos a los inversionistas. La Ley de Fomento Productivo cumple un año y medio de vigencia.

La propuesta fue enviada por el Ejecutivo con el fin de que Ecuador sea un destino más atractivo para las inversiones. Si bien esta ley ha permitido que se concreten nuevos contratos con empresas privadas, todavía están pendientes algunas reformas estructurales para que su impacto sea más palpable.

Dos economistas consultados por este Diario analizan la norma y otras opciones para que el país perciba más ingresos nacionales y extranjeros.

La ley se caracteriza por incentivos tributarios como la exoneración del Impuesto a la Renta por hasta 20 años para inversiones nuevas o la exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas para la importación de materias primas.

En febrero de 2020, el presidente Lenín Moreno informó que entre 2018 y 2019 se suscribieron 76 convenios con empresas nacionales y extranjeras que suman $ 2.000 millones y generan 10.000 plazas de trabajo. Pero para que la ley genere aún más las condiciones para que la inversión despunte, “es necesario la reforma laboral y la reforma de seguridad social”, indica el analista Jorge Calderón.

El experto cree que la ley tiene buenas intenciones, “pero si no se puede operar, se tiene problemas en la estructura de costos del país y se pierde competitividad, la inversión no va a venir”. El economista Héctor Delgado también coincide con este punto, pues cree que la reforma laboral es un pilar fundamental para cualquier inversionista extranjero.

“Las normas ecuatorianas son bastante rigurosas, como los costos de la seguridad social”. Otro punto clave para atraer la inversión es mejorar la competitividad a través de costos de producción más baratos.

Calderón comenta que Ecuador tiene margen para ello a través de la energía eléctrica, por ejemplo. Héctor Delgado añade que existen factores externos a la economía ecuatoriana que dificultan la llegada de recursos. Citó el riesgo país, que hasta el 28 de febrero fue de 1.466 puntos.

Este indicador varía principalmente con el precio del petróleo. En enero se festejaba un alza en su valor, sobre los $ 60, debido a la situación entre EE.UU. e Irán. Ahora, debido al brote de coronavirus en China, el precio del barril se ubica alrededor de los $ 48.

Esto significa que Ecuador percibe unos $ 40 por barril, cuando se presupuestó $ 51. “Eso deja ver la vulnerabilidad de la economía ecuatoriana”, asegura Calderón. Cree que es necesario hacer un cambio definitivo en la matriz productiva y apostar a la agricultura y ganadería, para no depender de acontecimientos internacionales.

En la misma línea, Delgado explica que el riesgo país es lo primero que los inversionistas analizan para decidir dónde colocar sus capitales, además de la seguridad jurídica. Señala que las empresas están algo temerosas por ser el 2020 un año preelectoral, “lo que hace que se mantengan al margen y no se vea una reactivación como tal”.

Ambos especialistas tienen una alta expectativa frente al futuro acuerdo comercial entre Ecuador y EE.UU. Para Delgado, es un excelente mensaje el hecho de que los presidentes de ambas economías se hayan sentado a analizar el tema y espera que se suscriba pronto.

Este instrumento le ayudará al país a competir sobre todo con Colombia y Perú que ya tienen acuerdos con EE.UU. Además se facilitará el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico. “Pero hay que negociarlo bien, se (deben poner) barreras y condiciones para no afectar a ciertos sectores que con el tiempo puedan modernizarse y entrar a temas de tecnología e innovación”, dice. Calderón recuerda que el trabajo que tiene que hacer el equipo negociador debe ser sin imposiciones. “Ecuador ya parte de una base que son los sectores sensibles ante un acuerdo”.

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Reformas a Ley de Minería permitirían que áreas estratégicas apliquen procesos transparentes

Luego del receso legislativo, el proyecto de reformas a la Ley de Minería, de iniciativa del asambleísta Patricio Donoso, entrará a segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. La propuesta busca garantizar que todo proceso de subasta o concesión minera se realice de manera transparente.

Para lograr este objetivo se plantea eliminar el segundo inciso del artículo 29 y el último inciso del 40, dijo Donoso. Indicó que actualmente las empresas estatales o extranjeras no pasan por procesos licitatorios, lo cual afecta a las empresas nacionales, es decir, esta segregación trae como consecuencia severos actos de corrupción.

Lo que se busca es precautelar los principios de transparencia y establecer un trato igualitario en todas las concesiones mineras. Esto permitirá mayores recursos económicos para el país a fin de atender las necesidades de los sectores más pobres, agregó Patricio Donoso.

Por tanto, todas las empresas sean públicas o privadas, nacionales o extranjeras se someten a un proceso de subasta pública y de licitación transparente, añadió.

Además, se quiere prevenir actos de corrupción, lograr inversión extranjera transparente y que las empresas en la prospección minera utilicen tecnología de punta para lograr un mejor tratamiento y cuidado del medio ambiente.

Si se aprueban las reformas a la Ley de Minería en el Pleno y entran al Registro Oficial, todas las áreas estratégicas: construcción de carreteras, campo petrolero, hidroelectricidad, etc., deberían pasar por procesos licitatorios. Esa transparencia generará más recursos para el Estado, menos corrupción y mayor cuidado al medio ambiente, recalcó el segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional.

Hay que tomar precauciones para que la corrupción no tenga lugar, afirmó el parlamentario al destacar la importancia de las reformas a la Ley de Minería, para fortalecer el trabajo de las distintas instituciones del Estado por transparentar los procesos de concesión en esta área.

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Corte Constitucional analiza cuatro casos sobre extractivismo

La Corte Constitucional (CC) no solo debe pronunciarse sobre la viabilidad de consultas populares sobre minería. Actualmente, cuatro casos están a la espera de dictámenes que podrían marcar un precedente jurídico para el extractivismo. La resolución de esos casos tiene un precedente que se deberá tomar en cuenta.

A propósito de la negativa de la CC al pedido de consulta popular antiminera por parte del prefecto de Azuay, Yaku Pérez, el órgano de interpretación constitucional señaló que “plantear una consulta respecto de la cancelación automática de concesiones previamente otorgadas por el Estado, comporta un efecto retroactivo que, al ser indeterminado, afecta al derecho constitucional de la seguridad jurídica”.

Para Juan Francisco Guerrero, constitucionalista, ese pronunciamiento determina el respeto a una concesión que cumplió con los requisitos legales. Acotó que en caso de no hacerlo, el país se expone a demandas internacionales. Sin embargo, la CC también dijo que “esto no implica que toda medida retroactiva sea inconstitucional. Existen circunstancias en las que la retroactividad está permitida de manera excepcional”.

La otra sentencia es respecto de la acción de protección interpuesta por la Comunidad Amazónica de la Acción Social Cordillera del Cóndor. Alegaron desalojos forzados y vulneración del derecho a la consulta previa.

La sentencia de segunda instancia determinó, entre otras cosas, que esa comunidad no ha podido establecer su ancestralidad ni su autodeterminación. Los dictámenes de ambos casos, de acuerdo con el constitucionalista Jorge Benavides, marcarán precedentes vinculantes que serán la base desde la cual los jueces actuarán en el futuro ante casos similares.

A esas dos sentencias seleccionadas se suman una acción de protección presentada por el Ministerio de Energía y Recurso Naturales No Renovables por el proyecto minero Río Blanco en el Azuay. La mina está paralizada de forma indefinida, tras una acción legal en la que comuneros de la zona argumentaron que no hubo consulta previa.

El dictamen de la acción de protección será importante, según Guerrero, porque la CC deberá pronunciarse sobre si la consulta previa es solo para los pueblos indígenas o para cualquier comunidad. Benavides refirió que en el caso Río Blanco se debe hacer una distinción entre la consulta previa y la ambiental.

La primera está en la Constitución, como uno de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas. La segunda puede ser invocada por todos quienes sean potenciales afectados por un proyecto.

Actualmente no hay ninguna demanda internacional por la paralización de ese proyecto, según el Ministerio de Energía. Lo que sí se ha anunciado es un arbitraje que abre un diálogo entre el Estado ecuatoriano y Ecuagoldmining.

La finalidad es “que el inversionista conozca las acciones del Estado para precautelar la inversión”, señaló esa Cartera de Estado. El cuarto caso tiene que ver con la demanda a favor de los waorani, en la que la Corte Provincial de Pastaza determinó que hubo vulneración al derecho a la consulta y un ambiente sano. La CC señaló que este caso está pendiente de resolución en la Sala de Selección.28

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Lagunas constitucionales le aparecen a la reforma electoral

Los cambios al Código de la Democracia podrían acumular cinco demandas.  La existencia de las circunscripciones electorales motiva reclamos.

Los festejos por la aprobación de las reformas electorales se van enfriando. Un colectivo que se autodenomina Somos Ciudadanos presentó ayer una demanda ante la Corte Constitucional (CC) en contra de uno de los cambios que la Asamblea introdujo al Código de la Democracia.

Específicamente, los activistas consideran que es inconstitucional que los legisladores hayan decidido cambiar el método de asignación de escaños de D’Hondt a Webster, pero manteniendo inalterables las circunscripciones electorales. Víctor Rivadeneira, vocero de este colectivo, dijo ayer que mientras se mantenga esta figura en la estructura electoral del país, se seguirá cometiendo “fraude” contra la representatividad política y los votos que depositan los ciudadanos.

Explica que, por ejemplo, en las elecciones seccionales de marzo de 2019, Fuerza Compromiso Social, que cobijó al correísmo, obtuvo el 22,4 % de los votos para conformar el Consejo Metropolitano de Quito, pero gracias a las circunscripciones alcanzó el 42,5 % de escaños. “Si no se declara la inconstitucionalidad de este artículo, se repetirá lo mismo en las próximas elecciones y los grupos políticos pequeños quedarán nuevamente excluidos”, argumentó Rivadeneira.

No son los únicos inconformes con este tema. Grupos ciudadanos como Esquel, Nosotras por la Democracia, Observatorio Electoral, Fundación Ciudadanía y Democracia, entre otros, prevén hacer un reclamo similar ante la Corte en los próximos días.

Sus representantes aseguran que aplicar el método de Webster manteniendo las circunscripciones electorales es incompatible. En los comicios del 2013 se aplicó por primera vez esta figura en Guayas, Pichincha y Manabí. Las dos primeras provincias fueron divididas en cuatro distritos; la tercera, en dos.

Fausto Camacho, que es parte del Observatorio, le dijo ayer a EXPRESO que esas no son las únicas objeciones que tienen a las reformas al Código de la Democracia. Hay tres aspectos más que serán demandados ante los jueces de la Corte Constitucional.

Igualdad

Otro punto en disputa es la licencia que deben pedir los funcionarios elegidos por voto popular que opten por la reelección. La Asamblea ratificó que serán 45 días (mientras dure la campaña electoral) sin sueldo. Los demás funcionarios públicos deberán pedir licencia desde el momento mismo de su inscripción (casi 100 días).

Migrantes

Los colectivos ciudadanos también prevén demandar que se hayan establecido requisitos distintos para la inscripción de los candidatos en el exterior, con relación a los que lo hagan en el país. Los activistas consideran que todos los requerimientos deben ser exactamente los mismos para todos.

Sanciones

Un reclamo que podría llegar a la Corte es debido a que en las reformas sí se establecen sanciones (incluso la pérdida de los derechos políticos o la destitución) para los funcionarios electorales que cometan infracciones. De estas sanciones fueron excluidos los integrantes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral.

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Legislación moderniza el combate a la pesca ilegal

La Ley de Acuacultura y Pesca, además de regular a pescadores artesanales e industriales, busca evitar la tarjeta roja de la UE a las exportaciones de atún. La Ley de Acuacultura y Pesca, aprobada por unanimidad este 18 de febrero en la Asamblea Nacional, es una herramienta que permitirá superar la alerta que la Unión Europea (UE) emitió a Ecuador para que fortalezca el combate a la pesca ilegal.

La norma, además de regular al sector artesanal e industrial, fortalece la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. La nueva ley también responde a una necesidad de las organizaciones que pedían que se modernizara la normativa que regía desde hacía 46 años. La actualización era importante porque la actividad pesquera es altamente dinámica y cambia por factores oceanográficos, climatológicos y ecosistémicos.

Adicionalmente, la acuacultura no estaba regulada. La pesca y la acuacultura representan alrededor del 38% de las exportaciones no petroleras del país y son un sustento para la economía ecuatoriana.

Combate a la pesca ilegal

“La pesca ilegal es el verdadero enemigo del sector pesquero”, explica Andrés Arens, viceministro de Acuacultura y Pesca. “Depreda el recurso y lo vende en un precio muchísimo menor, porque no tiene los costos del pescador formal y legal”. Esta problemática le costó al país un llamado de atención con observaciones por parte de la UE, que solicitó el 30 de octubre de 2019, “intensificar su lucha contra la pesca ilegal”.

Su comunicado advertía que si no solventaba los problemas detectados, las exportaciones hacia ese bloque correrían el riesgo de detenerse. El Viceministro sostiene que la nueva ley permite tener normas claras adaptadas a regulaciones internacionales para que Ecuador pueda competir en condiciones de igualdad y con estándares mundiales.

El proyecto ingresó a la Asamblea Nacional el 26 de agosto. Pero el Viceministerio de Pesca, paralelamente, analizaba las observaciones encontradas en auditorías de la Dirección General del Mar de la UE (DG MARE) y presentan ya algunos avances.

Entre estos se destacan normativas para la importación de pesca como producto; es decir, que su ingreso sea en contenedores. También se aprobó otra norma referente a la nacionalización o abanderamiento de buques pesqueros (importación).

Así mismo se han reforzado normas de control y se ha dispuesto que se cumplan las medidas del Acuerdo de Estado Rector del Puerto, que es un instrumento de la Organización de las Naciones Unidas para desalentar y mitigar la pesca ilegal.   En la práctica se aplican con más énfasis los programas y acuerdos interinstitucionales en el principio de gobernanza. Lo que permite que las instituciones del Estado colaboren entre ellas.

Para ello también se constituyó un Comité Interinstitucional conformado por la Vicepresidencia de la República, Cancillería, ministerios de Comercio Exterior, Economía, Transporte y Aduana. El ente rector es el Ministerio de Comercio Exterior a través del Viceministerio de Acuacultura y Pesca, que tiene la competencia del control de la actividad pesquera.

Mientras que la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (Dirnea) y la Armada del Ecuador son los encargados de brindar la seguridad en alta mar.

Sanciones de la nueva ley

La norma aprobada este martes tiene un régimen sancionatorio basado en dos principios: el debido proceso que le garantiza la defensa y el de proporcionalidad en la infracción cometida.

El artículo 217 determina multas a la actividad pesquera artesanal que van de leves, que corresponden a un salario básico unificado (SBU); a muy graves, con multas de entre seis y diez SBU. El artículo 218 establece sanciones para las embarcaciones industriales. La leve es de 5 a 30 SBU, hasta las muy graves de 201 a 1.500 SBU.

Adicionalmente a las sanciones monetarias se contemplan decomisos de especies hidrobiológicas, arte pesquera o productos de uso prohibido y retiro de incentivos. Las especificaciones para la aplicación de estas penas se definirán en un reglamento.   Gabriela Cruz, presidenta de la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador, indicó que las sanciones no les preocupan. “Si yo como pescador artesanal o industrial voy a cumplir las reglas del juego, no tengo por qué temer a las sanciones”.

Explicó que los pescadores artesanales están obligados a tener un dispositivo de monitoreo satelital (DMS), seguro pesquero, seguro social y radio. “Ningún pescador puede salir a la faena si no cuenta con estos requisitos”, indicó Cruz.

Arens añadió que las multas graves son para embarcaciones de bandera extranjera y barcos apátridas o piratas que pescan  dentro del territorio nacional sin autorización. “Este tipo de multas no afectará a la flota nacional”.

Instituto de investigación

Entre los hitos de la ley está la creación del Instituto de Investigación de la Acuicultura y Pesca. El presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Lenín Plaza, explicó que se establecen normas específicas, “puesto que esta clase de entes ya están regulados por la Ley Ingenios”.

Añadió que se prevé que este instituto se encargue de un banco de recursos genéticos. Por su parte, Arens dijo que se creará un fondo para que el Instituto tenga los recursos suficientes para sus investigaciones.

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Tres tareas inmediatas tiene el Ecuador en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

Enviar a la Asamblea Nacional las reformas revisadas al Código Orgánico de Finanzas Públicas, la publicación de un plan de acción con umbrales actualizados de elegibilidad de beneficiarios y acelerar la finalización del Registro Social son las tareas más inmediatas que tiene al momento Ecuador, en relación con sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

De acuerdo con el último reporte técnico del organismo, que sirvió para el desembolso del crédito de casi $500 millones del 19 de diciembre, en febrero del 2020, se deben cumplir estas tareas.

Para abril se esperaría que el Ejecutivo envíe a la Asamblea la revisión de enmiendas a la ley del Banco Central.

Estos y otros temas serán monitoreados por una delegación del FMI que acaba de llegar al país. El equipo, encabezado por Anna Ivanova, se encuentra evaluando los “desarrollos económicos recientes y continuará trabajando con las autoridades ecuatorianas mientras implementan sus planes de política económica”, aseguró esta semana el FMI.

En noviembre pasado, la Asamblea negó una megaley que había enviado el Ejecutivo, que contenía justamente las reformas al Código de Finanzas, al Código Monetario y las reformas tributarias (las que a fin de año, con variaciones a la baja sí fueron aceptadas).

Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, explica que el Código de las Finanzas Públicas sería una propuesta que no generaría mayores conflictos dentro de la Asamblea. Considera que posiblemente se lo envíe con carácter de económico urgente.

Sin embargo, en el segundo compromiso, la ley ya no sería integral como el primero, sino puntual y su aprobación dependerá del pulso político.

Acosta destacó que la reforma laboral no está considerada en un futuro inmediato.

Entre tanto, la Unidad de Registro Social informó que el trabajo avanza. Al momento se encuentran levantando el Registro Social en Los Ríos y parte de la provincia del Guayas; paulatinamente en marzo y abril se irán incorporando los demás territorios. Adicionalmente, el INEC cumple el levantamiento en tres provincias, Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo, el cual finalizará a mediados del 2020. La Unidad del Registro Social indicó que la meta de levantamiento de datos de 2,4 millones de hogares en los sectores priorizados se cumplirá hasta enero del 2021.

El Ministerio de Finanzas informó ayer que trabaja en las reformas al Código de Finanzas Públicas, pero aún no tiene una fecha definida de entrega.

De acuerdo con Acosta, el Fondo se ha mostrado comprensivo frente a las dificultades que ha tenido el país para ajustar la economía. Incluso bajó la meta de consolidación fiscal de 5 % a 3,9 % para el 2021. Esto significará menor presión social para el cumplimiento, así como un mayor endeudamiento, ya que el ajuste se hace más lento.

Datos Importantes:

1.- El Banco Mundial aprobó el año pasado un préstamo por $350 millones para mejorar la equidad, integración y sostenibilidad de los programas de protección social en el país. Se busca mejorar la focalización de programas y su efectividad a través del monitoreo.

2.- En las reformas al Código de Finanzas Públicas se limitaría la discrecionalidad del Ejecutivo para cambiar el presupuesto. Se restringirá el uso y stock de CETE (Certificados de Tesorería). Se plantea adoptar objetivos anuales vinculantes para el sector público no financiero no petrolero.

3.- En la reforma para el Banco Central se introducirá la autonomía de este, también una recapitalización del Banco. Debe constar una regla de respaldo y su respectivo calendario para cubrir todos los pasivos con activos de la Reserva. Prohibición de préstamo directo o indirecto al sector público no financiero.

Fuente: www.eluniverso.com

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