Leyes de urgencia que, por ahora, descansan en el cajón

Son propuestas, como la ley de seguridad para la frontera, que respondían a la coyuntura. Hay algunas que llevan más de un año en trámite.

Es una deuda que crece. La Asamblea Nacional recibe proyectos de ley que en su momento son consideradas de urgencia pero, que en poco tiempo, van quedando relegados a segundo plano en la Legislatura. La mayoría de estas propuestas surgen desde el Ejecutivo que se ha visto forzado, por la coyuntura, a plantearlas para su tratamiento, sin tener eco ni siquiera ante los legisladores de la bancada oficialista (Alianza PAIS).

Ejemplos hay algunos. En noviembre del 2018 el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, entregó a la presidenta de la Asamblea Nacional de ese entonces, Elizabeth Cabezas, el proyecto de Código de Seguridad, el cual surgió por los problemas que el Ecuador empezó a tener en la frontera norte, donde hubo un ataque con un coche bomba a un destacamento policial en la población de San Lorenzo, y ante el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de El Comercio, así como de dos ciudadanos oriundos de Santo Domingo de los Tsáchilas.

En ese momento se mostró la urgencia de tener un cuerpo legal acorde a los nuevos tiempos y a las nuevas amenazas que vive el país, y ante las denuncias de las repetidas fallas de la inteligencia militar y policial.Así también, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, presentó el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Movilidad Humana, que busca regular y ordenar las dinámicas de las personas en condición de movilidad, a fin de garantizar la seguridad de los ecuatorianos. La propuesta nació de la coyuntura que vive el país por la migración de ciudadanos venezolanos, y por algunos actos de violencia que involucraron a extranjeros.

Una filtración de datos privados de millones de ecuatorianos por Internet ocasionó que el Gobierno, por intermedio del ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, presente el proyecto de ley para la protección de datos personales. La directora de Registro de Datos Públicos, Lorena Naranjo, dijo a EXPRESO que en la Asamblea le ofrecieron que en este mes se trataría la propuesta hecha en septiembre del 2019.

La lucha contra la corrupción ha sido otro de los ejes en los que enfocó el Gobierno su trabajo y presentó algunas iniciativas para fortalecer la labor en contra de los presuntos hechos de corrupción del anterior régimen, entre ellas la Ley Orgánica Anticorrupción y Protección al Denunciante, pero al igual que los otros proyectos antes señalados, no han tenido la respuesta necesaria en el Parlamento, a pesar de que las diferentes autoridades que han recibido los proyectos han dicho “que serán prioritarios”.

Sin embargo, esta prioridad solo ha quedado en el discurso. El nuevo Código de Seguridad recayó en la Comisión de Relaciones Internacionales, que recién la semana pasada logró concretar la conformación de subcomisiones para que traten los cuatro libros que tiene el proyecto. En este mismo organismo legislativo están las reformas a la Ley de Movilidad Humana, y la Ley de Datos Públicos, que no tiene aún informes ni para primer debate.

Mientras que las propuestas anticorrupción están en la Comisión de Justicia, que aún las tiene en debate y se siguen recibiendo aportes para elaborar los informes que pasen al pleno.“No es posible legislar por coyunturas”, dijo a EXPRESO el asambleísta Henry Cucalón (PSC), quien considera que no se puede estar trabajando por lo que vaya pasando. De ser así, dijo, se tendría leyes por cualquier cosa.“Se presentan leyes que responden a la coyuntura.

Lo lamentable es que en la práctica no dan soluciones reales a los problemas de fondo. Un ejemplo es el Proyecto de Lucha Contra la Corrupción. El Ejecutivo lo vetó totalmente y envió uno elaborado por ellos que al final del día tampoco resultó ser la panacea para exterminar la corrupción”, señaló la legisladora Marcela Aguiñaga.

Fuente: www.expreso.ec

Nota: La información contenida en este artículo es de exclusiva responsabilidad de quien la ha originado y no representa necesariamente el pensamiento ni la línea de EDLE S.A.

Las reformas al COIP regirán a partir de junio de 2020

Las reformas al Código Integral Penal (COIP) entrarán en vigencia el 21 de junio del 2020. Así lo ordena la Disposición final del texto, aprobado el 17 de diciembre del 2019. En junio se cumplirá el plazo de 180 días que dio la Asamblea para que las entidades creen las condiciones que permitan la aplicación de los nuevos artículos.

Por ejemplo, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, junto con el Ministerio de Energía, debe elaborar una tabla con las cuatro escalas con las que se sancionará el contrabando de combustible. En cada rango se debe especificar el tipo de sustancia (si es gas, líquida, etc.) y el peso. Solamente después de que se construya este instrumento, los jueces podrán condenar con las nuevas penas, que van de dos meces a cinco años de prisión.

La Asamblea tiene un plazo de 90 días para que elabore la normativa que permita a los gobiernos autónomos descentralizados regular la prohibición del consumo de drogas en los espacios públicos. A través de esta reforma, las alcaldías podrán impedir el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, siempre y cuando no se apliquen mecanismos que criminalicen el consumo.

La prórroga para que entren a regir las reformas al COIP empezó a correr a partir del 24 de diciembre del 2019, cuando se publicaron en el Registro Oficial. Desde esa fecha se toman en cuenta otros plazos.

Por ejemplo, la Función Judicial tiene 365 días para implementar una plataforma interconectada en la que se guarden los datos de las víctimas de delitos contra la mujer y la familia. En esta plataforma deben registrarse las contravenciones, medidas de atención para las víctimas y los procedimientos aplicados.

El Consejo de la Judicatura, por su parte, tiene un plazo de 365 días para determinar las responsabilidades de los funcionarios que tramitarán el nuevo juicio ‘expedito’ en casos de violencia contra la mujer.

El trabajo es establecer quienes vigilarán que se ejecuten las medidas de reparación para las víctimas. Estas medidas pueden ser terapias psicológicas para los agresores, trabajo comunitario, disculpas públicas, órdenes de alejamiento, entre otras alternativas.

Fuente: www.elcomercio.com

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Proyectos que si cosechan un apoyo amplio en la Asamblea

Una Asamblea sin brújula pero con leyes que buscan salir adelante. Para este inicio de año se esperaba que el presidente de la Legislatura, César Litardo, de a conocer cuáles serán sus prioridades en una agenda parlamentaria. Al interior del Palacio Legislativo, asambleístas que conversaron con EXPRESO criticaron la falta de propuestas del titular del Parlamento, que según trascendió, estaría fuera del país.

A pesar de esto, las Comisiones Especializadas continúan trabajando en la elaboración de informes para primero y segundo debate de proyectos de iniciativa de los mismos legisladores o de entidades de Gobierno. Trabajo que se encuentra acelerado debido a que buscan aprobar normativas en este primer semestre, considerando que el segundo semestre estará marcado por lo preelectoral y el tratamiento de las normas se ven sujetas a la coyuntura.

Al margen de los cálculos políticos, existen leyes que si tienen el respaldo de todas las bancadas, no son muchas, pero se estima que estarán listas en los primeros meses del 2020. Un ejemplo fue la Ley de Emprendimiento que se aprobó la semana que termina por unanimidad. 116 votos.El asambleísta Guillermo Celi (SUMA), manifestó que la aprobación de la norma muestra que los legisladores están a favor de encontrar salidas al problema más grave que tiene al momento el país como es el desempleo, en donde más de 400.000 personas no tienen empleo, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

No es la única Ley que al momento tendría el apoyo necesario para ser aprobada. Los asambleístas han consensuado y se espera su aprobación hasta marzo de las reformas a la Ley Orgánica de Tránsito y Transporte Terrestre; el proyecto de la Ley de Pesca, el proyecto de Ley de Fomento de Movilidad Sostenible y Desarrollo de Electromovilidad que se complementa con la Ley de Eficiencia Energética, el proyecto de Ley Orgánica para la Racionalización, Reutilización y Reducción de Plástico de un solo uso en el comercio.

Tránsito

El proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, establece las normas necesarias para desarrollar una movilidad más segura, unificar la normativa dispersa y dar al ente rector de tránsito las herramientas necesarias para un mejor control y administración del tránsito en el país.

Pesca

El proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura yPesca establece un régimen jurídico para el desarrollo de las actividades acuícolas y pesqueras en todas sus fases de extracción, recolección, reproducción, cría, cultivo, procesamiento, almacenamiento, distribución , comercialización interna y externa, y actividades conexas.

Movilidad

El proyecto de Ley de Fomento de Movilidad Sostenible y Desarrollo de Electromovilidad, que promueva progresivamente sistemas de movilidad sostenible, utilización de vehículos y otras alternativas de movilidad en territorio nacional, tendientes a generar un impacto positivo o al menos sostenible.

Contexto

El trabajo legislativo se espera se intensifique en estos seis primeros meses del año, considerando que el último semestre estará marcado por la precampaña electoral con miras a las elecciones presidenciales y legislativas de marzo del 2021 y donde los temas se sujetan a la coyuntura.

Fuente: www.expreso.ec

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Comienzan a emitirse regulaciones por la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria

Tras su publicación en el Registro Oficial quedaron en vigencia varios aspectos de la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, mientras que para otros es necesario que se emitan regulaciones.

El pasado 6 de enero, el Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió la primera resolución del año vinculada a la aplicación del plan excepcional de pagos para impuestos retenidos o percibidos de obligaciones tributarias y fiscales cuya administración le corresponde a la entidad y que está contemplada en la disposición transitoria primera de la ley.

En la resolución se explica que los ciudadanos tienen hasta el 6 de marzo del 2020 para solicitar el plan excepcional de pagos de hasta doce meses. A este beneficio solo podrán acogerse aquellos que tengan impuestos retenidos o percibidos de las obligaciones tributarias o fiscales internas cuya administración corresponde al SRI.

La solicitud será por vía web y hay casos donde se debe hacer en forma física.

¿Cuándo se aplicará el impuesto de servicios digitales?

Al final del primer inciso del artículo 56 de la ley se incluyó el siguiente párrafo: «También se encuentran gravados con este impuesto los servicios digitales conforme se definan en el reglamento a esta ley».

El artículo 61 contempla que el hecho generador se verificará en el momento del pago a favor de un sujeto no residente prestador de los servicios digitales.

«El impuesto se causará siempre que la utilización o consumo del servicio se efectúe por un residente o por un establecimiento permanente de un no residente ubicado en el Ecuador, condición que se verificará únicamente con el pago por parte del residente o del establecimiento permanente de un no residente en el Ecuador, a favor del sujeto no residente prestador del servicio digital», señala también el artículo.

La disposición transitoria tercera fija como fecha de aplicación de este tributo 180 días de la publicación de la ley en el Registro Oficial. Previa a su aplicación, el SRI debe emitir las resoluciones correspondientes. La entidad estima que la aplicación tomará unos 9 meses.

En la misma legislación se contempla que las empresas emisoras de tarjetas de crédito actuarán como agente de retención en la adquisición de servicios digitales cuando el prestador del servicio no se encuentre registrado, esto se lo hará mediante resolución.

¿Qué otros normas ya están vigentes con la ley?

Servicios de telefonía móvil y planes que comercialicen únicamente voz, datos y SMS del servicio móvil avanzado prestado a personas naturales, excluye servicios prepago. Se cobra el ICE del 10 %.

Bebidas gaseosas con azúcar, cerveza industrial y energizantes también gravan el 10 % del ICE.

IVA 0 % en plantas, flores, follajes, ramas cortadas en estado fresco, tinturadas y preservadas. Así como también glucómetros, lancetas, tiras reactivas para medición de glucosa, bombas de insulina, marcapasos.

Régimen Impositivo para Microempresas y el régimen para el tratamiento de rentas derivadas de la distribución de dividendos entró en vigencia desde la vigencia de la ley.

Para la remisión de interés y recargos generados por las obligaciones de crédito educativo deben presentar en un plazo de 60 días desde la vigencia de la ley una solicitud al Instituto de Fomento al Talento Humano.

El ICE a las fundas plásticas comenzará a aplicarse en 90 días desde la vigencia de la ley (abril 2020).

Hasta el 20 de enero, el SRI debe actualizar el Registro Único de Contribuyentes.

Fuente: www.eluniverso.com

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18 Observaciones del Ejecutivo a Reformas Electorales

El Ejecutivo envió ayer (viernes 3 de enero del 2020) un veto parcial a las reformas electorales, aprobadas por la Asamblea el 3 de diciembre. En el documento se evidenciaron menores discrepancias de las que hubo entre estos dos poderes del Estado en otros proyectos como el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El presidente Lenín Moreno remitió 18 observaciones, en su mayoría de forma, a los 160 artículos del Código de la Democracia que fueron modificados por el Parlamento. No puso reparos a temas complejos como el cambio del método de asignación de escaños D’Hondt por Webster. Tampoco a la paridad de género en las listas, que fueron aprobados por bloques en la Legislatura. “El veto mantiene la línea de la reforma: más transparencia, mayor proporcionalidad en la votación y se incluye un importante incentivo a las alianzas entre organizaciones políticas”, resaltó la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

Con el veto, el Ejecutivo propone que para la asignación de fondos de promoción electoral, en caso de alianzas, los recursos serán distribuidos en porcentajes iguales a los partidos participantes. También plantea que las organizaciones políticas que hayan recibido financiamiento del Estado, a través del Fondo de Promoción Electoral, deberán rendir cuentas del uso de dichos recursos conforme a la Ley y de ser el caso reintegrar lo no utilizado o no justificado debidamente ante el CNE.

En este punto, la Asamblea había decidido que si un candidato no obtenía al menos un 4% de votos válidos debía reintegrar un 50% del fondo. El Ejecutivo también pone reparos a la descripción de cada una de las fases del proceso electoral. Cree que no es conveniente que se establezca como el cierre del período electoral “un hecho incierto como lo es la presentación de las cuentas de campaña”, pues esto está supeditado a la voluntad de cada organización. Sugiere que el periodo cierre con la posesión de los ganadores.

La Comisión de Justicia del Legislativo, presidida por la oficialista Ximena Peña, conocerá las objeciones del Ejecutivo y preparará un informe para el Pleno. Para allanarse al veto, el Legislativo deberá contar con un total de 70 votos. Mientras que para ratificarse en su propio texto necesita de 91 voluntades. La Asamblea tiene 30 días para pronunciarse. Esta reforma es clave para que el CNE organice las elecciones generales del 2021, cuando se elegirán Presidente de la República y asambleístas.

Hasta tanto, el organismo electoral alista una nueva revisión a los resultados que obtuvieron 279 organizaciones políticas en los comicios seccionales del año pasado. El proceso incluirá a las 47 agrupaciones canceladas por el CNE, y que tras 51 días sin vida jurídica regresaron al tablero por decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Este escenario crea divergencias. Por un lado, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, dice que se empieza “todo desde cero” y que la evaluación será para cada una de las organizaciones.

Por otro, los representantes de varios de esos 47 grupos creen que cualquier revisión debe partir del 2021, pues ahí regirán las seis subreglas que estableció el TCE. Ahora alistan alianzas para su participación en ellas. Para Atamaint, el CNE debe notificar a las “más de 270 organizaciones políticas la condición en que se encuentran en este momento”. Es decir, si están con tarjeta amarilla o no, “para que tengan conocimiento que desde ahí empieza el debido proceso a futuro”.

Esto es rechazado por el Movimiento Emergente de Transparencia y Acción (META) que, junto al Movimiento Político Renacer Peninsular, apeló la resolución de la mayoría del Pleno del CNE que decidió la extinción de esas tiendas. Alfonso Harb, director de META en Guayas, refirió que presentó ante el TCE un pedido de aclaración sobre los criterios del organismo. “Esas reglas deben estar vigentes desde el próximo proceso electoral y no de modo retroactivo”.

Entre las subreglas que estipuló el TCE se aclara que la cancelación de organizaciones políticas se dará cuando, en dos elecciones pluripersonales consecutivas, un movimiento político local no logre al menos el 3% de votos en cada una de ellas, y que al CNE le corresponde comparar. Por otra parte, Fuerza Compromiso Social (FCS), movimiento que puso en la palestra al exministro Iván Espinel, quien fue sentenciado a 10 años de prisión por lavado de activos, mantendrá su personería jurídica en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El jueves 2 de enero del 2020, el Pleno del CNE resolvió con los votos de Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero acoger el informe positivo de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica sobre la situación del movimiento, a pesar de que la Contraloría objetó las firmas obtenidas para su registro.

Fuente: www.elcomercio.com

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Reforma Tributaria Entró en Vigencia el Último Día del 2019

La Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria entró en vigencia el martes 31 de diciembre del 2019, luego de un debate en la Asamblea Nacional, convocado el lunes 30, para resolver dudas jurídicas que impedían que el documento se publicara en el Registro Oficial.

La publicación de una ley en ese órgano es un requisito para que entre en vigor. El documento se publicó el miércoles 31 de diciembre. Si este requisito no se cumplía antes de finalizar el 2019, aunque la Ley haya sido aprobada por el Legislativo en diciembre, el Fisco no hubiera podido recaudar en el 2020 el monto estimado por las reformas en ciertos impuestos, explica Carlos Licto, analista tributario. Licto detalla que cuando se hacen cambios a impuestos de pago anual, como el impuesto a la renta, estos se ejecutan al inicio del nuevo período.

Si la Ley entraba en vigencia en el 2020, los cambios en este tributo se hubieran ejecutado en el 2021. La nueva Ley plantea cambios como gravar con impuesto a la renta las ganancias que pagan las empresas a sus inversionistas extranjeros y elimina el anticipo del impuesto a la renta. El Gobierno estima que con la reforma tributaria se recibirán ingresos por USD 600 millones en el 2020. Con la entrada en vigencia de la Ley, hay cambios que se ejecutarán a partir de enero y otros tomarán hasta 180 días para que se ejecuten.

Entre los cambios inmediatos están el impuesto a los consumos especiales (ICE) para las cervezas industriales, que se eleva en un 10% desde enero. El incremento de 10% del ICE a los planes de telefonía móvil también se comienza a cobrar desde este mes. Esto aplicará para unos 4,4 millones de planes en el país.

La reforma plantea además un nuevo régimen tributario más simple para las microempresas, que empezará a regir desde el primer mes del 2020. Otras reformas tendrán que esperar hasta que el Servicio de Rentas Internas (SRI) emita normativa complementaria. El impuesto al valor agregado (IVA) para las plataformas digitales como Uber, Netflix o Spotify, se cobrarán en julio, pues la Ley da un plazo de 180 días para que se emitan reglamentos que establezcan, por ejemplo, qué se entiende por “plataforma digitales”.

El ICE para fundas plásticas necesita un reglamento que especifique el tamaño y tipos de plásticos que estarán gravados con el impuesto. Actualmente, la Ley solo detalla que se cobrará un ICE progresivo desde USD 0,04 en el 2020 hasta USD 0,10 en el 2023. El Legislativo se reunió el lunes 30 de diciembre del 2019 luego de que se detectara un vacío legal en la Ley tributaria, que había sido debatida el pasado 17 de diciembre.

En ese debate, el Pleno se allanó en 11 puntos a lo que propuso el Ejecutivo en el veto y se ratificó en su propuesta de no poner límites al envío de paquetes de migrantes. En un tercer punto, relacionado con gravar con impuesto a la renta los dividendos de inversionistas, la Asamblea planteó ratificarse en su propuesta: que se cobre el impuesto sobre los recursos generados en el 2020, pero esa propuesta no obtuvo los votos suficientes.

El Ejecutivo había planteado que se grave sobre lo generado en el 2019. El debate se cerró sin dejar expresamente detallado si, al no alcanzar los votos, los asambleístas se acogían a lo propuesto por el Ejecutivo.

En la reunión del lunes, el Pleno resolvió enviar la Ley al Registro Oficial y dejar por escrito que, en vista de que no se contó con los votos suficientes para la ratificación del tema de los dividendos, este queda aceptado por la Asamblea Nacional “conforme lo establece el ordenamiento jurídico vigente”; es decir, tal como lo planteó el Ejecutivo. En contexto La reforma tributaria es uno de los compromisos del Gobierno en el marco del acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el 2020 está previsto que se envíen otras reformas legales, entre ellas, al Código Monetario.

Fuente: www.elcomercio.com

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El 24 de junio del año 2020 se Aplicarán las Reformas al COIP

El 24 de diciembre se publicaron en el Registro Oficial las reformas al Código Orgánico Integral Penal, que luego de las objeciones del Presidente, fue aprobado en informe por la Asamblea.

Las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) ya se publicaron en el Registro Oficial el 24 de diciembre de 2019. Sin embargo, en la transitoria final del documento dispone que esta Ley entrará en vigencia en 180 días (seis meses) a partir de su publicación.

En ese tiempo, la Asamblea Nacional tiene 90 días para adecuar la normativa que regula las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Además, para que las autoridades de estas jurisdicciones regulen la prohibición del uso y consumo de sustancias catalogadas a fiscalización en espacios públicos o en establecimientos y eventos de concurrencia masiva, según la disposición transitoria primera del COIP.

La transitoria segunda también da un plazo de 90 días para que el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Salud emitan la normativa necesaria a fin de viabilizar la aplicación de la reforma al artículo 150 del COIP, referente al aborto no punible.

La transitoria tercera indica que la Función Judicial tiene 365 días para implementar una plataforma de interconexión de datos, a fin de homologar variables y procedimientos para la atención de víctimas de delitos y contravenciones de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar.

La cuarta transitoria le da un plazo de 365 días al Consejo de la Judicatura para que expida la normativa reglamentaria a fin de que el juzgador especifique e individualice las obligaciones a cargo del destinatario de ejecutar la medida de protección en casos de violencia contra la mujer.

La transitoria quinta le otorga un plazo de 120 días a la Autoridad Agraria Nacional para que expida las regulaciones a las que se refiere el artículo 127 sobre el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.

En 90 días la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero regulará las escalas previstas en el Art. 264 del COIP, dice la sexta transitoria.

Fuente: www.eltelegrafo.com.ec

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Una Reforma Apuesta Por la Salud Mental

Han pasado once años desde que la Organización Mundial de la Salud recomendó al país implementar una Ley de Salud Mental, con el fin de reducir cifras que ya en aquel entonces eran preocupantes. El documento establecía que, en Ecuador, un 10 % de la población en edad productiva padecía trastornos depresivos y de ansiedad y que el suicido era la segunda causa de muerte adolescente en el país, y la tercera de muerte de jóvenes.

Desde el 2008 hasta el día de hoy, las cifras no han variado y otras, como el índice de suicidio en adolescentes, ha aumentado. Los motivos para ello, según aquel informe, también se mantienen: “Baja asignación presupuestaria, falta de legislación específica para el tratamiento, falta de programas permanentes de promoción de la salud mental e inadecuada difusión sobre trastornos o su prevención”.

Un primer intento por paliar la situación se hizo en 2014 con la creación del Plan Estratégico Nacional de Salud Mental. Este hacía un énfasis en el acceso al tratamiento para los trastornos psicológicos y psiquiátricos, a la prevención y la reinserción social. Sin embargo, ante la alta demanda por estos servicios, la estrategia resultó ineficiente.

Ahora, con el fin de ofrecer un marco legal para ampliar la cobertura que se ofrece a nivel nacional, y mejorar el acceso al tratamiento y los programas de prevención, se presentó una nueva iniciativa, el ‘proyecto de Ley de Salud Mental’.“Daremos un primer paso para erradicar la estigmatización de las enfermedades mentales y garantizaremos que exista atención inmediata y humanizada en el sistema de salud público y privado”, explicó el asambleísta Vicente Taiano (PSC).

Entre la propuesta que impulsa el proyecto de ley están las siguientes medidas: garantizar los beneficios de ley a quienes padecen un trastorno mental causante de una discapacidad, reconocer el suicidio como un problema de salud pública, que exista cobertura para enfermedades mentales en los seguros de salud privados, que todos los centros de salud públicos cuenten con al menos un profesional de salud mental, y que se incluyan en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos las medicinas para tratar distintos trastornos.

Para los profesionales, el proyecto ayudará a saldar una antigua deuda que tiene el estado con la salud mental.“No hay suficientes profesionales, y el estigma está muy arraigado”, explica el catedrático Nelson Moreno. “Además de mejorar el servicio, es importante que la prevención y las campañas de concienciación se hagan de manera conjunta con los gobiernos locales.

Mucha gente ni siquiera sabe dónde puede buscar ayuda y en muchos casos reciben medicación innecesaria”.La experta en Psicología y Psicopatología Jennifer Ayala agrega que involucrar al sistema de salud privado es una parte importante de este proyecto. “Por lo general, los seguros no cubren trastornos que no son de base orgánica.

Eso reduce mucho el nivel de la cobertura que ofrecen. Masificar este servicio, y que esté enmarcado en la ley, permitirá a muchas personas tratarse adecuadamente. Por los altos costos, la gente no acude o no termina el tratamiento”.Un mes de espera por consulta.

En 2014, cuando se implementó el Plan Estratégico Nacional de Salud Mental, se contrató a 200 profesionales al personal con el que ya contaba el IESS.

Pese a ello, la oferta es insuficiente y, en promedio la espera por una consulta psicológica toma entre tres semanas y un mes. En el país, 46 casas de salud pública cuentan con psicólogos y psiquiatras. Existen solo cuatro centros especializados en esta rama, ubicados en Esmeraldas, Guayaquil, Cuenca y Quito.

Fuente: www.expreso.ec

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Ley Económica Permite Limpiar Otra Vez El Historial Crediticio

Por segunda ocasión, desde el 2018, los deudores de las instituciones financieras privadas y públicas podrán limpiar su historial crediticio. La Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, aprobada el pasado 17 de diciembre, plantea que las operaciones de crédito en entidades financieras públicas y privadas, y que estén vencidas hasta el día en que entre en vigencia la Ley, no van a constar en el registro de datos crediticios del cliente.

El beneficio aplica siempre y cuando el deudor pague la obligación en un plazo de 120 días contados a partir de que entre en vigencia la norma, lo cual se espera en estos días. Además, se dispone que las operaciones vencidas hasta 24 meses antes de que rija la Ley tampoco se registren en el historial crediticio de la persona.

Sin embargo, si el cliente vuelve a caer en mora, las deudas que previamente fueron eliminadas volverán a aparecer en su historial. Los deudores de créditos educativos también se beneficiarán de la Ley. Este tema fue agregado por la Asamblea Nacional durante el segundo debate de la Ley, y aceptado por el Presidente de la República. Unas 9 000 personas se beneficiarán con esta última medida. El récord crediticio se forma desde la primera vez que una persona obtiene un préstamo.

Y la calidad de ese historial dependerá de la forma en que el cliente haya cumplido con sus obligaciones. En esa información están incluidas las obligaciones contratadas en las instituciones financieras y en el sector comercial, como casas comerciales, aseguradoras, telefónicas. No importa si la persona está o no al día en su obligación, todo crédito se reporta al registro de la Superintendencia y a los burós de información crediticia privados, que mediante metodologías analíticas construyen un ‘score’ o puntaje, el cual va hasta 1 000.

El ‘score’ es una medida que permite a los prestamistas formales medir el riesgo de un cliente que busca un préstamo. Estar en este registro, que antes se denominaba Central de Riesgos, no significa que no podrá acceder a préstamos, pero hay que tener en cuenta que no pagar a tiempo la tarjeta de crédito o las obligaciones bancarias deteriora el récord crediticio, lo que llevará al banco a ser más cauto a la hora de otorgar un préstamo.

Gabriela Larreátegui, asambleísta de Suma, explica que la intención de la norma es permitir que las personas que han pasado por una situación financiera compleja debido a la crisis económica del país puedan nuevamente acceder a crédito en la banca. De esta manera, la Asamblea buscó dar una nueva oportunidad para que este tipo de deudores puedan limpiar su historial. Ellos también pudieron hacerlo con la Ley de Fomento Productivo, que entró en vigencia en agosto del 2018.

Para la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), esta segunda oportunidad sienta un precedente negativo, ya que promueve una cultura ina­decuada de responsabilidad financiera. La razón: se está justificando el incumplimiento de pagos, cuando lo recomendable es que los usuarios consideren su capacidad de endeudamiento para no incurrir en moras, que terminan afectando su calificación en el buró. Además, la banca advierte que la medida puede llevar a restringir el crédito en lugar de promoverlo.

“No contar con un reporte completo del cliente incide en un mayor nivel de riesgo al momento de la evaluación y, por lo tanto, menores oportunidades para acceder a crédito”, dijo Asobanca. La Asobanca explica que la primera medida establecida en la Ley de Fomento incidió en que la banca sea “más reservada” en la entrega de crédito, ya que dejó de contar con data real para la medición de riesgo de los solicitantes de crédito. Por eso para el gremio, es preferible contar con data completa y blanqueada.

Los más perjudicados de esta medida serán los clientes que obtuvieron por primera vez un préstamo y está vencido. Ellos se quedarían sin historial crediticio. Larréategui cree que serán más los beneficiarios que los perjudicados por la norma. Aunque la medida entrará en vigor cuando la Ley se publique en el Registro Oficial, el sector considera que la Superin­tendencia de Bancos debe elaborar un instructivo. Para Marco Rodríguez, asesor legal del buró Equifax, se necesita detallar qué se entiende por “operación crediticia”. En el caso de las tarjetas, el término podría referirse a cada compra de un bien o servicio, pero también a las cuotas totales en cada corte.

Fuente: www.elcomercio.com

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El Impuesto a la Renta para las Microempresas será del 2%

La Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria plantea incentivos tributarios para que los emprendedores tengan mayor liquidez, eviten realizar varios trámites y sus negocios crezcan. Reducción del Impuesto a la Renta (IR) a una tarifa del 2%, es uno de los beneficios que tendrán los microempresarios con la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria.

El pleno de la Asamblea Nacional terminó de tratar el martes 17 de diciembre de 2019, el veto parcial del Presidente a esta ley. La normativa entrará en vigencia una vez que se publique en el Registro Oficial.

Uno de los objetivos del articulado es apoyar a los emprendedores con la simplificación de trámites y darles incentivos tributarios. Napoleón Santamaría, abogado tributarista, explica que las compañías en general pagan un IR del 25% de sus utilidades cada año. Mientras que las microempresas tendrán una tarifa del 2% sobre sus ingresos brutos. Asimismo, las compañías declaran de forma mensual el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Las microempresas lo harán semestralmente. Según el especialista, el microempresario podrá usar el dinero del IVA como capital de trabajo por un tiempo. Pero a criterio de Wilson Araque, director del Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa de la Universidad Andina Simón Bolívar, este incentivo se lo debe aplicar con cuidado.

Si bien les da a las microempresas un momento de liquidez, se corre el peligro de que si no se tiene la precaución de ahorrar el dinero del impuesto, a los seis meses no tendrán con qué pagar. Santamaría asegura que en forma general lo que buscan estas medidas es quitarles un peso a los microempresarios y hacerles la vida sencilla en lo administrativo y lo tributario. Y busca apoyar al emprendimiento e innovación. Otro aspecto positivo que destaca el abogado tributario, es que estos beneficios invitarán a quienes están en la informalidad, a que legalicen su actividad.

“El 45% de la economía del país es informal. De ese porcentaje, el 80% son microempresarios”, explica. Por su parte, Araque opina que los incentivos que da la nueva ley son buenos, pero cree que la simplificación tributaria debe ir más allá. Explica que según un informe del Banco Mundial, el tiempo en promedio que invierten las empresas para tramitología tributaria en Ecuador es de más de 650 horas al año. En Chile, Perú y Colombia el tiempo está en alrededor de 150 horas.

“La tramitología en el país aún es bastante engorrosa y lenta. Se deberían eliminar los trámites que son innecesarios, de pronto fusionar algunos y usar la tecnología para que se agilite todo”, comenta Araque.  Diego Ango, propietario de la microempresa Alaja Chocolate, cree que son positivos estos incentivos tributarios. Sin embargo, opina que para que los negocios se mantengan se debe mejorar la competitividad y el poder adquisitivo del cliente.

“Sí ayudan estas medidas, pero si la gente no puede consumir, de nada va a servir. Hay que generar fuentes de empleo”, comenta el emprendedor. A criterio de Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, toda medida de simplificación es buena porque se da facilidad al contribuyente en sus declaraciones.

Alarcón considera que esto no es suficiente. Cree que las medidas deben estar acompañadas de reformas laborales que propicien el emprendimiento, alivio tributario y trabajo para el crecimiento de la economía.

Fuente: www.eltelegrafo.com.ec

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