Comisión iniciará la construcción del informe para segundo debate del proyecto que reforma el Código Monetario

El presidente encargado de la Comisión de Régimen Económico, Franco Romero Loayza, adelantó que este viernes, 16 de abril, a las 16h15, sesionarán para iniciar el análisis de las observaciones presentadas durante el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, así como las sugerencias de distintos sectores que comparecieron en la mesa legislativa, respecto del proyecto de Ley Reformatoria al Código Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización, que tiene el carácter de urgente en materia económica.

El parlamentario indicó que las observaciones, comentarios y recomendaciones están recogidas en una matriz que será analizada por los comisionados. Precisó que los insumos permitirán modificar el articulado en determinados temas, a fin de presentar una normativa que efectivamente permita el fortalecimiento de la dolarización, la institucionalidad del Banco Central, la independencia técnica y las mejores condicones para que la política financiera y monetaria responda a las necesidades de los mandantes.

De conformidad a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión debe analizar y recoger las observaciones efectuadas por los asambleístas en el primer debate generado en el Pleno. Transcurrido el plazo de cuatro días, contados a partir del cierre de la sesión del Pleno, la mesa legislativa presentará a la Presidencia de la Asamblea Nacional el informe para segundo debate, al que deberá adjuntarse la sistematización de todas las observaciones presentadas. En este marco, la Comisión de Régimen Económico debe entregar el informe hasta el lunes, 19 de abril.

Grupo Parlamentario aprueba proyecto de reformas a Ley de Desarrollo Fronterizo

El Grupo Parlamentario Fronterizo aprobó el proyecto de reforma integral a la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo. Este proceso fue encomendado por el Pleno de la Asamblea Nacional.

La titular del Grupo, Silvia Salgado, resaltó que una vez que el ente legislativo realizó la evaluación a la ley, y se diagnosticaron una serie de incumplimientos, los comisionados se comprometieron a impulsar cambios. En tal sentido, agradeció el acompañamiento de instituciones, actores de organizaciones y sociedad civil para emprender este proceso que permitió que los legisladores se acerquen a la realidad de las provincias y esto se vea reflejado en la norma.

Proceso participativo

Para la elaboración del proyecto se instauró un proceso participativo, el cual garantizó la amplia y diversa presencia ciudadana a través de las voces de más de 800 personas; instituciones y organismos de cooperación como la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope), Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare), Corporación Alemana GIZ, asambleístas, académicos, expertos en la materia de derechos humanos y frontera.

Eufemia Sánchez, del grupo técnico, remarcó que el proceso de reforma participativa se realizó entre noviembre de 2020 y marzo de 2021, dijo que se ejecutaron ocho foros ciudadanos, seis mesas técnicas y entrevistas a actores clave.

Reformas

La asambleísta Silvia Salgado apuntó que el proyecto de reforma concibe a la frontera como un territorio singular en donde las identidades se transforman y están enriquecidas como resultado de resistencias y encuentros, intercambios constantes, migraciones, enlaces y rupturas que dan lugar a nuevas identidades y coexistencia simbólicas, objetivas y subjetivas.

A la vez, resaltó que el proyecto insiste en el enfoque de derechos humanos de movilidad humana, intergeneracional, intersectorial, de género y discapacidades

Patricio Benalcázar, asesor de la Comisión, indicó que las reformas profundizan conceptos y derechos; amplían principios y definiciones; aclaran atención preferencial y mecanismos para su aplicación; desarrollan acciones afirmativas, perspectiva de género, movilidad humana, discapacidades, promueven relaciones armónicas entre los pueblos y una cultura de paz y convivencia.

También indicó que el proyecto amplía los enfoques sobre interculturalidad, pueblos y nacionalidades y se pone énfasis en la participación ciudadana como un mecanismo para garantizar el desarrollo y las potencialidades del territorio y las personas que habitan la franja fronteriza.

La reforma afianza los mecanismos de articulación y respuestas institucionales para garantizar tanto las acciones preferenciales para la frontera como las acciones afirmativas para los grupos de atención prioritaria, expresó.

Opiniones

La legisladora Patricia Enríquez aplaudió que las reformas contemplen un régimen jurídico preferencial para las zonas de frontera, indicó que esos territorios han sido abandonados. Así mismo, habló de un desarrollo socioeconómico fronterizo con el apoyo del Ministerio de la Producción.

El asambleísta Freddy Alarcón indicó que las localidades fronterizas tienen problemas recurrentes de desempleo, pobreza, salud, vialidad y falta de servicios básicos, ante lo cual se necesita un trato preferencial para la franja de frontera, advirtió. Por otra parte, destacó que la norma priorice la seguridad humana y la protección de derechos.

El parlamentario Washington Paredes mencionó que la reforma fomenta la participación de los habitantes de la zona frontera en la formulación, elaboración, control y evaluación de las políticas públicas fronterizas.

De su parte, el asambleísta Rubén Bustamante recalcó que el Estado tiene una deuda pendiente con las zonas de frontera, indicó que es necesario garantizar el apoyo de las instituciones hacia las poblaciones. Mientras que, el legislador René Yandún pidió que en la norma se especifique en qué consiste el trato preferencial para las zonas de frontera.

El asambleísta Javier Cadena indicó que no ha existido voluntad política por parte del Estado para asistir a las poblaciones de frontera. Remarcó que los habitantes no pueden estar bajo el ánimo del Gobierno de turno, por eso solicitó establecer recursos económicos para su desarrollo y la posibilidad de que se instaure un régimen de excepción para cada frontera.

Otros pronunciamientos

René Larenas, representante del Congope, indicó que es necesario fortalecer la institucionalidad local, remarcó que muchas veces esa debilidad hace difícil que las acciones se cumplan.  De su parte, René Lucero, director Ejecutivo del Conagopare, realzó el trabajo del Grupo Fronterizo para la construcción de la reforma integral a la Ley de Desarrollo Fronterizo que recogió el criterio de la sociedad civil, academia, instituciones públicas y la ciudadanía. Finalmente, Julia Unger, de la Corporación Alemana GIZ, pidió a los legisladores electos concretar un acuerdo interinstitucional por el desarrollo de las fronteras.

Presidente de la República dispuso publicación de reformas a la Ley de Educación Intercultural, en el Registro Oficial

Este sábado, 10 de abril, el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, informó en su cuenta de Twitter, que ha sancionado favorablemente el Proyecto de Reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), disponiendo su publicación en el Registro Oficial, sin generar ninguna objeción al respecto. 

La normativa fue aprobada por la Asamblea el pasado 9 de marzo, la cual se procesó en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, presidida por el legislador Jimmy Candell.

El objetivo es normar el Sistema Nacional de Educación con una visión intercultural y plurinacional, acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país y con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades; se articula a las instancias de protección integral de derechos, salud, gestión de riesgos, cultura física y deporte, arte, cultura e información, ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, así como de la producción.

Rige para todo el territorio nacional y garantiza el derecho a la educación para todos y todas a lo largo de la vida; determina los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad, así como las relaciones entre sus actores, y desarrolla las directrices generales de acompañamiento psicopedagógico de las niñas, niños y adolescentes, entendiendo las diferentes etapa de la evolución del ser humano.

Además, desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones, responsabilidades y garantías constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de Educación, así como la protección de derechos de toda la comunidad educativa y la gestión de riesgos en dicho sistema.

Derecho a la educación

Dispone la obligación ineludible e inexcusable del Estado de garantizar el derecho a la educación de todos los habitantes del territorio ecuatoriano y de los ecuatorianos en el exterior y el acceso universal, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y culminar los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la Autoridad Educativa Nacional de conformidad con la Constitución de la República y la Ley, y garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica.

Recursos

El Presupuesto General del Estado y la Programación Presupuestaria Cuatrianual incluirán una asignación para el sector educación, de mínimo el 6 % del Producto Interno Bruto, estimado para los años fiscales a los que corresponda dicho presupuesto anual y la programación cuatrianual

La asignación presupuestaria para el sector educación no podrá ser disminuida durante el ejercicio fiscal y sus recursos deberán estar permanentemente disponibles.

Protección

En el sistema de educación nacional se priorizará la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sin importar sus circunstancias económicas, físicas, psicológicas, origen, pertenencia cultural u otra condición de discriminación. Para ello, las instituciones educativas, autoridades, docentes y servidores requerirán escuchar, respetar, valorar e incorporar en las decisiones que se toman, la opinión de niños, niñas y adolescentes; se brindará atención prioritaria y especializada en casos de violencia, acoso escolar u otras formas de vulneración de sus derechos.

La inmediatez será proporcionalmente aplicada a la gravedad del bien jurídico protegido considerando principalmente en casos de violencia sexual, acoso escolar o discriminación.

Prevención de la violencia

Las instituciones educativas deberán establecer, programas y actividades de sensibilización contra la violencia y el acoso escolar; promover el respeto a la vida y a la integridad física de las y los estudiantes; difundir información entre los estudiantes, sus padres, las personas a cargo de su cuidado, los maestros y el personal que trabaja con niños y niñas sobre los mecanismos de denuncia y remediación en casos de acoso, abuso y violencia en el entorno escolar. Se identificarán los casos de vulnerabilidades a través del levantamiento de mapeos de riesgos de violencia en las instituciones educativas.

Plan Nacional

La Autoridad Educativa Nacional en coordinación con la Defensoría del Pueblo, los Consejos de Igualdad y el ente rector de Justicia y Derechos Humanos elaborará, implementará y evaluará el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia en el Contexto Educativo.

Remuneraciones de docentes La remuneración de los profesionales de la educación pública será justa y equitativa con relación a sus funciones, para lo que se valorará su profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia. La escala salarial de los docentes será determinada por la autoridad competente en materia de remuneraciones del sector en coordinación con la Autoridad Educativa Nacional; el piso de dicha escala no será inferior al equivalente a dos punto cinco salarios básicos unificados.

Pleno inició segundo debate de reformas a Ley de Régimen Tributario Interno

En el marco de la sesión 699, el Pleno de la Asamblea inició el segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno que busca corregir el retraso y la falta de pago por parte del Gobierno Central del Impuesto al Valor Agregado (IVA), pagado en la adquisición local e importación de bienes o servicios que efectúan los gobiernos autónomos descentralizados, así como las universidades y escuelas politécnicas.

La propuesta legal contiene cinco artículos por los cuales se reforman los artículos 62 y 63, la Disposición Transitoria Cuarta; se deroga el artículo innumerado siguiente al artículo 73 de la Ley de Régimen Tributario Interno; y se reforma el artículo 200 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), a fin de establecer mecanismos adecuados para la devolución del IVA a los gobiernos autónomos descentralizados, entre otros organismos del sector público.

Franco Romero Loayza, ponente del informe de la Comisión de Régimen Económico, Tributario, su Regulación y Control, calificó a este proyecto como un duro golpe al centralismo, pues constituye un tanque de oxígeno financiero para los gobiernos descentralizados, ya que las autoridades del Ejecutivo no cumplen con los plazos establecidos en Ley respecto a la devolución del IVA.

Según la reforma, agregó, el IVA pagado en la adquisición local e importación de bienes o servicios que efectúan los gobiernos autónomos descentralizados, así como las universidades y escuelas politécnicas serán retenidos y no se entregarán al Gobierno Central. También, determina un plazo de 30 días para que el Servicio de Rentas Internas (SRI) identifique los recursos adeudados y 180 días para que el Miniserio de Finanzas transfiera los recursos a sus beneficarios.

La reforma busca agilizar el proceso para la devolución de los recursos que por ley les corresponde a los gobiernos descentralizados, como manda el artículo 271 de la Constitución de la República, a fin de que estas instancias puedan cumplir con su trabajo, que se traduce en obras para todas y todos, aseveró.

Comisión general

Previo al conocimiento de este proyecto, el Pleno recibió en comisión general a alcaldes y prefectos del país. Sobre la devolución del IVA, el presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), Raúl Delgado, subrayó que la entrega de estos recursos siempre ha sufrido retrasos, muchas veces de hasta tres años, problema que se acentuó durante la pandemia de COVID-19. Lo justo sería que se ponga en la ley un plazo de 90 días para que se produzca la devolución de estos valores, que son fundamentales para el desarrollo de los 221 cantones del país. Al momento se mantiene un saldo impago por 126 millones de dólares, indicó.

De su lado, Pablo Jurado, titular del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope), mostró su beneplácito porque la Asamblea haya dado oído a las necesidades de los gobiernos autónomos descentralizados, sobre todo en uno de los aspectos más cruciales, como la devolución del IVA. “Nosotros no hemos podido hacer riego, por ejemplo, debido a la falta de recursos que deben ser gestionados de manera conjunta con el Gobierno Centra; así como, por falta de la devolución de los valores por concepto de IVA”, enfatizó.

Añadió que esperan no quedarse sin liquidez para cumplir con los planes operativos, así como los cronogramas de inversión de los gobiernos autónomos descentralizados. Este no es un requerimiento de ahora, es una necesidad que la mantenemos desde hace más de tres años, enfatizó Jurado.

Mientras, Jorge Guamán, prefecto de Cotopaxi, tras reconocer el tiempo y el interés que han puesto los asambleístas en temas relacionados con los gobiernos autónomos descentralizados, lamentó que haya esfuerzos divididos que, de alguna manera, generan contradicciones normativas, lo cual complica el trabajo de estas instancias de gobierno. “Debemos debatir seriamente los temas relacionados con descentralización, desconcentración y autonomía”, dijo.

Debate

En el debate, Henry Kronfle, autor de la iniciativa, agradeció el respaldo de los gobiernos autónomos descentralizados, al indicar que ha esperado dos años para tramitar este proyecto de ley. Subrayó que el Gobierno Central no tiene por qué retener los recursos del IVA, solo debe recaudar y, sin más trámite, trasladarlos a las prefecturas, municipios y gobiernos parroquiales del país.

Otros legisladores recordaron que el Ejecutivo solo recoge, recauda los recursos, pero no es su dueño y no puede disponer de ellos, sino devolver a sus legítimos acreedores. También, hubo voces que consideran inadecuada la retención del IVA generado en territorio por los gobiernos descentralizados, porque atentaría contra principios básicos del sistema tributario.

Así mismo, otros asambleístas indicaron que esta norma es pertinente porque permite que los gobiernos autónomos tengan la liquidez necesaria para cumplir sus funciones, ya que se eliminan engorrosos trámites burocráticos que deben realizar los alcaldes y prefectos ante el SRI y el Ministerio de Finanzas para reclamar la devolución de tales fondos.  Luego de la intervención de seis legisladores, incluido el ponente, el presidente encargado, César Solórzano, suspendió la sesión, misma que se reinstalará oportunamente, previa convocatoria del Titular de la Función Legislativa.

Comisión iniciará este viernes elaboración de informe para primer debate de proyecto que defiende la dolarización

La Comisión de Régimen Económico, que preside Franco Romero Loayza, se reunirá el viernes 9 de abril, a las 09h30, a fin de iniciar la construcción del informe para primer debate del Proyecto de Reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización.

Esta decisión la tomó una vez que se escuchó a 21 representantes de los sectores público, privado, académico, expertos en materia económica, así como del Gobierno Central sobre el proyecto económico urgente, quienes plantearon sus observaciones. La mesa legislativa debe entregar el informe para primer debate hasta el 10 de abril.

En la sesión vespertina de hoy, intervinieron los economistas, César Robalino y Marco Flores, con lo cual concluyó la recepción de observaciones del proyecto.

Comparecencias

El economista César Robalino dijo que la Comisión de Régimen Económico tiene una tarea importante en torno al sostenimiento del sistema monetario y financiero del país, por ello, pidió elaborar el informe para primer debate con algunas reformas para mejorar los textos planteados por el Ejecutivo.

Insistió que el proyecto es vital para la economía ecuatoriana y para el futuro del país; además garantiza la autonomía administrativa, financiera y operativa de la dolarizazción y moderniza las normas financieras y de regulación con estándares internacionales. Así mismo, prohíbe al Banco Central financiar el déficit fiscal, otorgar préstamos o comprar bonos del Gobierno Central, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados o de las empresa estatales.

Indicó que es inadmisible que el Banco Central se haya convertido en accionista de la Corporación Financiera Nacional y resaltó que el proyecto permite aumentar las reservas líquidas del Banco Central. Robalino no comparte la idea de crear una Junta Monetaria y otra de Regulación Financiera, porque puede generar conflictos en las resoluciones que tome. Mencionó que volver a los cuatro sistemas de balance es un acierto. El proyecto no intenta privatizar al Banco Central, sentenció.

Los parlamentarios también escucharon al analista económico Marco Flores, quien aseguró que el país está a la espera de acciones en beneficio de las familias ecuatorianas, por ello, la mesa legislativa no debe perder de vista la situación de la economía nacional. Es la primera vez que hay una crisis económica y sanitaria, por lo que es necesario trabajar en defensa de la economía y de la salud de los ecuatorianos, precisó.

Flores advirtió que el proyecto viola los artículos 261 y 303 de la Consntitución, según los cuales la definición y ejecución de la política financiera le corresponde al Estado. El proyecto propone una Junta con cinco personas del sector privado, sin tomar en cuenta ni siquiera al representante del Ministerio de Finanzas, lo cual es absurdo, señaló.

Dijo que la dolarización no depende de la reserva internacional. Desde el punto de vista técnico depende de la balanza de pagos, de la cantidad de dinero que existe en la economía y del crecimiento económico. Según Flores, la dolarización no se define con una ley sino con el crecimiento económico que permita reducir la pobreza y generar oportunidades de progreso para los ecuatorianos Manifestó que no es lógico que se cierre el financiamiento para el sector público, pero se abra para el sector privado. Ecuador requiere reactivar la economía a través del impulso al consumo para sostener las compras y las ventas de las empresas, producir crecimiento económico y generar empleo, la forma de hacerlo es establecer un programa económico que garantice equidad para ofrecer a las familias oportunidad de progreso.

Asamblea Nacional promueve legislación para sancionar la violencia sexual digital

En la sesión del Pleno 699, la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal y de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para Prevenir y Sancionar la Violencia Sexual Digital, recogiendo el informe de la Comisión de Justicia.

Esta propuesta es el resultado de la unificación de dos proyectos: de reformas al Código Penal para Tipificar los Delitos de Sexting y Hostigamiento; y para Prevenir la Violencia, el Acoso Digital y la Violación a la Intimidad, de autoría de los legisladores Franklin Samaniego y Mae Montaño, respectivamente.

José Serrano, presidente de la Comisión de Justicia, en calidad de ponente, expresó que el proyecto se enfoca en la prevención y combate a la violencia sexual digital, que se ha convertido en uno de los grandes flagelos que inunda de tensión y riesgos a la humanidad y el país.  Es importante construir una sociedad igualitaria entre hombres y mujereres, argumentó.

Esta es una respuesta efectiva de la Asamblea Nacional para sancionar los diversos tipos de violencia que han ido surgiendo en el entorno digital a raíz de los avances tecnológicos que cada vez son más y mejores, pero asimismo, representan un gran riesgo para quienes tienen acceso al internet, siendo los más vulnerables y  víctimas de estas malas prácticas: mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, y la ciudadanía en general, puntualizó. 

Esfatizó que es indispensable que la Legislatura genere ese precedente y acabe con la impunidad de los ciberagresores, quienes se protegen en la clandestinidad de sus actos realizados en todo tipo de entorno digital a través del internet.

Llamó a la Función Ejecutiva a ratificar el Convenio de Budapest, pues  Ecuador es uno de los tres países de Latinoamerica que no se han adherido al mismo. Este instrumento es clave para enfrentar los delitos informáticos mediante la armonización de leyes y la cooperación internacional, sostuvo.

Socialización

La mesa realizó más de 10 sesiones y diversas reuniones técnicas sobre la temática; recibió a 24 actores, instituciones, académicos y expertos nacionales e internacionales.

Ejes principales

Dentro de las reformas al COIP, en materia de Violencia Sexual Digital, se crea el ciberacoso sexual; disposiciones comunes a los delitos contra la integridad sexual y reproductiva; y la divulgación de contenido sexual explícito sin consentimiento.  

En los cambios a la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se incluye el reconocimiento de dos nuevos tipos de violencia contra la mujer: divulgación de mensajes, imágenes, audios o grabaciones audiovisuales con contenido sexual explícito sin consentimiento; y ciberacoso sexual. Además, se determinan atribuciones especiales del ente rector de Seguridad Ciudadana y Orden Público respecto a la violencia sexual digital.

Se sanciona a la persona que por medios tecnológicos o digitales vigile, persiga, moleste, presione, intimide, insulte, denigre, domine o perturbe de forma insistente o reiterada a otra, con el fin de establecer contacto con ella para incitarla a algún acto de naturaleza sexual, con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años.

También, la persona que, mediante el uso de cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación presentes o futuras, divulgue, revele, viralice o dé algún tratamiento indebido o no autorizado a datos personales, mensajes, imágenes, audios o grabaciones audiovisuales con contenido sexual explícito que la persona afectada le hubiese confiado de su intimidad, será sancionada con una pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. 

Debate y aportes

En el debate intervinieron seis parlamentarios. Las opiniones se orientaron en la necesidad de sumar esfuerzos para desterrar, de una vez por todas, la violencia en todas su formas, más aún cuando esto se ha convertido en un problema de salud pública. Los medios dan cuenta sobre feminicidios y otros crímenes contra el sector femenino, por tanto no se puede seguir impávidos ante esta lacerante realidad.

Se mencionó que las mujeres son expuestas 27 veces más que los hombres en las redes sociales y que el 23 % ha sufrido actos de acoso y hostigamiento en alguna ocasión, hechos que conllevan al aislamiento, depresión y hasta suicidios.

Alertaron que el ciberacoso afecta directamente a sectores vulnerables, especialmente a niños, niñas, adolescentes y mujeres, los cuales deben ser protegidos por el Estado y la sociedad con marcos normativos específicos, política pública y protocolos de seguridad. El mecanismo de prevención es de todos, agregaron.

También, expusieron que la sociedad culpabiliza a las víctimas y los ciudadanos no se atreven a denunciar estas formas de violencia por temor, miedo y vergüenza; es un tema humano profundo que tiene implicaciones en la vida cotidiana de la familia y su estabilidad. Hay que afrontar, con firmeza, el problema y sancionar a las redes criminales, a los responsables de estos delitos y evitar la impunidad, acotaron.

Los parlamentarios insistieron en se requiere la asignación de recursos debidos y suficientes para que la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujeres pueda cumplir con sus reales objetivos.

Testimonio

Previo al tratamiento del proyecto, el Pleno de la Asamblea, en comisión general, recibió a la activista Isabella Nuques Macías. Ella manifestó que es fundamental luchar por la erradicación de la violencia sexual que hoy en día ha sido expandida al mundo de las plataformas digitales.

Indicó que fue víctima de violencia sexual digital por siete años por parte de su expareja, quien se dedicó a repartir, de manera virtual, imágenes íntimas, afectando gravemente a su vida e integridad. Mi único delito quizá fue haber confiado y enamorado de él, precisó.

Comentó que la revictimización es el protagonismo, pues a la víctima se la trata como culpable. Planteó que las sentencias mínimas sean de 5 a 7 años de privación de libertad y con agravantes de 7 a 13 años, tomando en cuenta los fuertes daños psicológicos que generan este tipo de casos. Sugirió que la violencia sexual digital se considere como violencia de generó y que si el presunto agresor es capturado en delito flagrante solo tenga opción de prisión preventiva hasta finalizar el proceso judicial, a fin de respaldar a la víctima y evitar que sea de nuevo perjudicada en las redes. Se mostró partidaria de que jueces, fiscales y policías se especialicen en estos aspectos.

Cinco proyectos de ley y comparecencias de autoridades se tratarán en el Pleno 699

Este martes, 6 de abril de 2021, el Pleno de la Asamblea Nacional sesionará de manera virtual, a fin de tratar seis puntos que constan en el orden del día dentro de la convocatoria emitida por el presidente, César Litardo Caicedo. En la sesión 699 que se llevará a cabo a partir de las 14h00 se tramitará, en primer debate, un proyecto de ley y tres, en segundo debate. Adicionalmente, estarán autoridades del Estado refiriéndose a la resolución que condena la pesca ilegal de la biodiversidad marina de Galápagos y el mundo.  

Primer debate

Como punto dos dentro del orden del día, los legisladores conocerán el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal y de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, para Prevenir y Sancionar la Violencia Sexual Digital, preparado por la Comisión de Justicia. El proyecto de ley busca establecer una política penal común orientada a la protección de la sociedad contra la ciberdelincuencia, mediante la tipificación de los delitos informáticos de forma similar en todas las naciones, unificando normas procesales y a través de una cooperación internacional.

También, los legisladores conocerán el informe para segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno, que tramitó la Comisión de Régimen Económico. El proyecto de ley busca dar respuesta al retraso y falta de pago por parte del Gobierno Central en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los gobiernos autónomos descentralizados, las universidades y escuelas politécnicas, es decir se orienta a que el IVA pagado en la adquisición de bienes y servicios sea retenido y no se entregue al Gobierno Central.

Como cuarto punto de la convocatoria, el Pleno abordará el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría Pública. La propuesta, procesada en la Comisión de Justicia, busca regular y normar los procesos de la Defensoría Pública y de la Red Complementaria a la defensa jurídica pública.

Así mismo, en el punto quinto consta el tratamiento del informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica que Reforma Diversos Cuerpos Legales para Reforzar la Prevención y el Combate al Comercio Ilícito, Fortalecer la Industria Nacional y Fomentar el Comercio Electrónico. La propuesta busca establecer un marco normativo que permita concentrar los esfuerzos del Estado para combatir el contrabando, la defraudación aduanera y la receptación aduanera, los actos lesivos contra la propiedad intelectual y el lavado de activos; adecuar las penas contra los delitos asociados al comercio ilícito. 

Dentro del informe preparado por la Comisión de Justicia destaca que el proyecto de ley se orienta a fortalecer la institucionalidad para combatir estos fenómenos que afectan a la competitividad y al desarrollo del país, limitando las posibilidades de empleo y bienestar; establecer sistemas de trazabilidad y crear bases de datos; atacar a los grandes contrabandistas; y otorgar herramientas institucionales que permitan perseguir eficazmente los delitos asociados al comercio ilícito. 

Comparecencias

Finalmente, dentro del sexto punto del orden del día, el Pleno de la Asamblea Nacional recibirá al titular de Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero y a los representantes Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ministerio de Ambiente y Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos.  Las autoridades deberán informar, por una parte, cuáles son las embarcaciones que abastecen de combustible a la flota de buques chinos que se encuentra cerca de la zona económica exclusiva. Además, detallarán las acciones a realizar, así como la presentación de un Plan Estratégico Integral que tendrá como finalidad la conservación de los recursos de Galápagos.

Autoridades del Ejecutivo explicaron proyecto de Ley de Defensa de la Dolarización

En la Comisión de Régimen Económico, Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas señaló que el proyecto de reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero para la defensa de la dolarización, busca un marco legal que permita al Ecuador defender el régimen cambiario adoptado hace 20 años que es respaldado por más del 95 % de los ecuatorianos; así como, establecer seguridades y candados necesarios para fortalecer la dolarización.

Dijo que la propuesta del Ejecutivo debe ser analizada a la luz de la actual coyuntura, sus antecedentes y riesgos futuros. No resuelve un tema puntual, pero forma parte del programa económico del país y de los acuerdos multilaterales, enfatizó.

Pozo explicó la problemática que ha tenido que enfrentar el Banco Central del Ecuador (BCE), la descapitalización; eliminación de sistemas de cobertura del balace, financiamiento del gasto público con creación de dinero sin respaldo, dación en pago antiténica; y falta de independencia técnica.

Señaló que desde 2008 se dio un cambio de modelo estructural, acompañado de la eliminación de normativas que habían robustecido la dolarización en los primeros años (fondos de ahorro, reglas de gasto, sistemas de cobertura para el BCE). Dijo que en septiembre de 2008 hubo un descalce de 454 millones de dólares y a febrero de 2021 de 6637 millones de dólares.

Recordó que, a partir  noviembre de 2009, el BCE perdió su autonomía y administró la reseva de manera política, pues fue considerado como un banco comercial, provocando el debilitamiento sostenido de la cobertura de los pasivos con activos líquidos de la reserva internacional, siendo esta la regla fundamental de un régimen de dolarización.

Al referise a la actual Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, mencionó que es carente de una estructura técnica y administrativa, lo cual resta capacidad y oportunidad a sus decisiones. Por esa razón se propone conformar dos Juntas, una de Política y Regulación Monetaria y otra de Política y Regulación Financiera.

Con el propósito de resumir el proyecto de Ley, Pozo dijo que lo esencial es mantener el sistema monetario estable para preservar la integridad de la dolarización, por lo que se requiere independencia técnica de las Juntas, y del Banco Central. Esto permitirá mejorar las funciones de los entes de control y supervisión del sistema financiero nacional; la Corporación de Seguros de Depósitos (Cosede) contará con la recuperación adecuada de los recursos de sus fondos, a fin de garantizar la sostenibilidad y cobertura de los depositantes, con observancia de estándares técnicos internacionales, señaló.

El BCE recuperaría los cuatro sistemas de cobertura del balance general, con una composición más estricta que antes; además aumentaría su capital (autorizado, suscrito y pagado). Se establecen claramente las funciones y atribuciones del gerente general; así como, los requisitos de designación y remoción de su órgano máximo de gobierno; se retira la función relacionada con el cierre de la crisis bancaria de 1999.

Por su parte, la Junta de Política y Regulación Financiera formulará las políticas crediticia y financiera, incluyendo la política de seguros, servicios de atención integral de salud prepagada y valores; expedirá regulaciones microprudenciales para sectores financiero, de seguros, de valores y servicios de atención integral de salud prepagada, con base en propuestas presentadas por las respectivas superintendencias, dentro de sus ámbitos de competencia.

Sobre la supervisión de los sectores financiero y Cosede, subrayó que se establece la reforma de normas que enmarcan este tema y las competencias sancionadoras a entidades reguladas, incluidas las de seguridad social.

Pozo indicó que dada la importancia del sector financiero popular y solidario, en el proyecto se contempla su fortalecimiento y la mejora de la normativa diferenciada que lo regula en beneficio de sus socios y clientes. A fin de reducir los efectos de la crisis por la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 se otorga a la Superintendencia de Bancos y a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la potestad de regular el plazo que las instituciones financiera Internacionales pueden conservar los bienes recibidos en dación de pago o por adjudicación judicial y así como la constitución de sus provisiones.

En su turno, los parlamentarios formularon una serie de inquietudes. Por qué se establece miembros permanentes y otros a tiempo parcial de las juntas de política monetaria. Les preocupa la pretensión de solventar, con las reservas del BCE, la totalidad de los depósitos en el sistema financiero. Solicitaron se informe el sustento para prohibir que el BCE otorgue créditos a entidades financieras públicas pero sí a la banca privada; cómo esta Ley de podría afectar a las instituciones financieras de la economía popular y solidaria.

Dijeron que los temas económicos de un país no deben manejarse con tintes ideológicos, sino pensando en el bienestar del Ecuador. Pidieron se explique los motivos para que la normativa solamente determine que los miembros de las Juntas no sean accionistas de la banca privada y no el que hayan trabajado en ella; y se explique los cuatro sistemas de balance.

Entre otros aspectos, Mauricio Pozo recalcó que los cuatro balances permitirán transparencia de información. Dijo que el BCE ya no será prestamista de última instancia; se busca su  independencia técnica para manejar las reservas del país y que nadie se apropie de ellas; respecto del nombramiento de los miembros de las Juntas dijo que es con la finalidad de nombrar a los mejores profesionales y que no es un pecado que hayan trabajado en una institución financiera, tomando en cuenta que lo que se necesita es experiencia.

Junta

De su lado, Marcos López, delegado del presidente de la República ante la Junta de Política Monetaria y Financiera, dijo que urge la protección de la dolarización con reglas básicas para sostener el esquema monetario y la independencia técnica del BCE en la toma de decisiones. Recordó que la institución fue descapitalizada sistemáticamente, entre el 2009 y 2017, con resultados negativos económicamente para el país. Los parlamentarios señalaron que en el proyecto económico urgente aún existe inconstitucionalidad al pretender que la formulación de la política monetaria, crediticia y financiera pase a manos de la Junta de Política de Regulación Financiera, cuando esto es facultad del Ejecutivo, por tanto, habría que hacer cambios a la Constitución. Marcos López fundamentó su explicación sobre la base del artículo 141 de la Constitución.

Reformas a Ley de Energía Eléctrica mejorarán condiciones de seguridad jurídica en operación e inversión de generación

En el periodo legislativo que inicia el próximo 14 de mayo entrará en vigencia, al menos, el 95 % de las reformas recientemente aprobadas por el Pleno de la Asamblea Nacional a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). En ese contexto, el presidente César Litardo Caicedo lidera las acciones que buscan concluir el actual periodo con orden y responsabilidad, cuando restan poco más de 40 días para que los asambleístas electos sean posesionados.

En esta línea avanzan los planes que, entre otras actividades, incluyen reuniones y capacitaciones alineadas a conseguir que el trabajo del Legislativo no se detenga.

En un primer momento, el presidente Litardo anunció que mantendrá dos reuniones; la primera, con los representantes de las nuevas bancadas que conformarán el Parlamento 2021-2025. En esta cita se pondrá en consideración los temas que actualmente están en tratamiento, el estado de las leyes en proceso de construcción y los procesos administrativos en curso para la aplicación de la LOFL.

Otra reunión planificada es con los asambleístas más votados en las últimas elecciones, ellos son, en su orden: Pierina Correa, Salvador Quishpe y Wilma Andrade. El objetivo de este encuentro será establecer los lineamientos para la primera sesión del Pleno, dentro del procedimiento parlamentario, puesto que serán quienes la dirijan conforme establece la ley.

Inducción

Mediante un programa de formación, la Legislatura generará la inducción a los 137 legisladores electos, del 1 al 30 de abril. Para el efecto contará con el apoyo del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos y la Fundación de Estudios Parlamentarios Manuel Giménez Abad, de las Cortes de Aragón de España, la misma que contará con el aval académico de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo.

El propósito de esta actividad es brindar conocimientos sobre las funciones, atribuciones, competencias, prohibiciones, que tienen los asambleístas; así como, conocimientos sobre los procedimientos legislativos y fiscalizadores establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica de la FunciónLegislativa y sus reformas.

El Programa se desarrollará en cinco módulos. El primero, sobre la organización y funcionamiento de la Asamblea Nacional; el segundo abordará el procedimiento legislativo; un tercero tratará la práctica parlamentaria; el cuarto desarrollará la función fiscalizadora y de control político; y, finalmente, recibirán información sobre derechos y participación ciudadana. La inducción tendrá una modalidad abierta, en línea, y los legisladores electos podrán optar por generarla de acuerdo a sus tiempos, hasta el 30 de abril. Los docentes que participarán en los diferentes módulos son profesionales nacionales con amplia experiencia en el ámbito legislativo y que se han interesado por el estudio del Derecho Parlamentario y la Técnica Legislativa.


De esta manera se afina la transición que dará paso al nuevo periodo legislativo, encargado de poner en plena vigencia la LOFL, cuya reforma afianza el rol del Primer Poder del Estado.

Reformas a Ley de Energía Eléctrica mejorarán condiciones de seguridad jurídica en operación e inversión de generación

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 118 votos, el proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (Lospee), el cual busca modificar aspectos sobre la estructura del sector eléctrico del país y mejorar ciertos aspectos que se presentan en el articulado concerniente a temas de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica.

El ponente del proyecto y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, hizo un recuento de las leyes de electrificación en Ecuador. Remarcó que el 90 % de energía eléctrica que se consume en el país viene de fuentes renovables. “Nuestra matriz eléctrica es una de las más limpias del planeta”, aclaró.

Además, indicó que este proyecto (de los asambleístas Verónica Arias, Wilma Andrade y el exlegislador Daniel Mendoza) recibió aportes, para el segundo debate, de los legisladores Verónica Arias y Raúl Auquilla, así como del Ministerio de Energía, el Presidente Ejecutivo de Centrosur y del Gerente de la Empresa Eléctrica de Quito.

Objetivos del proyecto

Entre los objetivos del proyecto está permitir a los gobiernos autónomos descentralizados administrar los recursos de mantenimiento y mejora, recaudados por concepto de alumbrado público de plazas, parques y espacios públicos, regular la opción de servicio de carga de vehículos eléctricos, reducir efectos de pérdidas no técnicas por hurto de energía y mejorar las condiciones de seguridad jurídica en la operación e inversión de generación eléctrica para actores públicos y privados.

Reformas

Entre los cambios a la normativa se mejora la definición de “autogenerador” e incorpora definición de “consumo propio” para mejorar el funcionamiento del régimen de autogeneración.

Además, perfecciona las condiciones para el adecuado funcionamiento del Operador Nacional de Energía (Cenace) asegurando los recursos necesarios para su operación y mantenimiento.

A la vez, las reformas permitirán corregir la funcionalidad de los procesos de autorización y concesión de los proyectos de generación de energía eléctrica. También se define la posibilidad de terminación de contrato a empresas públicas que no cumplan con lo pactado en la autorización de operación.

Entre otros aspectos, se modifica el artículo 66 de la Lospee para que la Empresa Eléctrica de Distribución pueda imponer las sanciones a consumidores regulados y terceros, por las infracciones establecidas en la Ley y en el contrato de suministro.

Debate

Una vez terminada la exposición del legislador Albornoz se abrió el debate. Los asambleístas mencionaron que esta reforma es de gran importancia para el país ya que sostiene el desarrollo y tecnología. Se indicó que de acuerdo con el mandato constitucional, la energía, en todas sus formas, está dentro de sectores estratégicos y su administración, control, seguridad y gestión están bajo la potestad del Estado.

Así mismo indicaron que es positivo establecer los requisitos y procedimientos para la autorización y contratos de concesión, así como su terminación.

En otro aspecto, pidieron que las concesiones se efectúen previo a un concurso para lograr mayor transparencia. Se aclaró que estos procesos deberán ser participativos con el fin de evitar perjuicios al Estado y sus habitantes.

Además, se solicitó que se incluya un inciso en el que conste que el alumbrado público también comprenderá aquellos sistemas de iluminación de escenarios deportivos de acceso y uso público que los gobiernos autónomos descentralizados hayan delegado a particulares o se encuentren en comodato.

También se propuso regular y normar al sector eléctrico, tanto en las concesiones como en el cobro por prestación de servicios. Se indicó, además, que la normativa pretende mejorar el servicio, brindar seguridad técnica y establecer igualdad de condiciones entre lo público y privado. Una vez que se aprobó el informe, el mismo pasará al Ejecutivo para su aprobación o sanción.