Autor: <span>Christian Arcos</span>

El Pleno de la Asamblea Nacional, en la reinstalación de la sesión semipresencial 690, inició el segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, que busca salvaguardar la inversión del Estado en obras de infraestructura hidráulica de titularidad pública, incluidas obras de propósito múltiple.

Antes de la lectura del informe de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, Pablo Jurado, presidente del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (Congope), expresó su preocupación por las consecuencias de la intromisión de la anterior Secretaría Nacional del Agua (Senagua), organismo que tenía la facultad de presentar informes de concordancia para que se transfieran los recursos a favor de las provincias. Sin embargo no tenían la capacidad técnica para atender los más de 70 proyectos de las prefecturas a nivel nacional.

“Presentamos esta reforma para que se deje en manos de los propios gobiernos provinciales el manejo de los proyectos para agilizar los trámites. Las prefecturas no han podido ejecutar obras de riego, de drenaje desde 2018 a 2019, pues tenemos una demora de tres años y esto afecta directamente a los pagricultores”, dijo, al indicar su respaldo a la propuesta.

En el informe se detalla el análisis de las observaciones formuladas por los legisladores durante el primer debate, así como las remitidas por escrito por otros asambleístas y, en cada caso, el organismo formula recomendaciones relacionadas con la pertinencia o no de los cambios propuestos a la normativa.

Así, entre los cambios planteados consta un nuevo texto para el inciso primero del artículo 1, por el cual establece: Naturaleza jurídica. Los recursos hídricos, entendidos como el agua en todas sus formas, son parte del patrimonio natural del Estado y serán de su competencia exclusiva, la misma que se ejercerá concurrentemente entre el Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de conformidad con la ley.

En el artículo 9, el proyecto dispone que el Estado asignará de manera equitativa y solidaria el presupuesto público para la ejecución de políticas y prestación de servicios públicos que permitan mejorar la calidad del agua, su conservación, protección y distribución de conformidad con la Ley. Se priorizará la atención a zonas que no cuentan con el servicio de agua de consumo humano y a zonas dedicadas a la soberanía alimentaria.

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales, en el marco de sus competencias, realizarán estudios y ejecutarán programas y proyectos de infraestructura de saneamiento en sus territorios, para la adecuada conducción y tratamiento de aguas residuales y depuración de aguas negras, para lo cual contarán con las asignaciones presupuestarias correspondientes. Concluida la lectura del informe, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, a cargo de la conducción del Pleno, suspendió la sesión 690, cuya reinstalación será convocada oportunamente.

El Pleno de la Asamblea Nacional exhortó al presidente de la República, Guillermo Lasso, que remita un proyecto de ley para derogar la norma que obliga a los microempresarios el pago del 2% sobre el total de las ventas, sin considerar si tuvieron o no utilidades.

La propuesta fue presentada por el legislador Mario Ruiz, quien aseveró que el año 2020 fue muy complicado para la mayoría de los comercios, que tuvieron una disminución drástica en sus ventas y, por ende, en su resultado final, por lo que no es factible obligar al pago del impuesto.

Advirtió que el tributo no considera si la empresa tuvo utilidades o no, pues no toma en cuenta los gastos y otros egresos. Indicó que en el año 2020 la mayoría de las microempresas apenas cubrieron los gastos de producción, pese a lo cual continúan pagando el impuesto, lo que contrasta con las grandes empresas que se beneficiaron con acciones como remisión de intereses y multas.

La resolución

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 121 votos, exhortó al Primer Mandatario que remita un proyecto de ley que derogue el Capítulo II sobre el Impuesto a la Renta del Régimen Impositivo para Microempresas, establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno, puesto que grava los ingresos obtenidos, sin tomar en cuenta los gastos o costos incurridos.

También exhortó al Gobierno Central que proponga en el proyecto mecanismos de compensación, remisión de intereses, multas y recargos tributarios, así como facilidades de pago para su aplicación inmediata, que beneficien a los microempresarios, sobre todo a aquellos que no han tenido utilidades desde el inicio de la pandemia, para que el Régimen Tributario procure el cumplimiento de los principios de progresividad, eficiencia y equidad y que la política tributaria promueva para las microempresas la redistribución, estimulación de la producción y generación de empleo.

Debate

El legislador Diego Ordóñez dijo que está de acuerdo con la derogatoria de la norma que grava sobre las ventas, no sobre la renta ni sobre la diferencia entre ingresos y gastos, a fin de garantizar equidad tributaria entre todos los contribuyentes. La asambleísta Jahiren Noriega afirmó que el impuesto del 2 % afecta a la generación de empleo y no cumple los principios de la política tributaria, como progresividad, eficiencia, equidad y transparencia.

Amada Ortiz aseveró más de un millón de emprendedores han sido afectados por el impuesto del 2 %, al que lo califico de inequitativo y sesgado, mientras que Joel Abad señaló la necesidad de garantizar condiciones de crecimiento a los emprendedores y a los agricultores, entre otros sectores. Yeseña Guamaní expuso su preocupación porque el 80% de microemprendimientos fracasa por la falta de liquidez, situación que se agravó por la pandemia. María Fernanda Astudillo sostuvo que se requiere generar condiciones para que los emprendedores puedan crecer y con ello se desarrolle el país.

De su lado, Mariano Curicama presentó su apoyo a los emprendedores y respaldó la derogatoria del impuesto del 2%. Advirtió que este tributo constituye la estocada final a los negocios. La legisladora Mireya Pazmiño afirmó que el tributo afecta a la mayor parte de la microempresa en lugar de ser un incentivo al emprendimiento.

La asambleísta Johanna Moreira resaltó que los emprendedores apoyan al desarrollo económico del país y la economía familiar que fue afectada de manera alarmante por la pandemia. Esteban Torres expresó que existe el clamor para eliminar la figura del 2% sobre las ventas de los emprendimientos, incluidas las tiendas de abarrotes, pese a que no tienen ventas por la emergencia sanitaria. La parlamentaria Marcela Holguín advirtió que mientras no se derogue el impuesto, más de un millón de emprendedores tendrán que seguir pagando el 2% de sus ventas.

Byron Maldonado tras reiterar el apoyo al microempresario, dijo que el país necesita una reforma tributaria integral que requiere soluciones técnicas, mientras que Dina Farinango consideró necesario que el SRI depure el catastro del régimen impositivo de los microempresarios. Lucía Placencia manifestó que la norma en referencia no cumple los objetivos de la política tributaria, que es promover la redistribución y estimular el empleo y la producción nacional. Jorge Pinto manifestó que los microempresarios fueron seriamente afectados por la pandemia

Pamela Aguirre sostuvo que el impuesto del 2% es un atentado contra los pequeños negocios y ha perjudicado a más de un millón de personas. Juan Fernando Flores anunció que el gobierno presentará una reforma tributaria que dará más capacidad a los ecuatorianos y más oportunidades a los emprendedores.Dentro del tratamiento del proyecto de Ley para la Gestión de Emergencia Sanitaria por Pandemia, la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte recibió las observaciones de la delegada del Ecu 911, Renata Moreno y del constitucionalista Ismael Quintana.

La iniciativa busca regular las medidas de restricción por Covid-19 de una forma que no necesite estados de excepción, conforme el pronunciamiento de la Corte Constitucional que pidió al Ejecutivo y Legislativo trabajen en un proyecto para evitar la necesidad de recurrir a estados de excepción.

El presidente de la Comisión, Marcos Molina, manifestó que la ley es necesaria para evitar las declaratorias de estados de excepción, que afectan a varios sectores, entre ellos al productivo.

Informó que la demora en el cierre del informe para primer debate se debe a que la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República no ha enviado sus observaciones al texto. Aseguró que el proyecto tendrá importantes cambios para cubrir los vacíos que tenía el texto original.

Molina consideró que el camino correcto para esta ley es definir de manera clara las restricciones en áreas críticas determinadas, como barrios, parroquias, zonas de tolerancia o tipos de locales como bares y discotecas. La idea es que se logre contener futuros brotes del virus sin paralizar ciudades enteras o afectar la economía de los ciudadanos, basados en indicadores, afirmó.

El constitucionalista Ismael Quintana subrayó que la Asamblea tiene la obligación de tramitar y debatir este proyecto. “El proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria por Pandemia no se puede archivar y debe pasar por primer y segundo debate” enfatizó.

Advirtió que uno de los temas de mayor preocupación podría ser el relacionado con el régimen sancionatorio, porque puede existir una eventual violación al principio de legalidad, en el establecimiento de sanciones, al no estar tipificadas las infracciones.

Asimismo, dijo que con la Ley de Emergencia Sanitaria el COE Nacional tendrá una base legal para su existencia. Sin embargo, hay que analizar el alcance de sus atribuciones, a fin de no afectar determinados derechos constitucionales.

Renata Moreno junto a Juan Pablo Morales, asesor del Ecu 911 dijo que han divido sus observaciones en dos partes: de carácter general, indicando la necesidad y el contexto en la cual la Corte Constitucional consideró la necesidad de la expedición de una ley que regule las medidas que se podrían adoptar en función de la pandemia.

Subrayó que esta Ley es fundamental por dos razones: primero porque la pandemia, se calcula, nos “acompañará” por años, lo cual obligará a tomar medidas de carácter extraordinario y finalmente porque la resolución de la Corte dispone debatir de la forma más amplia posible y considerar mecanismos adicionales a los existentes para combatir temas relacionados con la pandemia. El asambleísta Joel Abad solicitó el criterio jurídico sobre las posibles inconstitucionalidades del proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria por Pandemia por la posible transgresión del artículo 11 de la Constitución.

La Comisión de Desarrollo Económico continuó el tratamiento de las reformas a la Ley de Telecomunicaciones y el proyecto de Ley Orgánica para garantizar el acceso al servicio de internet en los sectores urbano marginales y rurales del Ecuador.

En ese marco, recibió a Vianna Maino, ministra de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, quien señaló que al Estado le corresponde garantizar el uso y aprovechamiento de los recursos de comunicación en beneficio de los ciudadanos.

Señaló que el objetivo del Gobierno es incrementar el acceso a internet en las zonas urbano marginales, rurales y de frontera. Así mismo, dijo que buscan masificar el acceso a internet en el sector educativo, migración tecnológica en las móviles 2G a 4G, entre otros temas.

Destacó que en 50 días de gestión se conectaron 14 parroquias, en total fueron favorecidas 43.930 personas, se mejoró la cobertura 4G en 62 localidades y la inversión en mejorar la cobertura fue de 15.2 millones. Dijo que se instalaron 83 puntos wifi en zonas urbano marginales y rurales y 80 wifi con fibra óptica. A la vez, puntualizó que se implementaron los proyectos Familia Digital y Amazonía.

En torno a las observaciones a los dos proyectos señaló que fueron concebidos y presentados bajo un contexto particular, hoy con escenarios disímiles, por ende, se consideran desfasados. Además, indicó que los conceptos y objetivos de ambos proyectos ya están implementándose en los primeros 100 días del actual gobierno, sin necesidad de la vigencia de tales cuerpos legales.

Así mismo, comentó que la legislación en el sector telecomunicaciones tiene una dinámica más acelerada que en otros sectores e industrias. Sostuvo que debe existir colaboración del sector público y privado definiendo roles y seguridad jurídica.

Tras estas exposiciones los asambleístas preguntaron cuándo se restituirá el 1 % del Fondo para el Desarrollo de Telecomunicaciones, que pasará con los infocentros, si deben o no archivarse los proyectos o promoverse otro, si habrá proyectos de wifi comercial en zonas rurales.

La Ministra dijo que los infocentros están en una situación delicada, sin presupuesto y abandonados. Remarcó que estos no serán cerrados, porque la idea es dar servicio a las personas con menores recursos económicos. Los infocentros son un proyecto social, y altamente importante, son centros de apoyo comunitario, resaltó.

Sostuvo que los proyectos requieren una actualización más visionaria y que a la Asamblea le corresponde el análisis su archivo. Sobre los proyectos de wifi en zonas rurales indicó que estos también se ampliarán a las zonas urbanas.

Sector eléctrico  La Comisión también recibió a representantes del SectorEléctrico, para que respondan a las continuas quejas de los usuarios del servicio de energía eléctrica por las facturaciones excesivas e injustificadas emitidas por la CNEL-EP.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca, convocó a los parlamentarios a la sesión No. 718 del Pleno, para el martes 20 de julio, a las 10h05, con el fin de conocer el informe no vinculante a la objeción parcial por inconstitucionalidad del proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el proyecto de resolución que exhorta al Jefe de Estado que derogue el pago del 2 %, sobre las venta de las microempresas.

La Titular del Legislativo también convocó para el mismo días, a las 16h00 a la continuación de la sesión No. 622 del Pleno, en la cual se tratará el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Diversas Leyes para Evitar Abusos de las Entidades del Sistema Financiero Nacional.

Tránsito

La Comisión de Desarrollo Económico se encargó de analizar el dictamen de la Corte Constitucional respecto de la objeción parcial por inconstitucionalidad planteada por el Ejecutivo a las reformas a la Ley de Tránsito. En su informe recomienda acoger las enmiendas realizadas en el dictamen constitucional a los textos de los artículos 46, 56, 57 (b) y 169 del proyecto.

Pago del 2 %

El legislador Mario Ruiz, en su proyecto de resolución, solicita al Presidente de la República que, en aplicación de sus facultades establecidas en la Constitución para presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, envíe a la Asamblea Nacional, un proyecto de ley, con el cual se derogue el Capítulo II sobre el Impuesto a la Renta del Régimen Impositivo para Microempresas, establecido en la Ley De Régimen Tributario Interno, puesto que ha generado para los microempresarios un impuesto que grava los ingresos, sin tomar en cuenta los gastos o costos incurridos ni considerar si obtuvieron o no utilidades, situación que se ha agravado con la recesión económica provocada por la pandemia.

Así mismo, exhorta al Gobierno Nacional para que en dicho proyecto se establezcan mecanismos de compensación, remisión de intereses, multas y recargos tributarios, así como facilidades de pago para su aplicación inmediata a través del Servicio de Rentas Internas, que beneficien a los microempresarios, sobre todo a aquellos que no han tenido utilidades desde el inicio de la pandemia, con la finalidad de que el Régimen Tributario procure el cumplimiento de los principios de progresividad, eficiencia y equidad.

Abusos sistema financiero

La Comisión Régimen Económico, en el período anterior, presentó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Diversas Leyes para Evitar Abusos de las Entidades del Sistema Financiero Nacional.

La normativa está orientada a prevenir y desincentivar prácticas fraudulentas, prohibidas y/o abusivas, incluidas el lavado de activos y el financiamiento de delitos como el terrorismo. En este marco, se plantea proteger el derecho a la privacidad de los clientes en relación a la difusión de su información personal, así como la información de seguridad nacional.

Se establece que tendrán especial atención aquellas prácticas prohibidas tendientes a la transmisión a título gratuito u oneroso de bases de datos de clientes. Se establece mecanismos y procedimientos para evitar y sancionar prácticas prohibidas y/o abusivas tendientes a menoscabar o violentar los derechos de los usuarios, socios y/o clientes del sistema financiero nacional. A través de la normativa se fortalecen las capacidades y las competencias de los entes de control, se eleva el nivel de la normativa secundaria a una jerarquía de ley orgánica, con el ánimo de proteger los derechos de los ecuatorianos ante los abusos de las entidades del sistema financiero nacional de cobros indebidos a los usuarios.

El Pleno de la Asamblea Nacional ratificó la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia. El informe fue elaborado por la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana

El presidente de la mesa, Juan Fernando Flores, indicó que la Convención guarda armonía y tiene concordancia con la Constitución. Además, dijo que este instrumento internacional tiene elementos fundamentales como respeto a la igualdad y no discriminación, tanto en el ámbito público como privado, compromiso de los Estados parte para prevenir, eliminar, prohibir y sancionar todo acto de discriminación.

Señaló que los Estados deben reconocer la diversidad de todos los sectores que forman parte de la sociedad. Apuntó que la normativa pretende reforzar los derechos y garantizar la dignidad de los ecuatorianos que viven en territorio nacional y en el extranjero.

Remarcó además que el instrumento internacional tiene como finalidad reforzar la protección de los derechos humanos, la dignidad, igualdad y no discriminación. La convención define las categorías que constituyen actos discriminatorios e intolerantes y la determinación de compromisos que deben asumir los Estados partes, en materia de políticas públicas, actos legislativos, investigación y cooperación internacional tendiente a prevenir, eliminar, prohibir y sancionar los actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia.

De acuerdo con el análisis elaborado por la Comisión de Relaciones Internacionales, la Convención implica un desarrollo progresivo de los derechos humanos y refuerza su protección; así también se corresponde con las obligaciones nacionales e internacionales del Ecuador y su compromiso en el respeto y protección de los derechos fundamentales.

La mesa, además, concluyó que la Convención prevé la creación de un Comité Interamericano para la prevención y eliminación del racismo, la discriminación racial y todas las formas de discriminación e intolerancia, que promoverá la integración de las Américas en pro de la defensa de los derechos humanos.

Dijo también que la Convención fortalece al Sistema Interamericano de Protección de Derechos por cuanto reconoce expresamente categorías discriminatorias vinculadas con expresión e identidad de género, situación migratoria e investigaciones sobre el genoma humano, no contenidas en otros instrumentos internacionales.

Debate

La asambleísta Nathalie Viteri sostuvo que en la Convención los Estados partes se comprometen a formular y aplicar políticas que tengan por objetivo el trato equitativo y la generación de igualdad de oportunidades para todas las personas.

La legisladora Paola Cabezas reflexionó sobre la discriminación que existe en contra de las personas afrodescendientes. En tal sentido, indicó que era necesario la ratificación de la Convención. También se refirió a la discriminación, intolerancia y xenofobia que existe en el país.

La asambleísta Jessica Castillo afirmó que la Convención permite crear un entorno de respeto e igualdad entre todas las personas. Señaló que es preciso incluir estos textos en la normativa nacional. El Estado debe garantizar el cumplimiento y ejercicio de derechos ciudadanos, opinó.

La legisladora Raisa Corral manifestó que la Asamblea Nacional debe ratificar este instrumento internacional y asumir el compromiso para que el Estado elimine, prohíba y sancione los actos discriminatorios y lleve adelante acciones afirmativas. Además, sugirió encargar a un ente nacional el seguimiento de la Convención. Finalmente, la parlamentaria Marjorie Chávez dio a conocer que Ecuador suscribió 27 convenios internacionales relacionados con los derechos humanos. En esta línea, la Convención fortalecerá la lucha contra la discriminación, agregó.

Dando cumplimiento a uno de los hitos de la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa, (CAL), dirigido por la presidenta Guadalupe Llori Abarca, calificó tres proyectos de reformas a la Ley de Apoyo Humanitario, mismos que serán tratados en la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad.

El tratamiento de los proyectos de reformas a la Ley de Apoyo Humanitario forma parte de las prioridades de la Agenda Parlamentaria “Minga por el Ecuador”, que fue trabajada y aprobada en consenso con todas las bancadas legislativas.

Entre los principales argumentos que motivan las propuestas de reformas, se encuentra la presunta vulneración de derechos en materia laboral, razón por la cual la Legislatura actual, vigilante del respeto a las garantías laborales y constitucionales de los trabajadores del Ecuador, tratará estas propuestas de reformas.

Las iniciativas legales corresponden a los asambleístas Mario Ruiz Jácome, Victoria Desintonio y al exparlamentario Roberto Gómez. De igual forma, el máximo organismo de administración de la Asamblea, con 6 votos direccionó el tratamiento de dos proyectos de reformas a la Ley de Desarrollo Fronterizo a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Las propuestas fueron presentadas por los exasambleístas Silvia Salgado y Byron Suquilanda.

En la semana que concluye la Asamblea Nacional se pronunció sobre las objeciones parciales del Ejecutivo a los proyectos de reformas a las leyes de Seguridad Social, del ISSFA e ISSPOL, así como al Código Orgánico Integral Penal para prevenir y sancionar la violencia sexual digital, con lo que están listos para su publicación en el Registro Oficial. Las comisiones especializadas desarrollaron una amplia actividad tanto legislativa como de fiscalización y control político.

Reformas a la Ley de Seguridad Social, listas para su publicación en el Registro Oficial

El IESS queda obligado a conceder las prestaciones por enfermedad, maternidad, subsidio por maternidad, seguro de desempleo, auxilio de funerales y el fondo mortuorio a todos sus asegurados que hayan cumplido las condiciones establecidas en la ley y los reglamentos, aún cuando sus patronos estén en mora. Esto una vez que el Pleno de la Asamblea Nacional se pronunció sobre la objeción parcial del Ejecutivo a las reformas a las Leyes de Seguridad Social, del ISSFA e ISSPOL. El beneficiario de la pensión de retiro gozará el derecho de atención médica en las unidades de salud militar y policial dependientes de las instituciones de seguridad social policial y militar, mientras que el ISSPOL tendrá capacidad coactiva para recuperar fondos que no han sido cancelados.

El Pleno resolvió la objeción al proyecto que previene y sanciona la violencia sexual digital

La Asamblea Nacional resolvió la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal y a la Ley Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para Prevenir y Sancionar la Violencia Sexual Digital, que tiene como objetivo fortalecer la lucha contra los delitos informáticos y proteger a niños, niñas, adolescentes y mujeres. Para ello crea normas para prevenir y sancionar delitos como la divulgación de contenido sexual explícito sin consentimiento, acoso cibernético, ciberacoso sexual, ciberacecho, extorsión por medios electrónicos, sexting, acoso predatorio. Además fija las penas y sanciones para castigar a los responsables de este tipo de conductas. La resolución se aprobó sobre la base del informe preparado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.

Asamblea exhorta al Ejecutivo ampliar las mesas de diálogo sobre el precio de los combustibles

El Pleno exhortó al Presidente de la República congelar los precios de los combustibles y derogar los decretos ejecutivos que reforman el Reglamento de Regulación de Precios de los Derivados de Petróleo. También llamó al Gobierno Nacional a fortalecer los mecanismos de participación ciudadana con la incorporación de todos los sectores sociales y productivos para buscar las alternativas de precios y compensación o subsidio de los combustibles. En otro orden, resolvió remitir a la Contraloría y a la Fiscalía General del Estado toda la documentación referente al informe de gestión del expresidente Lenín Moreno, para que inicien las investigaciones del caso.

Titular del Legislativo invita a organismos internacionales a ser parte de la Minga por el Ecuador

El Salón José Mejía Lequerica fue sitio de encuentro de los miembros del Cuerpo Diplomático, Agencias del Sistema de Naciones Unidas y de organismos internacionales acreditados en el país, quienes participaron de la socialización de la Agenda Parlamentaria 2021-2022. La titular del Legislativo, Guadalupe LLori, les invitó a ser parte de esta gran Minga por el Ecuador, que tiene entre sus prioridades la reactivación económica, la generación de empleo y la atención a los problemas ocasionados por la pandemia. Enfatizó que como representantes del Ecuador urbano, profundo, migrante, deben responder de manera responsable a las urgentes demandas de cambio y renovación del accionar público.

Presidenta Guadalupe Llori junto a autoridades públicas y privadas analizó problemas del país

La reactivación de la economía y la generación de empleo fueron temas que abordó la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, en la reunión con el Presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, con quien analizó también el contenido de la Agenda Parlamentaria. La presidenta Guadalupe Llori recibió al Presidente del Consejo de Planificación de la Circunscripción Territorial Amazónica, a fin de tratar temas que beneficien a los ciudadanos de esa región del país. En la cita se acordó impulsar la creación de las instituciones de educación superior en las provincias de la Amazonía. Además escuchó a la Ministra de Educación, quien presentó las prioridades en materia legislativa y de políticas públicas para fortalecer los procesos en materia educativa. La funcionaria destacó la necesidad de mantener un diálogo permanente con todas las funciones del Estado.

El juicio político al excontralor Pablo Celi se sustancia en la Comisión de Fiscalización

La Comisión de Fiscalización aprobó por unanimidad la actuación de pruebas de oficio, así como el calendario de comparecencias y comisiones generales, en el marco de la sustanciación de la solicitud de juicio político presentada por Juan Cristóbal Lloret, contra Pablo Celi, excontralor subrogante. De acuerdo con el cronograma, las comparecencias arrancarán el 19 de julio, con la presencia de los cinco miembros del Consejo Nacional Electoral; luego, el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera. El 20 de julio, se recibirá a María Mercedes Placencia, subcontralora; el 21 de julio, a Darwin Moreno, funcionario de la Contraloría; a Silvana Vallejo; y, a Diana Salazar, fiscal General del Estado. La recepción de testimonios continuará hasta el 26 de este mes.

La protección de la reserva marina y la situación de la Contraloría formaron parte de la agenda de control político

Ante la Comisión de Biodiversidad comparecieron directivos de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y del Medio Ambiente, para rendir cuentas de las acciones para proteger nuestra soberanía y la riqueza marina ante la presencia de flotas pesqueras extranjeras en aguas cercanas a la Zona Económica Exclusiva. Los funcionarios afirmaron que en el año 2020 ningún buque pesquero ingresó a esta zona. En la Comisión de Participación Ciudadana, en cambio, estuvieron los miembros del Consejo de Participación Ciudadana para que expliquen las medidas que han tomado para superar la difícil situación que vive la Contraloría. De su lado, la Comisión de Desarrollo Económico analizó la conveniencia del ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico. Para ello escuchó a representantes del Grupo Ecuador Industrial. Además aprobó el informe no vinculante sobre la objeción parcial a las reformas a la Ley de Transporte terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Profesionales de la salud denuncian irregularidades en el examen de habilitación

Representantes de profesionales de la salud en las carreras de Medicina, Enfermería y Odontología acudieron a las comisiones de Educación y del Derecho a la Salud a fundamentar sus denuncias sobre presuntas irregularidades cometidas en la toma del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional por parte del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Advirtieron que se cometieron irregularidades como la filtración del examen, vulneración de su derecho al trabajo y que el Caces no les brinda las garantías necesarias para asegurar un examen de calidad, enfocado en su perfil profesional.

Parlamentarios analizan normas para proteger derechos y prevenir la discriminación

La Comisión de Relaciones Internacionales aprobó el informe sobre la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, orientado a reforzar la protección de los derechos humanos a la dignidad, igualdad y no discriminación, con el fin de prevenir, eliminar, prohibir y sancionar los actos y manifestaciones de este tipo. La Comisión de Garantías Constitucionales escuchó a la Defensora del Pueblo Subrogante, quien detalló las acciones para salvaguardar los derechos humanos y fundamentales de las personas y los derechos colectivos definidos en la Constitución. La Comisión que atiende los temas de la niñez y adolescencia se reunió con el representante de Unicef en Ecuador, con el fin de conocer el apoyo técnico que brindará la organización en el estudio y debate del proyecto de Código de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna), a través de talleres y asistencia técnica.

Cuatro ministros comparecerán en las comisiones

La Comisión del Derecho al Trabajo luego de recibir las demandas de los representantes del Frente de Defensa por la Salud y la Vida de Pichincha, decidió llamar a los ministros de Salud, Finanzas y de Trabajo para que expliquen sobre el incumplimiento de los derechos laborales en el sistema de salud. A su vez, la Comisión de Soberanía Alimentaria invitará a la Ministra de Agricultura para el 14 de julio, a fin de que informe sobre asuntos relacionados con el desarrollo de las actividades productivas del país.

La seguridad integral es otra de las prioridades en el trabajo legislativo La Comisión de Soberanía y Seguridad Integral recibió al Ministro de Defensa, con quien analizó el proyecto de Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas. También recibió los criterios de Cancillería, de expertos y académicos sobre el proyecto de Código de Seguridad del Estado. Además junto a directivos de los ministerios de Gobierno y de Salud, de la Policía Nacional y el Director del SNAI, analizó la situación que se vive en los centros de rehabilitación social del país.

El Pleno de la Asamblea Nacional exhortó al presidente de la República, Guillermo, a congelar los precios de los combustibles y derogar los decretos presidenciales 1054, 1158 y 1183 que reforman el Reglamento de Regulación de Precios de los Derivados de Petróleo.

Además instó al gobierno nacional a fortalecer los mecanismos de participación ciudadana con la incorporación de todos los sectores sociales y productivos en la toma de decisiones para buscar las alternativas de precios y compensación o subsidio de los combustibles.

Demandó del Ejecutivo que través del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables promueva la democratización y diversificación del uso del combustible.

Como consecuencia de los decretos y su regulación, cada mes el precio de los combustibles se incrementa el 3% sostuvo el asambleísta Salvador Quishpe, proponente de la resolución al aplaudir los diálogos del Gobierno con el sector de transporte. No obstante, dijo, no es suficiente y se debe escuchar a los usuarios, pasajeros y gremios que representan a los pequeños agricultores.

“Que sea el diálogo el mecanismo que ayude a resolver estos problemas. Tomar decisiones sin consultar ha dejado consecuencias lamentables”, afirmó. El legislador mencionó que se debe subsidiar el combustible de manera focalizada y aplicar políticas que garanticen el crecimiento productivo del país.

De su lado Segundo Chimbo exhortó al Gobierno, a las organizaciones sociales, transportistas, maestros, profesionales y sociedad civil en general organizarse en mesas de diálogos y analizar los tres decretos que permiten la modificación de los precios de los combustibles, a fin de defender el sustento del pueblo ecuatoriano.

Yeseña Guamaní ve de manera positiva el impulso de diálogos y reuniones por parte del Gobierno orientados a buscar alternativas de reactivación poscovid de este importante sector y coincidió en tomar en cuenta a todos los sectores y modalidades de la transportación. Hay que exigir los diálogos para que el pueblo ecuatoriano no sea el afectado, expresó Joel Abad tras sostener que se retiró el subsidio a los combustibles con el propósito de cancelar al Fondo Monetario Internacional.

Mientras  el asambleísta Diego Ordóñez consideró que el tema es sensible y se debe analizar con datos y cifras y que a pesar del incremento del precio de combustible no se dio un impacto en las tarifas de los productos. Aseguró que ya se han iniciado y estructurado tres mesas de diálogo.

El incremento del precio de los combustible afecta al sector agrícola. Nuestros productos no son compensados, sube el insumo agrícola, el abono, la semilla denunció Ricardo Ulcuango, quien planteó la derogatoria de los decretos en mención y congelar los precios de los combustibles.

Patricia Sánchez comentó que las diferentes modalidades de transporte han sido golpeadas por la crisis económica y pese a ello siguen dando servicio y siendo fuente de ingreso en sus hogares. Solicitó incluir a las tricimotos para que participen en el diálogo.

Lenin Mera pidió apoyo a los agricultores; y, Darwin Pereira aclaró que se pretende que en las mesas de diálogo participen todos los sectores para encontrar una solución al incremento gradual del precio del combustible. Juan Fernando Flores aclaró que en las mesas de diálogo están cinco representantes de los transportistas. Expuso su acuerdo para que se incorporen otros actores. Las medidas de focalización la están revisando los líderes de los diferentes gremios precisó. De su lado Xavier Santos planteó la inclusión del sector  pesquero que está severamente afectado y que se democratice la utilización del combustible.

El proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal y a la Ley Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, para Prevenir y Sancionar la Violencia Sexual Digital está listo para ser tratado en el Pleno de la Asamblea Nacional, una vez que la Comisión de Justicia, presidida por el legislador Alejandro Jaramillo, aprobó el informe no vinculante sobre la objeción parcial del Ejecutivo.

Este proyecto tiene como objetivo fortalecer la lucha contra los delitos informáticos y proteger a niños, niñas adolescentes. Para ello crea normas para prevenir y sancionar delitos como la divulgación de contenido sexual explícito sin consentimiento, acoso cibernético, ciberacoso sexual, ciberacecho, extorsión por medios electrónicos, sexting, acoso predatorio. Además fija las penas y sanciones para castigar a los responsables de este tipo de conductas.

La propuesta aborda problemas como la pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes, hostigamiento, acoso escolar y académico y diversos tipos de violencia como la económica y patrimonial, simbólica, política, mediática, gineco-obstetra, sexual digital y acoso sexual.

También incluye disposiciones que sancionan el acceso o exposición de niñas, niños o adolescentes de forma intencionada a contenido nocivo sexualizado, violento o que llame a cometer actos de odio, la extorsión sexual, revelación de secreto o información personal de terceros, la interceptación de las comunicaciones en cooperación internacional y el acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones.

Además prevé la asistencia judicial recíproca que pueden requerir los fiscales a órganos internacionales para la práctica de diligencias procesales, pericias e investigación de los delitos.

La Secretaría de Derechos Humanos diseñará e implementará un plan o programa para difundir, socializar y capacitar a la ciudadanía para utilizar las tecnologías de forma segura conociendo sus derechos frente a cualquier riesgo o acto de violencia

Dispone a la Autoridad Educativa Nacional y a la Autoridad rectora de la Educación Superior incluir en sus mallas curriculares o programas académicos asignaturas que permitan promover una cultura saludable de consentimiento, el derecho a una vida libre de violencia y auto determinada, prevenir y combatir la violencia sexual digital y todo tipo de estereotipos y tabús propios de la cultura de la violación y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. También realizarán campañas de sensibilización y concienciación y dotarán de materiales educativos dirigidos a la comunidad educativa, orientados no solo en riesgos para las mujeres, sino en el contraste de la cultura patriarcal en la producción de violencia; promoverán acciones educativas y culturales inclusivas, paritarias y correlativas, especialmente cuando sean cometidos contra mujeres, minorías y grupos de atención prioritaria.

La Comisión de Desarrollo Económico recibió el dictamen de la Corte Constitucional sobre el veto parcial por inconstitucionalidad impuesto por el presidente de la República, Guillermo Lasso, a las reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que buscan mayor seguridad en la vías del país y evitar siniestros de tránsito. Está actividad será prioritaria en la mesa legislativa, a fin de estructurar el informe no vinculante que deberá ser tratado en el Pleno de la Asamblea Nacional. 

El proyecto de reformas a la Ley de Tránsito se orienta en cinco ejes: movilidad sostenible, fortalecimiento de la educación vial y seguridad vial, promueve la capacitación a funcionarios de tránsito, así como la planificación, control y tecnología, todo orientado a reducir la siniestralidad y crear conciencia de tránsito. 

A través del dictamen de la Corte Constitucional declara parcialmente procedentes las objeciones al artículo 46; y, como procedente la inconstitucionalidad de los artículos 56, 57(b), 58 (b) y 169 del referido proyecto. En consecuencia, corresponde a la Asamblea realizar las enmiendas necesarias dirigidas a incorporar las observaciones de la Corte, luego de lo cual el proyecto pasará a la sanción del Presidente de la República, conforme lo previsto en el artículo 139 de la Constitución.

Herramientas de trabajo

La Comisión de Desarrollo Económico, a fin de trabajar en iniciativas legislativas encaminadas a la reactivación económica, el desarrollo productivo, social y sostenible, utilizará la “metodología del semáforo” que permitirá  medir el desempeño de la mesa legislativa, en función de la visión y estrategia trazada, respecto de los 45 proyectos de ley heredados en la mesa legislativa.

Además, utilizarán como herramienta el “Diagrama de Gantt” que proporciona una visión general para organizar de mejor manera el trabajo planificado. Por tanto, los parlamentarios estarán al tanto de cómo avanza cada proyecto con los respectivos indicadores. 

La mesa legislativa tiene para su análisis iniciativas legales sobre turismo (7), Empresas Públicas (5); Desarrollo Artesanal (4); Defensa del Consumidor (5); Emprendimiento e Innovación (3); Reactivación Económica (13); Electromovilidad y Energía Eléctrica (3); Desarrollo Sostenible (1); Aviación Civil (2); Telecomunicaciones (2).  

El asambleísta César Rohón, tras destacar la importancia de utilizar estas herramientas de trabajo, señaló que habrá que dar de baja aquellos proyectos de larga data que no corresponden a la realidad actual y que jurídicamente son inaplicables. Dijo que hay prioridades urgentes en la Comisión, con el fin de incorporar los cambios en las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Ventajas uso Google

En otro orden, la Comisión de Desarrollo Económico escuchó a los personeros de Google, Isidro Ycaza y Gabriel Alvarado, quienes expusieron las herramientas y servicios que proporcionan a nivel de gobierno, así como la infraestructura que posee. Señalaron los beneficios de uso de Google, la visión en el sector público, experiencias, soluciones y programas exclusivos. La vicepresidenta de la Comisión, Wilma Andrade, indicó que las herramientas Google son de gran aporte no solo para la educación, sino para la sociedad en general y celebró la vinculación de estas aplicaciones en los procesos de seguridad digital de los legisladores.