CRISIS CARCELARIA E INSEGURIDAD CIUDADANA SERÁN ABORDADAS CON AME, INVESTIGADORES Y EXPERTO EN DERECHO PENAL Y SEGURIDAD

El presidente de la Comisión de Seguridad Integral, Ramiro Narváez, anunció que este viernes 15 de octubre, desde las 09h00, los parlamentarios avanzarán en el proceso de investigación sobre la crisis carcelaria y la situación de inseguridad ciudadana. Para ello recibirá a autoridades y ciudadanos, con la finalidad de identificar las acciones y omisiones de los funcionarios de las distintas instituciones del Estado frente a esta problemática que enfrenta el país.

En este marco, la mesa legislativa invitó a Franklin Galarza, presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas; Pablo Jurado, presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador; Yilda Rivera, presidenta del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador.

También participarán Carla Álvarez, docente investigadora del Instituto de Altos Estudios Nacionales; Francisco Estupiñán, experto en Derecho Penal y seguridad; y, Amada del Rocío Calderón, coordinadora del Frente Ciudadano.

Los comparecientes expondrán sus propuestas para enfrentar esta problemática e identificarán las necesidades legislativas para el cumplimiento de las atribuciones y funciones en materia de seguridad. Se referirán, además, a las acciones tomadas en la prevención y respuesta a la situación de inseguridad ciudadana y sus resultados.

Así mismo, los mecanismos de coordinación interinstitucional e intersectorial entre las entidades rectoras y ejecutoras de seguridad y otras instituciones del Estado, tal como lo manda la Constitución en su artículo 226. El asambleísta Ramiro Narváez recordó que la Comisión realiza este proceso de fiscalización, en cumplimiento del mandato del Pleno de la Asamblea Nacional, expresado en la resolución del 30 de septiembre en la que dispone investigar la actuación de los funcionarios públicos de las distintas funciones del Estado para prevenir y resolver la crisis carcelaria, y alarmante situación de inseguridad ciudadana que vive el país, por cuanto la emergencia en el ámbito de seguridad está causando grave conmoción social.

COMISIÓN INICIA TRÁMITE UNIFICADO DE PROYECTOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, que preside Ferdinan Álvarez, en sesión efectuada este domingo, 10 de octubre, avocó conocimiento de las iniciativas presentadas en materia de transparencia y acceso a la información pública, y decidió iniciar el trámite unificado de todas ellas, de conformidad con la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), de fecha 4 de octubre.

Entre los proyectos que se unificarán constan, además, aquellos que fueron remitidos por la Secretaría de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad sobre estas mismas materias y las propuestas de reforma y leyes sustitutivas a la Ley de Acceso a la Información Pública, formuladas por los exasambleístas José Francisco Asán, Juan Pablo Velín, César Litardo, Juan Cárdenas y Jorge Corozo. Igualmente, se incluye el proyecto auspiciado por la Defensoría del Pueblo.

Ferdinan Álvarez, titular del organismo legislativo, dispuso que la Secretaría de la mesa difunda la resolución, a través del portal web de la Asamblea, para conocimiento de los legisladores que integran la actual Legislatura, y con ello, se inicie el proceso de socialización para que los distintos sectores involucrados en materia de transparencia y acceso a la información expongan sus puntos de vista y observaciones. Agradeció a los miembros de la Comisión por haber participado de esta sesión, realizada en el último día del feriado en homenaje a Guayaquil, lo cual demuestra el compromiso de la Asamblea Nacional por responder a las demandas de los ecuatorianos.

COMITÉ DE ÉTICA APRUEBA INFORME QUE RECOMIENDA DESTITUCIÓN DE ASAMBLEÍSTA BELLA JIMÉNEZ

El Comité de Ética aprobó por unanimidad el informe que recomienda la destitución de Bella Jiménez a su condición de asambleísta, una vez que sustanció y evaluó las las pruebas de cargo y descargo en el marco del debido proceso.

Pasado el medio día, el Comité de Ética instaló su reunión con el fin de analizar el proyecto de informe que fue preparado por el presidente de la mesa, José Chimbo, en torno a las denuncias presentadas por los asambleístas Alejandro Jaramillo y Victoria Desintonio, en contra de la parlamentaria Bella Jiménez Torres.

El presidente del Comité, José Chimbo, dispuso la lectura del informe, que entre las recomendaciones consta la destitución de Bella Jiménez ante las denuncias sobre la gestión de cargos públicos.

De inmediato los miembros del Comité expusieron sus comentarios sobre el trabajo desarrollado hasta llegar a la elaboración del informe. Coincidieron que la gestión se cumplió con transparencia y respetando el debido proceso y el derecho de la defensa de la asambleísta denunciada. La legisladora Luisa González mocionó la aprobación del informe que recomienda la destitución de la asambleísta Bella Jiménez, y se remita de manera urgente a la Presidencia de la Asamblea para que sea debatido en el Pleno Legislativo, moción que fue aprobada por unanimidad.

MINISTRO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES PROPONE ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL PARA ENFRENTAR LA MINERÍA ILEGAL

La Comisión de Biodiversidad inició un proceso de fiscalización sobre las concesiones mineras e hidroeléctricas, con la presencia de Juan Carlos Bermeo, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, quien al referirse a la situación de las actividades mineras en la provincia de Morona Santiago señaló que la minería ilegal se concentra en los cantones Gualaquiza y Tiwintza, lugares de difícil acceso que impiden un control oportuno por parte de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

Precisó que pese a las limitaciones por falta de personal, recursos económicos, difícil acceso al sector, en Morona Santiago se realizaron 17 operativos y un total de 253 a nivel nacional, en lo que va de este año.

Dijo que la minería ilegal está muy bien equipada. En muchos casos la información se filtra desde las propias comunidades, quienes alertan a las empresas de los controles. Precisó que todos los proyectos de mediana y gran minería cuentan con estudio de impacto y manejo ambiental, así como con la respectiva licencia, como un acto previo para el inicio de sus tareas. Aclaró que el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables no tiene competencia en materia ambiental.

El Secretario de Estado afirmó que enfrentar el problema de la minería ilegal debe haber articulación entre el Ministerio de Gobierno, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos en coordinación con las entidades judiciales y la implementación de una oficina técnica administrativa para lograr acciones de control inmediato de minería no autorizada, en virtud de que por sí solas no se logrará este objetivo.

Precisó que el catastro minero se encuentra actualmente cerrado. Mencionó que hay un crédito del BID para la contratación de la firma, que se encargará de actualizar la información y una vez que esté listo el registro de títulos mineros se abrirá para otorgar nuevas concesiones. El Ministerio está implementando una herramienta tecnológica que permita una eficiente gestión de control minero. Al momento hay 23 concesiones mineras suspendidas por no cumplir con los permisos respectivos, añadió.

Al referirse a la consulta previa, libre e informada a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, recordó que la Corte Constitucional estableció un plazo para que el Parlamento expida la ley correspondiente.

El presidente de la Comisión, Washington Varela, indicó que le preocupa la respuesta del Ministro respecto de la consulta previa, pues si bien no hay una ley expresa no se puede dejar de lado lo que establece la Constitución, la Ley de Participación Ciudadana y la Ley de Minería sobre este particular, ya que es deber del Estado y del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables acatar lo que está escrito en las leyes. Dijo que la normativa debe ser trabajada entre los Ministerios de Ambiente, de Recursos Naturales no Renovables y la mesa legislativa.

Los legisladores Vanesa Álava, Juan Cristóbal Lloret y Washington Varela cuestionaron la falta de acciones para frenar y controlar la minería ilegal a nivel nacional. Lloret solicitó a la mesa legislativa convocar a la Fiscal General del Estado para que indique si las instituciones han realizado denuncias penales sobre actividades mineras ilícitas en zonas prohibidas para que pueda actuar.

De su lado, el director de la Agencia Nacional de Control Minero, Xavier Vera, señaló que, lamentablemente, la falta de personal impide actuar de manera oportuna.

Respecto de los proyectos hidroeléctricos Hidroababico, Hidronormandía e Hidrosanbartolo, en la provincia de Morona Santiago, el Ministro señaló que las empresas operan de forma sustentable en lo económico, social y ambiental, a fin de conseguir el desarrollo sostenible de las comunidades aledañas, los trabajadores, proveedores y autoridades. Los recursos que generan estos proyectos permiten la construcción de escuelas, el establecimiento de plantas de tratamiento de agua, entre otros beneficios, añadió.

Los parlamentarios señalaron que en las comunidades y pueblos en los que se asientan estos proyectos no se visibiliza el apoyo para su desarrollo. El presidente del organismo legislativo, Washington Varela informó que proseguirán con el control político y de fiscalización respecto de la minería ilegal.

COMISIÓN APRUEBA MARCO METODOLÓGICO PARA INVESTIGAR CRISIS CARCELARIA E INSEGURIDAD CIUDADANA

La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral aprobó por unanimidad con nueve votos, el marco metodológico para la investigación que emplearán para dar cumplimiento a la resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea, el pasado 30 de septiembre, la cual dispone que en el plazo de 30 días la mesa realice una investigación sobre la actuación de los funcionarios públicos de las distintas funciones del Estado, para prevenir la crisis carcelaria y la alarmante situación de inseguridad ciudadana que vive el país.

En la propuesta se identifica el encuadre de la investigación, los objetivos generales y específicos que la mesa llevará adelante, entre ellos: determinar los principales hitos y acciones que se adoptaron por parte de las entidades y autoridades responsables del sistema de rehabilitación social, priorizando aquellas realizadas durante el período 2019-2021; identificar las omisiones de las entidades y autoridades para prevenir y resolver la crisis carcelaria e investigar las bandas delincuenciales que se encuentran al interior de los centros de privación de libertad.

La Comisión también señaló que dada la naturaleza política de la investigación y el tiempo se excluirá del ámbito de indagación el análisis de expedientes judiciales o en procesos de investigación penal (…); el análisis exhaustivo de actos administrativos no sustanciales para el proceso de investigación, la recepción de problemáticas de sectores específicos, entre otros.

La mesa aprobó también el contexto de la investigación, las fases, la metodología, los recursos, equipo de trabajo y logística.

Antes de la aprobación de la moción, propuesta por el presidente de la Comisión, Ramiro Narváez, hizo una breve evaluación del sistema carcelario e indicó que hasta el momento se han registrado 240 personas asesinadas, pese a ello, no se han tomado acciones para mitigar estos hechos.

Recalcó que la pérdida de control de los centros penitenciarios es el reflejo de un Estado que no ha sido capaz de brindar seguridad a la ciudadanía. Así mismo, señaló que la subcomisión que lleva el tema de la Crisis Penitenciaria y Seguridad Ciudadana ya tiene elaborado un informe que servirá de base para el diagnóstico de la situación.

Los asambleístas Jorge Pinto y Xavier Jurado solicitaron que las instituciones encargadas transparenten las cifras de las personas fallecidas. El legislador Luis Vallejo sostuvo que la resolución hace referencia a dos elementos: crisis carcelaria y la seguridad ciudadana, en tal sentido, sugirió establecer dos grupos de trabajo para evacuar los informes.

El titular de la Comisión indicó que durante estos 30 días que tiene de plazo la comisión para la presentación del informe ante el Pleno, postergarán el tratamiento de otras leyes que estaban analizando en la mesa. Indicó que de ser necesario solicitarán ampliación del plazo para el tratamiento de dichas normativas. La Comisión se volverá a reunir el lunes, a las 10h00, en la Casa Legislativa del Guayas ubicada en el edificio La Previsora, 9 de octubre y Malecón piso 15, a fin de adoptar una resolución que será enviada al presidente de la República, en la que se plantearán acciones a corto, mediano y largo plazo que ayudarían a mitigar los hechos que se generan dentro de estos espacios carcelarios.

DESARROLLO ECONÓMICO INICIA PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO LEY DE PAGOS EN PLAZOS JUSTOS

La Comisión de Desarrollo Económico inició el proceso de socialización del proyecto de Ley de Pagos en Plazos Justos, primero las Mipymes, cuyo objetivo es desarrollar un marco de protección para las personas naturales y jurídicas de posibles condiciones contractuales gravosas en cuanto a los plazos de pago, incorporando la obligación de su cancelación en el tiempo justo.

La mesa recibió a Wilson Merino, director de Conquito, quien señaló que solo el 30% de las mipymes ha logrado diversificar sus ingresos y reinvertir en sus negocios para enfrentar la crisis derivada por la pandemia. Destacó que 14 de cada 100 quiteños están desempleados. Esto debe dar paso a la implementación de un marco jurídico para enfrentar la realidad, señaló.

Gabriela Borja, presidenta de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha sostuvo que es necesario no confundir la pequeña y mediana empresa con una microempresa, que son dos segmentos diferentes. También sugirió que el pago no exceda de los 45 días y en caso de que este tiempo se incumpla, se incluya una tasa de interés del 14%. Recordó que las pequeñas y medianas empresas generan el 70% de empleo dentro del país.

Antonella Sánchez, representante de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación (AEI), señaló que ya existe una norma previa que regula los plazos de pago a los emprendedores, pequeñas empresas y hasta grandes proveedores. Dijo también que los emprendedores buscan establecer una obligatoriedad de la formalización de las relaciones comerciales.

La asambleísta Wilma Andrade enfatizó que la norma apoyará de forma directa a los emprendedores, micro y pequeños empresarios, quienes han preferido perder el valor de la factura, emitidas a empresas públicas o privadas, antes que someterse a procesos judiciales. Los legisladores César Rohon, Carlos Zambrano y Cristian Yucailla respaldaron a los pequeños y medianos empresarios. Agregaron que es necesario que reciban su pago máximo en 45 días para que sigan con su producción y crecimiento.

En otro tema, la Comisión recibió a perjudicados de la banca cerrada, quienes expusieron sus casos. Tras escucharlos, los comisionados señalaron que actuarán de forma ágil para buscar soluciones, a fin de no dilatar más esta problemática.

En tal sentido la Comisión aprobó por unanimidad una resolución planteada por el legislador César Rohon para que se resuelvan las controversias de los Acreedores de Buena Fe, en un plazo máximo de 12 días.

Otras temáticas

Además avocó conocimiento del proyecto de reformas a la Ley de Compañías para la Optimización e Impulso Empresarial, presentado por el exasambleísta Esteban Albornoz.

Así mismo, resolvió formar una mesa técnica para el tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. La mesa también conoció el oficio suscrito por el presidente de la República, Guillermo Lasso, por el cual retira el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Empresas Públicas, presentado por el exmandatario Lenín Moreno.

CÓDIGO DE SEGURIDAD RECIBE MÁS PROPUESTAS. PLANTEAN QUE EL SISTEMA DE INTELIGENCIA SE INSTITUCIONALICE

La Comisión de Soberanía y Seguridad Integral profundizó el debate del proyecto de Código Orgánico de Seguridad del Estado. Escuchó la opinión de dos expertas  quienes evidenciaron la importancia de la propuesta para prevenir las amenazas que ponen en riesgo la vida del ser humano.

Fernanda Torres, profesora de la Universidad Católica subrayó la necesidad de entender al sistema de inteligencia como una función técnica del Estado, con estructura, historia y memoria institucional. Señaló que en un Estado democrático es necesario hablar de comunidades de inteligencia en lugar de agencias subordinadas.

Consideró que para un efectivo control de las actividades se debe implementar un sistema de control de pares y un proceso de rendición de cuentas al interior del Sistema Nacional de Inteligencia, para evaluar la eficiencia y eficacia de las operaciones realizadas, en el marco del cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Inteligencia.

Además, sugirió especificar dentro de las responsabilidades de la autoridad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia que no se obtenga información que no sea necesaria para el correcto desempeño de las funciones de la organización a su cargo. También, planteó ampliar la definición de inteligencia, ya que actualmente estas actividades no se limitan a enfrentar riesgos y amenazas, sino que además deben identificar vulnerabilidades.

De su lado, Carolina Andrade, asesora del Programa Clima y Seguridad del Instituto Igarapé, expuso sobre el Panorama de Riesgos y Amenazas en Ecuador. Subrayó que los servicios deben estar preparados para enfrentar cualquier contingencia.

La experta en seguridad insistió en devolverle la importancia y el rol estratégico de contar con un Plan Nacional de Inteligencia. Explicó que el mismo está orientado por los objetivos definidos por el Presidente de la República, pero al mismo tiempo le da demasiada discrecionalidad a los objetivos políticos y a los lineamientos del Ejecutivo, por lo que hay que reflexionar que dentro de toda la institucionalidad hay espacios que pueden generar una mayor democratización en la construcción de este instrumento tan importante.

También se refirió al «Plan Específico de Inteligencia 2019-2030». Explicó que existen tres niveles de Inteligencia: táctico, operacional y estratégico.

Por su parte, el legislador José Luis Vallejo pidió caracterizar la diferenciación conceptual entre función y la actividad del Estado en el sistema de inteligencia; y, si el servicio de Inteligencia podría vulnerar la información.

El asambleísta por un día, Luis Javier Bolaños consideró que es necesario perfeccionar el sistema de inteligencia.

Ramiro Narváez, presidente de la Comisión, mencionó que se busca institucionalizar al sistema de inteligencia y que no esté al servicio de un determinado gobierno o fin político, por lo que sería bueno conocer los errores que se han presentado para no volverlos a cometer respecto al manejo de la información clasificada. “¿Cómo asegurarnos que el Sistema de Inteligencia tenga este contrapeso con la Asamblea y entregue información?», cuestionó el legislador. Previamente, Narváez, hizo un repaso sobre la situación de seguridad en el país y expuso la preocupación por los nuevos eventos suscitados en la Penitenciaría del Litoral. Las observaciones ayudan a esclarecer dudas y a considerar nuevos temas dijo el legislador al cerrar la sesión.

COMITÉ DE ÉTICA RECHAZÓ PEDIDO DE RECUSACIÓN CONTRA TRES ASAMBLEÍSTAS

El Comité de Ética rechazó el pedido de recusación planteado por la abogada patrocinadora de la asambleísta Bella Jiménez, en contra de los asambleístas Marjorie Chávez, Dalton Bacigalupo y Fredy Rojas. El presidente de este organismo, José Chimbo, anunció que el lunes 27 de septiembre, a las 10h00, continuará la práctica de prueba, en el marco del respeto del debido proceso.

La moción la planteó el asambleísta, Miguel Ángel Pavón, alterno de la parlamentaria Marjorie Chávez, quien recordó que el Comité de Ética es un órgano de sustanciación e investigación mas no de decisión, facultad que le compete al Pleno de la Asamblea Nacional, por lo que no cabe el pedido de recusación “por enemistad manifiesta”.

“No se puede tratar de inducir o hacer creer que hay enemistad entre asambleístas”, dijo Pavón al precisar que el Comité actuó apegado a la ley y a la Constitución, al dar paso a la solicitud de la legisladora Bella Jiménez y los alegatos de los tres parlamentarios, es decir, se respeta el debido proceso.

La legisladora Luisa González recalcó que el Comité de Ética no toma resoluciones, sino que conoce lo que cada una de las partes, denunciantes y denunciada, entregan en el proceso de sustanciación. La legisladora Bella Jiménez, presentó por escrito el pedido de recusación y los parlamentarios aludidos entregaron las pruebas de descargo. En este marco, dijo que se ha dado espacio para el debido proceso. Afirmó que el Pleno de la Asamblea es el órgano que tomará una resolución, por lo que apoyó la moción presentada por Miguel Ángel Pavón.

En la sesión de hoy, sábado 25 de septiembre, se principalizaron Miguel Ángel Pavón, alterno de Marjorie Chávez y Shirley Pacheco, alterna de Dalton Bacigalupo.

El presidente del Comité de Ética, José Chimbo, ordenó al Secretario dar lectura al pedido de Andrea Sánchez, abogada patrocinadora de la parlamentaria Bella Jiménez, con los respectivos argumentos por los cuales señala que los legisladores Chávez, Rojas y Bacigalupo, anticiparon su posición respecto al presente trámite de investigación.

Así mismo, el organismo conoció las tres comunicaciones de los legisladores Marjorie Chávez, Daltón Bacigalupo y Fredy Rojas, respecto de la recusación.

La asambleísta Marjorie Chávez argumentó que el Comité de Ética es el órgano de sustanciación que recoge pruebas de cargo y descargo y presenta un informe no vinculante, es decir, no toma resoluciones, siendo el Pleno de la Asamblea la que tiene esta facultad. En este marco, precisó que el pedido de Bella Jiménez carece de sustento, por lo que solicitó se rechace la petición.

En igual sentido, el parlamentario Dalton Bacigalupo, a través de un oficio respondió al pedido de recusación. Precisó que no existe causal para ello. Dijo que con la asambleísta Bella Jiménez no tiene enemistad manifiesta, ni conflicto de intereses o parcialidad. Señaló que la legisladora lo que busca es prolongar los plazos para crear incidentes en la fase de sustanciación, por lo que pidió se inadmita la recusación y se le permita seguir actuando en el Comité de Ética.

Igualmente, se dio lectura al oficio emitido por el legislador Fredy Rojas, quien anotó que la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional de solicitar la renuncia como segunda Vicepresidenta del Parlamento, Bella Jiménez, no significó prejuzgamiento. El presidente del Comité de Ética precisó que trabajan de manera responsable respetando el marco constitucional y legal y dio por terminada la sesión.

REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL DARÁN OBSERVACIONES A LAS REFORMAS A LA LEY DE APOYO HUMANITARIO

El presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, Fernando Cabascango, informó que este viernes, a las 10h30, recibirán a representantes de distintos sectores de la sociedad civil para que den sus observaciones al proyecto de reformas a la Ley de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del Covid 19, a fin de estructurar el informe para primer debate.

Comparecerán Pedro Granja, abogado patrocinador de la Asociación Ecuatoriana de Medicina Familiar y Comunitaria; Danny Choez, presidente nacional de los Técnicos de Atención Primaria de Salud (TAPs).

También asistirán los representantes de Acción Ecuador y del Frente Popular. Los comparecientes se referirán al impacto que esta ley ha tenido en los grupos a los que representan.

Cabe recordar que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó tres proyectos de reformas a la Ley de Apoyo Humanitario, de iniciativa de los asambleístas Mario Ruiz (PK), Victoria Desintonio (UNES) y el exparlamentario Roberto Gómez y dispuso que sean tramitados en la Comisión de Garantías Constitucionales.

Las propuestas están orientadas a apoyar la sostenibilidad del empleo con mecanismos de flexibilidad laboral como el contrato especial emergente o la reducción emergente de la jornada de trabajo; establecer facilidades de pago a la Seguridad Social, tasas de interés para la reactivación económica y las relaciones laborales, entre otros aspectos. Estas propuestas forman parte de las prioridades de la Agenda Parlamentaria Minga por el Ecuador 2021-2022.

PRESIDENTA Y MIEMBROS DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACUDIRÁN A FISCALIZACIÓN

La Comisión de Fiscalización y Control Político convocó a la sesión 38, para mañana, miércoles 22 de septiembre, a las 09h00, con el propósito de recibir a Sofía Almeida, presidenta; y los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), a fin de que expliquen el proceso seguido para la selección del doctor César Córdova para nombrarlo como defensor del Pueblo encargado.

Esta comparecencia se produce luego de la resolución adoptada en la sesión del lunes, 20 de septiembre, cuando la vicepresidenta del organismo, Ana Belén Cordero, propuso que se llame a los consejeros del CPCCS para que informen cuáles fueron los criterios que aplicó este organismo para el nombramiento del Defesor del Pueblo encargado.

La legisladora Cordero recordó que el Defensor del Pueblo debe ser un funcionario que, a más de los requisitos de formación y probidad, debe acreditar experiencia en la gestión y vigilancia de los derechos humanos.

Caso Yachay Igualmente, a las 14h00, la Comisión de Fiscalización recibirá a Héctor Rodríguez Chávez, exgerente General de Yachay EP, en el marco de la investigación que desarrolla el organismo a los proyectos de las denomindadas universidades emblemáticas.