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En el marco de la sesión virtual del Consejo de Administración Legislativa (CAL) ‪034, este lunes, 29 de marzo, con 6 votos favorables y una abstención, el órgano parlamentario calificó el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización, luego de verificar que sí cumple con los requisitos formales establecidos en la Ley.

Considerando el tema que aborda, el proyecto de iniciativa del Presidente de la República fue trasladado a la Comisión de Régimen Económico y Tributario para su tratamiento.

Otros proyectos

Con 7 votos, el CAL calificó el proyecto de Ley Orgánica para la Gestión Integral de Residuos Sólidos no Peligrosos, de iniciativa del asambleísta Sebastián Palacios Muñoz, y lo remitió para su tratamiento a la Comisión de Biodiversidad.

Del mismo modo, los legisladores acogieron el pedido del asambleísta Esteban Albornoz, respecto del incumplimiento de pedido de información por parte del Ministro de Energía, con 7 votos. De acuerdo a lo establecido en los artículos 75 y 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) deberá cumplir los tiempos y comparecer ante la Comisión de Desarrollo Económico.

El proyecto de Ley Interpretativa del Artículo 43 del Código Tributario, propuesto por el legislador Fabricio Villamar obtuvo 7 votos para su calificación y fue trasladado a la Comisión de Régimen Económico donde será tratado. Finalmente, con 6 votos, el CAL calificó el proyecto de Ley de Creación de la Universidad Bolivariana del Ecuador, de iniciativa del asambleísta César Litardo Caicedo. Será la Comisión de Educación la que trate esta propuesta.

El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, convocó a los legisladores a la sesión 698 el día martes, 30 de marzo, a las 14h00, con el objetivo de tratar el proyecto de resolución para declarar el 30 de marzo de cada año como el Día Nacional de las Trabajadoras Remuneradas del Hogar.

Esta fecha conmemorativa busca reconocer el trabajo que realizan a diario, así como reivindicar su actividad económica y productiva.

La iniciativa, además, exhorta al Gobierno Nacional para que, por intermedio de la institución rectora del trabajo del país, realice las acciones de planificación y gestión que se requieran para la difusión mediática y promoción de esta Declaratoria, así como la elaboración de disposiciones reglamentarias y formulación de políticas públicas dirigidas a garantizar la protección social y laboral de las trabajadoras remuneradas del hogar.

Energía Eléctrica

El Pleno, además, analizará el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. El documento fue elaborado por la Comisión de Desarrollo Económico.

La Comisión, en este segundo informe, consideró modular la reforma al artículo 24 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (Lospee), con lo cual se propuso que el Ministerio rector de la energía y electricidad podrá autorizar las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, importación y exportación de energía eléctrica, y servicio de alumbrado público general entre empresas estatales de los Estados de la comunidad internacional, de acuerdo con los procedimientos y requisitos que se desarrollarán en el reglamento general de la Ley.

Legalización de Tierras

Así mismo, el Parlamento tratará en primer debate el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Legalización de la Tenencia de Tierras a favor de los Moradores y Posesionarios de Predios que se encuentren en circunscripción de los cantones Guayaquil, Samborondón y El Triunfo – Monte Sinaí sí es Guayaquil.

En el texto que irá al Pleno se acogieron las sugerencias planteadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) municipal de Guayaquil, en cuanto a incluir la figura de partición administrativa contemplada en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) para legalizar los asentamientos humanos de hecho y permitir que las áreas verdes y vías resultantes de la entrega de predios, pasen a ser de los GAD, y así darles de la calidad de bienes de servicio público, garantizando su finalidad en beneficio de los habitantes.

Otros puntos

En otro orden, los legisladores abordarán el informe que recomienda aprobar la ratificación del Protocolo de Enmiendas al Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual ADPIC, así como el informe para primer debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social para Promover la Total Transparencia de la Gestión de los Recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de todas sus entidades de su Propiedad.

El Pleno de la Asamblea Nacional inició el segundo debate del Código de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes con la lectura del informe preparado por la Comisión respectiva. El documento contiene cuatro libros: Principios, Derechos y Garantías; Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en sus Relaciones de Familia; del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de Niñez y Adolescencia; y Sistema de Responsabiilidad Penal de Adolescentes y Justicia Especializada, dirigidos a garantizar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos de este grupo de atención prioritaria.

En el informe se destaca que la base legal para la construcción del nuevo Código está dada por la Constitución, Convención sobre Derechos del Niño, el Código de la Niñez y Adolescencia 2003; y las Recomendaciones del Comité, a fin de generar doctrina de protección integral.

Además, se establece principios y normas sustantivas y procesales que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, conforme a la doctrina de protección integral reconocida en la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos.

Determina principios rectores y lineamientos generales que orientan las políticas públicas para garantizar el cumplimiento de sus derechos; se establece la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes; y desarrolla los mecanismos para fomentar la participación de la sociedad en la prevención, garantía, protección, restitución y reparación de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Prevé políticas de protección especial, con énfasis en casos de violencia y abusos sexuales en niñas, niños y adolescentes; y se fortalecen los Consejos de Protección de Derechos, para que tengan la capacidad de desarrollar políticas especializadas y específicas para la niñez y adolescencia.

Igualmente, establece el incremento de la asignación de recursos con énfasis en educación, salud y protección especial contra todo tipo de violencia; se fortalece la administración de justicia especializada en materia de niñez y adolescencia, para el efecto se incrementa la edad mínima de 12 a 14 años, a efectos de responsabilidad penal.

Entre otros aspectos se incluyen artículos sobre derechos sexuales y reproductivos; familia, convivencia familiar y reconocimiento de distintos tipos de familia; violencia y política para niños, niñas y adolescentes huérfanos víctimas de femicidio. Previo a la lectura del informe, el Pleno de la Asamblea Nacional, escuchó varias voces interesadas en dar sus opiniones sobre el proyecto de Código de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Con 125 votos afirmativos, en la sesión del Pleno 696, la Asamblea Nacional aprobó  el informe no vinculante en torno de la fiscalización de la obtención de carnés de discapacidad, elaborado por la Comisión de Salud. Entre otros aspectos, el documento exige al Ministerio de Salud Pública y al Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, que definan políticas, normativas y medidas, que garanticen el cumplimiento de los derechos a los que tienen todas las personas con discapacidad.

La moción la presentó el legislador Rodrigo Collaguazo, quien planteó acoger el citado  informe y las recomendaciones. Además, se pronunció por instar a las máximas autoridades de las funciones Ejecutiva, Judicial, Electoral y de Transparencia, y otros órganos del poder público a cumplir con el principio de legalidad consagrado en la Constitución y con su obligación de remitir a la Legislatura, la información que le sea requerida, a fin de no obstruir su competencia de fiscalización y control político.

La exigencia al Ministerio de Salud Pública y al Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidad se enfoca, especialmente, en el procedimiento establecido para viabilizar el otorgamiento de los certificados médicos emitidos por los profesionales de centros prestadores de salud privados, que deben contar con las garantías necesarias de veracidad sobre la especialidad acreditada para esta finalidad, con el propósito de que su uso sea el correcto y evitar situaciones como las presentadas durante las sesiones en este proceso de fiscalización.

También, se exhorta a la Contraloría y a la Fiscalía General para que dentro del debido proceso concluyan las acciones administrativas y preprocesales iniciadas, a fin de que las instancias judiciales cuenten con los elementos de convicción suficientes para continuar con los procesos y, de ser el caso, ejecuten las sanciones ejemplificadoras por la presunta irregular emisión, obtención, uso y abuso de los carnés de discapacidad que afecta al interés colectivo y estatal.

Igualmente, se solicita al Ministerio de Salud un reporte actualizado respecto del seguimiento y estado procesal actual de las denuncias que presentó en la Fiscalía General respecto a los 22 funcionarios que emitieron 29 708 carnés, de los cuales 2454 presentaron irregularidades; mismo que se será remitido a la Comisión del Derecho a la Salud.

Por último, se dispone que se inicie, respetando el debido proceso, el principio de inocencia y el derecho a la legítima defensa, la investigación del caso del legislador Fabricio Villamar, para cuyo efecto el parlamentario Rodrigo Collaguazo será el encargado de presentar la respectiva denuncia.

El informe

El legislador William Garzón, presidente de la Comisión de la Salud, en calidad de ponente, calificó de un hecho miserable la entrega fraudulenta de alrededor de 3 mil carnés de discapacidad en medio de la gravedad de la pandemia, más aún cuando el proceso estaba suspendido en razón del estado de excepción.

Aseveró que el deficiente control por parte de las autoridades permitió que la red de corrupción actúe incluso en la emergencia sanitaria para entregar de manera irregular carnés de discapacidad. Dijo que ha quedado claro que solo 11 de los 137 asambleístas estaban inmersos en esta temática.

Debate

En el debate del informe intervinieron 15 parlamentarios. Las opiniones se enfocaron en que el Parlamento ofrezca una respuesta firme y contundente, sin cálculos políticos, para determinar los responsables y juzgar a los que han actuado dolosamente en la tramitación de los carnés, en que se configuran delitos como tráfico de influencias, asociación ilícitica, concusión, defraudación tributaria.

También, se habló de la necesidad de exigir a la Contraloría, Fiscalía y la administración de justicia, en general, la debida celeridad en los procesos judiciales. Estos actos reñidos con la moral y la ética no pueden quedar en la impunidad, se enfatizó, y se requiere que toda la información se transparente.

Por unanimidad, 12 votos favorables, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica.

El presidente de la mesa, Esteban Albornoz, sostuvo que el proyecto es la fusión de varias iniciativas presentadas por las asambleístas Verónica Arias y Wilma Andrade y el exlegislador Daniel Mendoza. Remarcó que para la elaboración de esta normativa se acogieron propuestas de los parlamentarios durante el primer debate, los aportes del Ministerio de Energía y empresas eléctricas.

Reformas

La Comisión, en este segundo informe, consideró la necesidad de incluir la solicitud de ampliar y precisar las definiciones de autogenerador y consumo propio.

Sobre la reforma al artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (Lospee), en cuanto al funcionamiento y financiamiento del Operador Nacional de Electricidad (Cenace), se propuso que el financiamiento será a través del Presupuesto General del Estado y de los aportes de las empresas participantes del sector eléctrico.

Se estableció que la asignación de dicho presupuesto anual no podrá ser menor al valor de los aportes de las empresas participantes del sector eléctrico. El Cenace no ejercerá actividades empresariales en el sector eléctrico.

También se consideró modular la reforma al artículo 24 de la Lospee, con lo cual se propuso que el Ministerio rector de la energía y electricidad podrá autorizar las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, importación y exportación de energía eléctrica, y servicio de alumbrado público general entre empresas estatales de los Estados de la comunidad internacional, de acuerdo con los procedimientos y requisitos que se desarrollarán en el reglamento general de la Ley. 

Otro cambio realizado fue suprimir la excepción establecida en el artículo 25 de la Lospee, mediante al cual se permitía el otorgamiento de concesiones a empresas estatales extranjeras o subsidiarias de estas, compañías de economía mixta o a consorcios en que dichas empresas estatales que tengan participación mayoritaria, sin la realización previa de procesos públicos de selección.

En otro tema, se propuso reformar los numerales 1 y 7 del artículo 35 de la Lospee, con lo cual se reforman las causales de caducidad de los contratos de concesión para casos de fuerza mayor o caso fortuito; y, cesión de acciones, participaciones, certificados de aportación u otros títulos que impliquen el cambio de los socios de una empresa.

Así mismo, se mantuvo la reforma planteada al artículo 53 de la Lospee, que establece que el plazo para la planificación e inversión en el sector eléctrico será de una proyección al menos de 10 años, sobre lo cual también existe el acuerdo con la propuesta presentada por parte de la empresa Centrosur. Además, se sostuvo la reforma propuesta para el artículo 62 que regula lo relativo al alumbrado público y semaforización, entre otros aspectos.

Convocatoria

La Comisión se reunirá nuevamente el miércoles, a las 09h00, con el fin de tratar el proyecto de Ley de Economía Circular Inclusiva y el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación para la Implementación Efectiva del Emprendimiento Juvenil.

En la semana del 22 al 26 de marzo se aprobaría el informe del juicio político contra el ministro de Trabajo, Andrés Isch, por supuesto incumplimiento de funciones, cuyo documento pasará a tratamiento en el Pleno del Parlamento. Además, se conocería y calificaría el pedido de juicio político contra el exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, por supuestas irregularidades en la compra de vacunas y su inoculación en el país contra el COVID-19. También se avanzará con procesos de fiscalización en torno a la pesca ilegal, así como la obtención de carnés de discapacidad, entre otros temas.

Pleno

El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, convocará a la continuación de la sesión 696 del Pleno, a fin de avanzar con el análisis del informe que da cumplimiento a la Resolución que Condena la Pesca Ilegal de la Biodiversidad Marina de Galápagos y el Mundo.

También está previsto resolver sobre el Informe no Vinculante de la Investigación para Fiscalizar la obtención de Carnés de Discapacidad; el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para el Retorno de la Administración de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados a sus Partícipes. 

En la agenda también consta el tratamiento de tres proyectos de resolución. Uno de ellos, para que el Pleno de la Asamblea trate el caso de los jubilados de la Empresa Pública de Ferrocarriles del Ecuador en liquidación; otro, para requerir la comparecencia del Ministro de Economía y Finanzas, para que informe sobre las medidas a adoptarse para pagar la deuda que mantiene el Gobierno Central con los gobiernos autónomos descentralizados del país; y que el Ministro de Gobierno indique sobre la agresión de la fuerza pública a los alcaldes, el pasado 9 de marzo de 2021. 

Por último, el proyecto que exhorta a la Secretaría Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores para que, en cumplimiento de las garantías constitucionales de igualdad y no discriminación, pague a todos sus exservidores a nombramiento o contrato las 80 horas mensuales suplementarias y extraordinarias, trabajadas obligatoriamente desde el año 2000 al 31 de diciembre de 2014. 

Lunes 22 

Fiscalización

La Comisión de Fiscalización revisará el informe del juicio político contra el Ministro de Trabajo, Andrés Isch, por supuesto incumplimiento de funciones, planteado por las asambleístas Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga, quienes le responsabilizan por haber permitido que el desempleo llegue a niveles inéditos; no garantizar el derecho a la huelga de los trabajadores de la Empresa de explosivos Explocen C.A; así como, el haber congelado en 400 dólares el salario básico unificado.

Relaciones Internacionales

A las 15h00, la Comisión de Relaciones Internacionales realizará una sesión reservada con el fin de que la autoridad del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias realice su rendición de cuentas por el cuarto trimestre de 2020.

Biodiversidad

La Comisión de Biodiversidad, a partir de las 09h00, escuchará al representante de la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral, quien expondrá sus observaciones al proyecto de reformas al Código de Ambiente. También, analizarán el pedido de las Comunidades de Santa Martha 2 y Agromache, del cantón La Concordia, quienes solicitan la comparecencia de algunas autoridades por el riesgo de ser afectados con la construcción de un relleno sanitario en tierras agrícolas, entre otros temas a ser abordados.

Régimen Económico

La Comisión de Régimen Económico revisará el borrador del informe para segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La sesión está prevista para las 15h00.

Salud

Para aprobar el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica del Deporte, la Educación Física y la Recreación, la Comisión del Derecho a la Salud se instalará a las 09h30.

Justicia

La Comisión de Justicia avanzará con el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica que Reforma Diversos Cuerpos Legales para Reformzar la Prevención y el Combate al Comercio lícito, Fortalecer la Industria Nacional y Fomentar el Comercio Electrónico. Los parlamentarios se reunirán a las 14h00.

Martes 23

Relaciones Internacionales

A fin de aprobar el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Protección de Datos Personales, la Comisión de Relaciones Internacionales sesionará a las 09h00. En este marco, se revisará el documento borrador que tiene por objetivo el amparo de la persona, a través de la garantía del derecho a la protección de sus datos personales y, específicamente los derechos de acceso y la facultad de las personas de tomar decisiones sobre su utilización.

Miércoles 24

Fiscalización

La Comisión de Fiscalización avocará conocimiento y calificará la solicitud de juicio político en contra del exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, propuesto por los asambleístas Pabel Muñoz y Ángel Sinmaleza, quienes le acusan de una supuesta compra ineficiente de vacunas contra el COVID-19.

Derechos Colectivos

La Comisión de Derechos Colectivos receptará nuevas observaciones a los proyectos de Ley de Derechos de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, de iniciativa de los asambleístas José Chalá y Ángel Gende. En este marco, está prevista la comparecencia virtual del Defensor del Pueblo, Freddy Carrión; y del Secretario del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, Ángel Tipán. La sesión se realizará a las 10h00.

Relaciones Internacionales

A las 10h00, la Comisión de Relaciones Internacionales sesionará con el fin de avanzar con el análisis del proyecto de Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas; y continuará con los procesos de fiscalización sobre el presunto manejo irregular de inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol); así como, lo referente a la licitación de las pólizas de seguro de todo riesgo petrolero y responsabilidd civil de Petoecuador.

Educación

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a las 09h30, continuará con el análisis del borrador del informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Extinción de la Universidades y Escuelas Politécnicas Suspendidas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y Mecanismos para Asegurar la Eficiencia en la Distribución y Uso de Recursos Públicos en el Sistema de Educación Superior.

Luego, los comisionados proseguirán con el proceso de control político y de fiscalización respecto de la falta de pago de pensiones a los maestros jubilados.

Desarrollo Económico

La Comisión de Desarrollo Económico aúna esfuerzos en el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación para la Implementación Efectiva del Emprendimiento Juvenil y del proyecto de Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva, a fin de elaborar los respectivos informes. Los parlamentarios se reunirán a las 09h00.

Salud

Médicos de la provincia de Esmeraldas serán recibidos en la Comisión del Derecho a la Salud para tratar temas coyunturales de esta área. Los parlamentarios también fiscalización la falta de pago por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a Solca. La sesión será a las 09h00.

Participación Ciudadana

El representante de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias comparecerá ante la Comisión de Participación Ciudadana, a las 15h00. La mesa legislativa iniciará un proceso de fiscalización sobre el cierre de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Amazonas, que perjudicó a alrededor de 20 mil cuentaahorristas.

Soberanía Alimentaria

A las 09h30 se reúne la Comisión de Soberanía Alimentaria con el fin de escuchar a Pablo Antonio Del Río San Andrés, director distrital Guayas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, quien informará sobre el estado actual de la petición del Presidente de la Asociación de Producción Agropecuaria Parroquia Eloy Alfaro, sobre la realización de la inspección de los predios en la cual estaba asentada la antigua Asociación de Trabajadores Agrícolas Autónomos denominada La Tierra es Vida.

Justicia

La Comisión de Justicia, a las 10h00, proseguirá con el análisis del proyecto de reforma del Código Orgánico Integral Penal y de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para Prevenir y Sancionar la Violencia Sexual Digital.

Gobiernos Autónomos

A las 09h30, se leerá el informe borrador del proyecto de reformas a la Ley de Legalización de Tenencia de Tierras a favor de los moradores y posesionarios de predios que se encuentran en la circunscripción de los cantones Guayaquil, Samborondón y El triunfo, Monte Sinaí sí es Guayaquil. También, avanzarán con el análisis de las observaciones receptadas al las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, con el propósito de elaborar el informe para segundo debate.                             

Acogiendo el informe de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, la Asamblea Nacional, en la sesión del Pleno 696, tramitó en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica de Navegación, Gestión de la Seguridad y Protección Marítima y Fluvial en los Espacios Acuáticos.

Socialización

El documento fue socializado y debatido con autoridades y actores sociales. Dieron sus aportes la Asociación Coordinadora de Trabajadores Marítimos y Portuarios, Colegio de Ingenieros Navales del Ecuador, Operaciones Citikold, Tecnisea, Agencia Naviera Maersk del Ecuador, Agencia Marítima CMA CGM Ecuador, Corporación de Prácticos Marítimos del Puerto de Guayaquil, Ministerios de Defensa y de Obras Públicas, Comunidad de Gente de Mar, Portuaria y Pesca, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante del Ecuador  y expertos constitucionalistas.

Además, se instalaron mesas técnicas con la participación de autoridades gubernamentales, sociedad civil y expertos en la materia.

Objetivo

El proyecto se enfoca en garantizar la soberanía en los espacios acuáticos y los derechos que salvaguardan la vida humana en el mar, la seguridad de la navegación, la protección marítima, la prevención y neutralización de actos ilícitos, contribuir a la gestión, cuidado y control del ambiente marino, así como apoyar a la gestión de riesgos.

Estructura

Contempla 6 títulos, 15 capítulos, 144 artículos, cinco disposiciones generales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.

Ponente

El legislador René Yandún, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, en condición de ponente, destacó que la propuesta responde a un estudio técnico, especializado y minucioso, ampliamente socializado, dando respuestas de carácter legal, constitucional e histórico, en torno a lo que es la seguridad marítima y el transporte marítimo.

Oportunamente, se explicó que la Ley no topa asuntos comerciales de transporte marítimo, para no interferir competencias de otras autoridades. Es de vital interés para el Estado ecuatoriano en los campos de la seguridad y el desarrollo; promueve la actualización del ordenamiento legal vigente, en concordancia con los requerimientos del país y la legislación internacional, dijo.  

Expuso que el Código de Policía Marítima está vigente, data de 1945, siendo reformado en 1969, por lo que a la fecha resulta totalmente desactualizado con la normativa nacional e internacional en materia marítima, lo que dificulta, entre otros aspectos, la aplicación de normas de seguridad y control determinadas en el Código del Ambiente, la Ley de Pesca, en el régimen especial de Galápagos y en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

Sostuvo que Ecuador cuenta con una inmensa riqueza de recuros naturales, lo que hace imprescindible que la Ley en materia del derecho del mar esté acorde con la dinámica comercial del mundo, tomando en cuenta que nuestro país  realiza  el 90 % de exportaciones por la vía marítima y el Estado tiene la obligación de garantizar la protección de puertos y buques que cumplen esta función, brindar las seguridad a los espacios acuáticos nacionales.

Debate y observaciones

En el debate del proyecto de Ley de Navegación intervinieron cuatro parlamentarios, quienes resaltaron la trascendencia de la normativa. Así, Elizabeth Cabezas, en condición de proponente, explicó que la iniciativa tiene como propósito regular y garantizar la defensa de la soberanía y la integridad territorial en los espacios acuáticos, seguridad de la navegación, prevenir y controlar actos ilícitos. Se trata de evitar las complejas amenazas a nuestros recursos como es la pesca indiscriminada y a gran escala por flotas pesqueras, añadió.

Entre tanto, César Carrión consideró que no se justifica que el proyecto tenga el carácter de ley orgánica, tras señalar que se requiere conocer los criterios de la Fiscal General, de los ministros de Gobierno y de Transporte, Comandante de Policía, entre otros.

Mientras, Lenin Plaza mencionó que la  la Ley de Pesca y Acuicultura dispone que la autoridad acuícola y pesquera coordine con los responsables de seguridad para que estas actividades se realicen de manera segura en los espacios acuáticos, al destacar la gestión de la Armada.

César Rohon habló de la necesidad de dictar una nueva Ley de Navegación que tiene que ver con un sistema integral de la navegación, comercio, industria, cuidado del ambiente la naturaleza, control de las naves y su registro, protección, así como las contravenciones. Finalmente, el segundo vicepresidente del Parlamento, Patricio Donoso, cerró el primer debate del proyecto de Ley de Navegación Segura, al tiempo de disponer que las observaciones se remitan a la mesa de Soberanía y Relaciones Internacionales.  

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por José Serrano Salgado, recibió este miércoles, 17 de marzo, nuevos aportes en torno al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Defensoría Pública. Esta vez, las observaciones fueron formuladas por expertos en Derecho, operadores de justicia, académicos y organismos especializados.

El primer compareciente fue Wilman Terán, juez de la Corte Nacional de Justicia, quien puso énfasis en que no solo se debe tener como finalidad de la Defensoría Pública la defensa y patrocinio de quienes no tienen como pagar un abogado, sino la asistencia legal, que es un derecho irrenunciable, el cual en ningún caso limita el derecho de autodefensa.

De su lado, Ramiro Aguilar, destacado penalista y constitucionalista, recomendó que se revise la finalidad de la Defensoría Pública y si esta se refiere a prestar apoyo a quienes están en condición de vulnerabilidad, o a los que no pueden pagar un abogado o si, finalmente, se trata de un derecho al cual puede acogerse cualquier ciudadano porque lo que hace la Defensoría es prestar un servicio público y, en esa medida, la ley no puede hacer distinciones.

Entre otros temas, sugirió que se piense si es conveniente o no contar con un Defensor Público en las delegaciones diplomáticas de Ecuador en el exterior, para la atención de nuestros compatriotas migrantes, o si resulta menos costoso contratar un abogado en esa jurisdicción cuando se requiera de la respectiva asistencia legal.

Mientras, Mónica Banegas, directora de la Fundación Haciendo Ecuador, destacó el trabajo de la comisión al incluir a las organizaciones de la sociedad civil en la construcción de una ley tan importante como esta. Se mostró partidaria de mantener en la Defensoría la acreditación, evaluación y sanción de los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades, gobiernos autónomos descentralizados y otras entidades autorizadas para contar con este servicio. En el caso de los consultorios de los centros de educación superior, dijo que esta atribución de la Defensoría no vulnera la autonomía universitaria.

En similar sentido se expresó Jimmy Ricardo Vásquez, docente de la Pontificia Universidad Católica de Ibarra. Comentó que en la creación del consultorio jurídico de este centro académico, precisamente, la Defensoría Pública fue el organismo que prestó asesoría y todo el apoyo para la consolidación de este servicio, de ahí que es necesario que la reforma afiance el rol de la entidad en torno a las oficinas de patrocinio legal gratuito.

Para María Cristina Meneses, defensora pública de carrera, el trabajo que cumple la entidad es digna de orgullo, pues no se defiende a buenos o malos, sino a seres humanos que no tienen recursos para contar con un abogado. Añadió que trabajan en 10 líneas de servicio, incluyendo la materia de mediación, que se busca fortalecer.

Explicó que es fundamental mantener la Escuela Defensorial como una instancia propia y especializada, tomando en cuenta que las necesidades de capacitación de los defensores públicos son distintas de las que tienen los jueces y fiscales. “Estas reformas no generan ningún impacto fiscal”, enfatizó. José Serrano Salgado, titular de la Comisión de Justicia y Estructura de Estado, agradeció a los comparecientes por sus observaciones, las cuales serán consideradas al interior del organismo y ofreció enviar el texto del informe para segundo debate, una vez sea votado, para que lo conozcan y analicen.

El Pleno de la Asamblea Nacional, en la continuación de la sesión 696, votó artículo por artículo el proyecto de reformas a la Constitución planteado por el Comité por la Institucionalización Democrática, orientado a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; el rediseño de la Asamblea Nacional, a través del sistema bicameral; y la autonomía de la Fiscalía para que salga del control de la Función Judicial. En las 35 votaciones no se alcanzó los votos necesarios para su aprobación.

Para proceder a la votación, el Pleno aceptó la moción del asambleísta Carlos Cambala, quien planteó que las reformas a la Constitución se acojan con el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional, es decir, 91 votos. Así mismo, se admitió la votación artículo por artículo, conforme lo planteó la asambleísta Elizabeth Cabezas, presidenta de la Comisión de Enmiendas. Las votaciones fluctuaron entre 47 y 63 votos favorables.

Cabe indicar que los asambleístas se pronunciaron respecto de la reforma a 27 artículos de la Constitución, 1 disposición derogatoria, 2 transitorias, 4 generales y 1 final, en total 35 articulos, en los cuales no constó el tema de la bicameralidad, tomando en cuenta que el informe de la Comisión sugirió se excluya este tema.

Comisiones generales

Santiago Besabe, catedrático universitario; Giusepe Cabrera, investigador y representante de la Plataforma Politólogos Ecuador; Libia Rivas, presidenta del Instituto de Estudios Legislativos; y André Benavides, magister en derecho constitucional, reflexionaron sobre el por qué no debe establecerse la bicameralidad en el Parlamento ecuatoriano y advirtieron sobre los problemas que se generaría si se acoge la propuesta del Comité por la Institucionalización Democrática.

Entre los argumentos mencionaron que el Senado por sí solo no funciona bien ya que requiere de una representación similar por provincias y un sistema de partidos articulados, lo que en este momento no existe en Ecuador. Además, consideraron que se requiere una reforma no solo constitucional, sino al Código de la Democracia. Dijeron que las dos Cámaras no representan garantía para la representación política, ni mejora la calidad legislativa porque se requiere de carrera política. Además, el establecer 35 años de edad para ser senador limitaría los derechos de participación de los jóvenes.

Destacaron que la Asamblea Nacional está facultada por norma constitucional y legal para modificar textos de propuestas de reforma, lo cual no vulnera derechos de participación, por lo que la Comisión Ocasional de Enmiendas puede sugerir no tratar la bicameralidad

Ponencia

Elizabeth Cabezas, presidenta de la Comisión Ocasional de Enmiendas, al destacar la amplia participación de diversos sectores que dieron sus observaciones al proyecto de reformas a la Constitución, precisó que es pertinente la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), por ser una entidad que ha coadyuvado a la concentración del poder.

Sobre el rediseño de la Asamblea Nacional, a través del sistema bicameral, precisó que hay un hecho histórico. Ecuador ha promulgado 14 constituciones que han optado por el bicameralismo en el órgano parlamentario, sin que aquello hubiere implicado una mejora sustancial en cuanto al fortalecimiento del principio democrático y la calidad en la emisión de las leyes. Dijo que las tensiones entre las cámaras suelen ser mucho más complejas; y habló de la posible duplicidad de funciones.

En cuanto a la autonomía de la Fiscalía para que salga del control de la Función Judicial, señaló que para alcanzar tal efecto no es menester que la institución se separe de las Funciones del Estado, dado que es perfectamente viable que la Fiscalía se mantenga dentro de la Función Judicial, sin que se ponga en riesgo el cumplimiento de sus atribuciones y competencias.

Debate

Previo a iniciar el segundo debate, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, destacó la participación ciudadana en el tratamiento de la propuesta de reforma constitucional. La Asamblea Nacional cumple con su obligación de propiciar la participación de quienes han requerido, tanto a los que proponen la reforma cuanto a representantes de la sociedad civil, afirmó.

En el Pleno, la bicameralidad fue ampliamente debatida. Algunos legisladores destacaron la decisión de la Comisión de no acoger la propuesta del Comité de la Institucionalización Democrática respecto de la bicameralidad. Varios argumentos se expusieron, por ejemplo: la duplicidad de funciones en las cámaras, la falta de representación democrática de una de las cámares, los problemas de representación de provincias pequeñas en el Senado, ente otras opiniones.

Otros legisladores señalaron que la mesa legislativa ocasional debía hacer constar los pronunciamientos de los asambleístas durante el primer debate; así como, las expuestas en la comisión por parte de diferenes sectores y permitir que el Pleno tome una resolución mediante votación sobre esta temática.

Así también, varios asambleístas consideraron oportuno eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Dijeron que en ningún momento se restringe o vulnera derechos de participación ciudadana, tomando en cuenta que en la Constitución se establece la participación ciudadana sin que exista este organismo. Destacaron la necesidad de transferir a la Asamblea Nacional la designación de las autoridades de control. En cotras te, algunos legisladores señalaron que no puede desaparecer el Cpcccs, porque se restringiría los derechos ciudadanos y alteraría la estrcutura de la Función de Transparencia. Finalmente, los parlamentarios se pronunciaron por la necesidad de fortalecer a la Fiscalía General del Estado, dotándole de autonomía. Al cierre del debate, 17 legisladores dieron sus observaciones al informe presentado por la Comisión de Enmiendas, respecto del proyecto de reforma parcial a la Constitución planteada por el Comité por la Institucionalización Democrática.

La Comisión de Régimen Económico, Tributario, su Regulación y Control, dirigida por Franco Romero Loayza, en la continuación de la sesión 144, avanzó en el análisis del borrador del articulado del proyecto de reformas a la Ley de Contratación Pública, que tiene por objetivo fortalecer el sistema nacional en materia de contratación que aplican las entidades del Estado y mejorar los mecanismos de control, a fin de precautelar el adecuado uso de los recursos del pueblo ecuatoriano.

En esta oportunidad, frente a la matriz presentada por el equipo técnico de la mesa, Silvana Vallejo Páez, directora General del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), aseguró que el documento borrador prevé que la ley reformada será mucho mejor que la actual, pues su texto recoge la mayoría de los comentarios y propuestas que se han presentado a lo largo de varias sesiones de trabajo.

Ha sido un esfuerzo maratónico el participar de reuniones continuas entre los equipos técnicos de la Comisión y del Sercop, subrayó, al indicar que la normativa cumple con tres ejes fundamentales, a saber: Reducir la discrecionalidad en el proceso de contratación, por ejemplo en lo que atañe a la modalidad de contratación por emergencia; la institucionalización del sistema en todo el país, con reglas claras; y elevar la profesionalización de los funcionarios que manejan el área de contratación pública.

En esta sesión, las asambleístas Ana Belén Marín, Pinuccia Colamarco y Lira Villalva pidieron se revise el borrador, a fin de que se corrijan algunas citas erróneas de artículos de la propia ley, así como referencias a normas complementarias; que se revise la coherencia entre determinados artículos que podrían contener repeticiones innecesarias, entre otros aspectos de fondo y de forma.

Por ello, consideraron necesario ampliar el plazo para que los miembros de la Comisión revisen con detenimiento la matriz del articulado propuesto, de manera que en la próxima jornada se pueda proceder con el debate y aprobación del informe para segundo debate, con base en un documento que responda a los objetivos planteados en la reforma, a fin de contribuir al mejoramiento del proceso de contratación pública en el país. Franco Romero, presidente encargado del organismo, acogió este pedido y anunció que la continuación de la sesión 144 será convocada para el próximo viernes, lo cual permitirá que los asambleístas revisen los textos y puedan plantear los cambios o aclaraciones que consideren pertinentes, al momento de aprobar el respectivo informe.