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El canciller de ecuatoriano, José Valencia, fue citado por la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional para que comparezca este martes 11 de febrero de 2020 en sesión reservada a las 15:00.

Los asambleístas que integran la mesa, escucharán la rendición de cuentas, del cuarto trimestre de 2019 para conocer detalles de su gestión y los trabajos ejecutados desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

El miércoles 12 de febrero de 2020 esta Comisión continuará con el análisis de reformas a la Ley de Movilidad Humana. El proyecto de reforma llegó a la mesa de Relaciones Internacionales el 30 de julio de 2019. Hasta la presente fecha, la Comisión ha realizado 25 sesiones para tratar la normativa, tres mesas de trabajo, nueve mesas técnicas con expertos en la materia.

Con ello, 81 artículos se han modificado, otros 15 se han agregado y tres han sido eliminados. Según el presidente de la mesa legislativa, Fernando Flores, la Comisión ha tratado 110 artículos de los 148 existentes en el proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana.

Busca corregir los vacíos generados por el cuerpo legal vigente desde 2017. Uno de los cambios importantes, según el Legislativo, será que los migrantes que deseen entrar al país deberán sujetarse a no tener un pasado delictivo o acciones legales en curso.

Luego de la comparecencia del canciller Valencia se recibirá a la directora de Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia, Alexandra Ocles. Para el miércoles 12, la Comisión de Relaciones Internacionales recibirá en horas de la tarde, al defensor del Pueblo, Francisco Carrión, quien debe exponer el contenido de su informe presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respecto del Paro Nacional de octubre de 2019.

El pasado 6 de febrero la oficina de las Naciones Unidas en Ecuador publicó un comunicado e hizo un llamado a las autoridades a mantener la cultura de paz y la igualdad de derechos entre las personas.

Fuente: www.eltelegrafo.com.ec

Nota: La información contenida en este artículo ha sido tomada textualmente  de la fuente indicada, la cual que es de exclusiva responsabilidad de quien la ha originado y no representa necesariamente el pensamiento ni la línea de EDLE S.A.

El Ejecutivo busca la vía para inadmitir la entrada de ciudadanos con antecedentes delictivos y para expulsar del país de manera rápida y oportuna a los extranjeros que infringen la ley. El presidente de la República, Lenín Moreno insistió en su pedido a la Asamblea Nacional, de que apruebe las reformas a la Ley de Movilidad Humana que envió el Ejecutivo el 30 de julio de 2019.

Explicó que con estas reformas será viable la deportación de los ciudadanos extranjeros que ingresan al país para delinquir. “Los hermanos del mundo siempre son bienvenidos. Los delincuentes, no. Aquellos que vienen a dañar nuestra sociedad, a asesinar, a delinquir, a hacer crimen organizado, no. Ellos no son bienvenidos”.

Estas declaraciones las hizo a cuatro días de la muerte de Mariana G., una mujer de 69 años que perdió la vida durante un asalto en el norte de Quito. El presunto autor del acto fue detenido por Joseph Cornelio Morales Torres, un agente de policía que se encontraba franco ese día. Moreno felicitó la reacción del uniformado, quien apoyó para detener al ciudadano extranjero Adrián G., quien ahora está con prisión preventiva por asesinato.

La ministra de Gobierno María Paula Romo explicó que las reformas son herramientas para inadmitir la entrada de ciudadanos con antecedentes delictivos. Añadió que también se contempla la deportación de personas que han cometido delitos en Ecuador. La Secretaria de Estado dijo que en pocos días la Comisión de Relaciones Internacionales, responsable del análisis del proyecto de ley, tendrá listo el informe para primer debate.

Aclaró que esta propuesta no se trata de un acto xenofóbico contra los extranjeros. En esa línea, Romo anunció que avanza el Registro Migratorio para ciudadanos venezolanos y que hasta el momento existen 200.000 personas registradas. Paralelamente se planifica el destino de personal para fortalecer los controles migratorios.

Convenio con los municipios Las declaraciones de ambas autoridades se conocieron en el marco de la firma del convenio entre el Ministerio de Gobierno y 53 Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales. La ministra informó que para este 2020 están presupuestados $ 100 millones para mejorar la infraestructura policial y construir UPC y UVC en todo el territorio ecuatoriano.

Reveló que desde el Banco del Estado se están generando nuevas líneas de crédito por $ 80 millones para inversión en  proyectos de seguridad municipales. Iniciativas para fomentar la seguridad

Una de las prioridades de la localidad de San Vicente, (ubicada en la provincia de Manabí), es promover la gastronomía y el turismo. Y para alcanzar el objetivo, dijo la alcaldesa, se requiere que los visitantes acudan a la ciudad confiados de que haya seguridad.

Por ello, en días pasados, este Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD), firmó un convenio parroquial en el balneario de Canoa para tener agentes de seguridad los fines de semana y así ofrecer tranquilidad a los visitantes. Cevallos aseguró que con este proyecto esperan ejecutar más obras en beneficio de la ciudadanía. Advirtió que se han mantenido reuniones en Manabí y se han presentado cartas al Ministerio de Gobierno para ser atendidos en relación con estos temas.

El burgomaestre de esta localidad, ubicada en la provincia de El Oro, ejecuta acciones de control para evitar hechos delictivos como robos y asaltos, especialmente en zonas de concentración pública. Por ello, en días pasados, el cabildo implementó 30 cámaras de seguridad. Álvarez manifestó que en su jurisdicción no hay suficientes recursos para preservar la seguridad.

Indicó que la principal necesidad es fortalecer el equipamiento para los agentes de control. “Hemos tenido que ayudar económicamente para dar mantenimiento y repotenciar las motos para que nos ayuden a controlar. Esperamos que con estos convenios lleguemos a dar solución al problema de inseguridad”.

Armijos coincidió al señalar que la seguridad ciudadana no solo es competencia de la Policía, sino también de los cabildos. Por ello, desde el municipio (correspondiente a la provincia de Zamora Chinchipe) se han impartido charlas en unidades educativas para prevenir asaltos y robos. También se elaboran talleres, para estudiantes de secundaria, contra el consumo de drogas.

Además, se realizan charlas barriales para generar espacios de organización con la finalidad de que los vecinos se protejan de robos en los domicilios. Por último, Armijos indicó que se está trabajando para colocar cámaras de seguridad en sectores considerados conflictivos para ubicar los focos donde opera el hampa.

Fuente: www.eltelegrafo.com.ec

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El Pleno de la Asamblea Nacional, en la sesión 655, convocada para este martes 04 de febrero, a las 10:00, dará paso al segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, cuyo informe lo preparó la Comisión de Soberanía Alimentaria.

También, en el orden del día, consta el informe respecto al pedido de aprobación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

Acuicultura y pesca

La normativa tiene por objeto establecer el régimen jurídico para el desarrollo de las actividades acuícolas y pesqueras en todas sus fases de extracción, recolección, reproducción, cría, cultivo, procesamiento, almacenamiento, distribución, comercialización interna y externa, y actividades conexas como el fomento a la producción de alimentos sanos.

Además, busca la protección, conservación, investigación, explotación y uso de los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas, mediante la aplicación del enfoque ecosistémico pesquero, de tal manera que se logre el desarrollo sostenible y sustentable que garantice el acceso a la alimentación, en armonía con los derechos y principios determinados en la Constitución y respetando los conocimientos y formas de producción tradicionales y ancestrales.

Recoge las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), Código de Conducta para la Pesca Responsable, Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (Amerp).

Acuerdo de Escazú

La Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, en su informe, recomienda al Pleno la aprobación del Acuerdo de Escazú, considerando que es el único tratado  jurídicamente vinculante derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible.

Enfatiza que Ecuador, así, reafirmará el liderazgo regional en materia ambiental, tomando en cuenta que es el primer instrumento en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, tras destacar que contribuirá a la consecución de los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a la Agenda 2030.

El Acuerdo cuenta con el respectivo dictamen favorable de la Corte Constitucional.

Fuente: www.asambleanacional.gob.ec

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La Comisión de los Derechos de los Trabajadores presidida por Karina Arteaga profundizó en el debate de las reformas a la Ley de Seguridad Social, Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y Seguridad Social de la Policía Nacional. Estas propuestas buscan evitar se descuente el 40% de sus pensiones a quienes se jubilan de la Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (Issfa) así como del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Iess), al momento que se incorpora a trabajar en relación de dependencia.

La norma también establece mantener el derecho de la atención médica en las unidades de salud del sistema de seguridad social, donde el pensionista, sin perjuicio de una relación laboral, pueda atenderse.

El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión dio sus observaciones y dijo que se trata de un derecho fundamental. Recordó que al ser de origen estatal este 40% de la contribución a la pensión de la persona jubilada, el Estado se reservaba la facultad de retirarle ese monto cuando la persona se incorporaba a una relación de dependencia en el sector público.

El funcionario subrayó que el derecho a la seguridad social, es un derecho humano que, independientemente de la fuente de financiamiento que es el empleador, el trabajador y el Estado como tal, es fundamental que no sea limitado, ni mucho menos restringido .

“Esta propuesta de reforma es fundamental para tratar de garantizar que cualquier persona jubilada que se reintegre al sector público bajo relación de dependencia no tenga esa afectación en su presupuesto, mucho más considerando las pensiones jubilares”, expresó.

Explicó que en el caso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional las personas que se retiran son bastante jóvenes, es decir desde los 45 a 55 años de edad y que están en todo su potencial para seguir aportando con su experiencia al trabajo como tal.

Sustentó su pedido en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, sobre todo, la observación general OG19 que expresamente garantiza los derechos de las personas a un seguro mismo que permita cubrir la incapacidad, vejez o inclusive jubilaciones anticipadas. Por ello dijo, es importante que se mantenga.

Reiteró que esta medida de derogar las disposiciones generales de la Ley de Seguridad Social van en camino en garantizar un derecho fundamental como es la seguridad social y de esa forma permitir que los jubilados puedan seguir incorporándose al mercado laboral y no tengan reducción del 40% de sus jubilaciones y gocen de un derecho que es reconocido a nivel internacional y en nuestra norma fundamental.

De su lado el asambleísta Roberto Gómez, su propone, planteó, que luego que el tema ha sido debatido ampliamente, se elabore su borrador de informe para segundo debate.

Fuente: www.asambleanacional.gob.ec

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Bajar la edad para acceder al voto en casa y romper las papeletas no utilizadas son algunas de las nuevas reglas para las elecciones del 2021.

Estas modificaciones fueron aprobadas el pasado 16 de diciembre del 2019 por los cinco consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En la resolución, de nueve páginas, se detalló la medida de dos urnas (ver imagen) y el mecanismo para las papeletas en blanco y no utilizadas.

En esta última se indicó: mutilar las papeletas sobrantes de todas las dignidades antes del escrutinio en la Junta Receptora del Voto (JRV), guardar en un sobre y colocar dentro del paquete electoral luego del escrutinio.

Para el consejero José Cabrera, este paso es nuevo y aclara que solo se rompe la papeleta “no utilizada” hasta la mitad.

“Se decidió que sean mutiladas. Van rotas hasta la mitad y (guardadas) en el sobre hacia la Delegación Provincial”, mencionó Cabrera.

Por su parte, Enrique Pita, vicepresidente del CNE, señaló que no estuvo de acuerdo con la palabra “mutilar”.

“Ahí se dice mutilar, pero no está especificado qué se llama mutilar. No me gusta que se rompa (la papeleta), para eso debió ponerse un sello y decir: no utilizado, voto blanco, de tal manera que la idea es no permitir que ese voto blanco pueda ser reciclado”, afirmó.

Pita indicó que se trabajará en un instructivo para que los miembros de las JRV sepan el paso a paso.

Otras de las nuevas reglas es que las personas de 50 años podrán sufragar en casa, manteniendo el porcentaje de discapacidad del 75 %.

“Se aprobó con la idea de que más ecuatorianos puedan intervenir en el proceso electoral”, aseguró Cabrera.

En la resolución, el CNE coloca fechas tentativas.

Por ejemplo, prevén entregar el 30 de septiembre el material electoral de recintos y JRV a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

En tanto, Pita realizó seis observaciones a la resolución, como utilizar herramientas tecnológicas para evitar el acceso de personas no autorizadas a las bodegas electorales.

Además recomendó que se solicite información a las instituciones públicas y privadas para conformar una base de datos de los MJRV.

“Que permita complementar los datos entre sí y se posibilite mayor participación”, dijo.

Padrón electoral

Retirar las dos hojas en blanco al final del padrón electoral destinadas a miembros de policías y militares y en su lugar, agregar una hoja rotulada con la leyenda “Padrón Electoral Fuerzas Armadas y Policía Nacional” es otro de los cambios aprobados. Esta hoja contendrá número de cédula, nombres y apellidos y junta de personal de FF.AA. y Policía Nacional.

 Fuente: www.eluniverso.com

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La Comisión de Soberanía y Relaciones Internaciones realizó la primera mesa de trabajo del 2020, con la participación de académicos, expertos y profesionales, en la que debatieron las implicaciones sobre el proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.

En esta cita estuvieron los representantes de organizaciones inmersas en el mundo de la gestión y protección de información. Pablo Solines, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos (AEPD), destacó los pilares por los cuales se fundamenta la protección de datos. Resaltó que el proyecto normativo está bien concebido, hace definiciones, reconoce derechos y obligaciones y acoge una serie de conceptos del sistema continental europeo de protección de datos.

Sobre la ley, el profesional dijo que la propuesta es ambiciosa para la realidad nacional, puesto que al contar con elementos de otras legislaciones, en Ecuador sería la primera vez que se implemente una norma específica. En este sentido, dijo que en otros países las normativas ya han presentado una evolución y desarrollo.

Solines afirmó que el sistema de protección de información nacional es deficiente, puesto que no existe marco regulatorio alguno en la actualidad, por lo que enfatizó en que es necesaria y urgente una ley para el país, por el riesgo que corren los ciudadanos.

Para Andrés Burbano de Lara, de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana (Citec), esta norma es importante. Dijo que como organización han presentado sus observaciones a 26 artículos de la ley, así como sus propuestas o alternativas.

La normativa debe ser explícita en lo referido a libertad de expresión y a la restricción de información, pues de no clarificar dichos conceptos, se podría interpretar de otra forma el sentido de la ley, señaló Burbano. Además habló sobre la institucionalidad que estaría al frente de la regulación, por lo que sugirió que debe ser una entidad autónoma con la participación de los sectores académicos, profesionales y expertos.

Con este criterio coincidió la Asociación Ecuatoriana de Derecho Informático (Aedip). El presidente de este organismo, José Luis Barzallo, sugirió que la institución debe ser independiente por lo que podría ser una Superintendencia.

Sobre la importancia de la ley habló Jacqueline Guerrero, catedrática de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE). Expresó que en Ecuador la protección de datos ya se encuentra normada en la Constitución de 2008. A estos elementos les hace falta un marco de ley específico para dar funcionalidad al sistema y este debe ser tratado de manera responsable para garantizar lo establecido en la norma constitucional pero sobretodo que el Ecuador se encuentre en los procesos de una sociedad digital.

Por su parte, Marcelo Espinel, del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), dijo que esta norma podría poner en riesgo a la Ley de Acceso a la Información. Manifestó que la Ley de Protección de Datos Públicos debe tener un equilibrio entre la protección y el acceso a datos. Sobre este punto dijo que se debe diferenciar entre datos de ciudadanos y de políticos quienes podrían enmarcarse en la ley y evitar procesos de fiscalización.

Finalmente, de parte de la Dirección Nacional de Datos Públicos (Dinardap), Daniela Macías, directora de protección de datos, destacó los aspectos de la ley y los riesgos que el ciudadano corre sin un marco legal específico.

Para continuar con el tratamiento de la propuesta de ley, de parte de la Comisión se establecieron acuerdos para generar foros y más espacios de análisis a fin de escuchar todas las voces y expertos para lograr una ley en beneficio de los ciudadanos.

Fuente: www.asambleanacional.gob.ec

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La Asamblea concluyó ayer 22 de enero del 2020 con el trámite de las reformas para las elecciones generales del 2021, al allanarse a ocho de las observaciones enviadas por el Ejecutivo al proyecto y ratificarse en 10 artículos del texto aprobado por el Pleno en diciembre pasado. La votación se dividió en dos bloques.

Por el paquete de las ratificaciones 122 votaron a favor, cuando se requería de las dos terceras partes (91) para su aprobación. Con ello no se dio paso a la eliminación de las circunscripciones electorales, como planteaba el Ejecutivo. Se trata de un mecanismo que divide por zonas a Guayas, Pichincha y Manabí, para la elección de autoridades.

En el debate, del que participaron una decena de legisladores de todas las bancadas, hubo un rechazo a que el Ejecutivo haya pretendido con el veto incluir un tema que no había sido aprobado por el Parlamento. La Asamblea tampoco dio paso a que se obligue a las dignatarios que se postulen a la reelección a que pidan licencia sin sueldo desde el momento de la inscripción de la candidatura. Deberán hacerlo desde el inicio de la campaña electoral. Para los allanamientos, en cambio, hubo 124 votos, cuando solo se necesitaban de 71.

Entre los más importantes consta el incentivo de las alianzas, a través de la asignación equitativa de fondos para la promoción electoral. La reforma aprobada por el Parlamento incluye 10 disposiciones transitorias. Entre ellas se establece un plazo de 120 días (o 4 meses) para que el CNE realice una auditoría independiente al registro electoral y depuración del mismo.

El organismo también, en 180 días, deberá realizar una auditoría a su sistema informático para conteo de votos y resultados. La entidad prevé recibir cooperación del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH/CAPEL). “Esta auditoría debe ser avalada por un organismo internacional reconocido y sus resultados deberán publicarse en la web del CNE. Con base a los resultados de la auditoría el CNE deberá realizar los cambios y actualizaciones requeridas”, indica la reforma.

Asimismo, el organismo tendrá 120 días, a partir de la promulgación de esta ley, para realizar una auditoría independiente a su sistema de validación de firmas para la legalización de partidos y movimientos políticos. El sistema de validación de firmas para la legalización de partidos fue cuestionado en un examen especial de Contraloría, publicado en el 2019 En el mismo lapso, la Contraloría General del Estado creará una unidad especializada en el control del financiamiento y gasto electoral.

Además, en 180 días se deberá crear una unidad complementaria antilavado. Con ello se busca que se vuelvan a repetir casos como Arroz Verde que salpican a Alianza País. A su vez, el CNE implementará un proyecto piloto de voto electrónico, telemático y por correspondencia en 2021, con el propósito de que estos mecanismos de votación sean aplicables en las circunscripciones especiales del exterior en el proceso electoral de 2023.

EL CNE, superintendencias de Bancos y Compañías, y las respectivas entidades del Gobierno central deberán generar un sistema de interconexión de datos en un plazo de 120 días desde la promulgación de esta norma. Son 180 artículos los reformados, es decir, el 44% del Código de la Democracia. La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, sostuvo que la reforma da “mayores luces” y herramientas para la transparencia de las elecciones generales de 2021, cuando se elegirán Presidente de la República y asambleístas.

Uno de los ejes más importantes del Código de la Democracia es el reemplazo del sistema D’Hont por Webster para la asignación de escaños con lo que, según Atamaint, se garantiza mayor democracia. Dos de las primeras acciones que deberá realizar el CNE, tras la publicación de la reforma son la actualización de reglamento o elaboración de uno nuevo y, segundo, del plan operativo electoral.

Para el reglamento, Atamaint anunció que convocará a la academia, profesionales, sociedad civil y organizaciones políticas. Ella estuvo ayer en la Asamblea para presentar sus descargos en un proceso de juicio político que impulsan asambleístas de Creo.

Fuente: www.elcomercio.com

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Son propuestas, como la ley de seguridad para la frontera, que respondían a la coyuntura. Hay algunas que llevan más de un año en trámite.

Es una deuda que crece. La Asamblea Nacional recibe proyectos de ley que en su momento son consideradas de urgencia pero, que en poco tiempo, van quedando relegados a segundo plano en la Legislatura. La mayoría de estas propuestas surgen desde el Ejecutivo que se ha visto forzado, por la coyuntura, a plantearlas para su tratamiento, sin tener eco ni siquiera ante los legisladores de la bancada oficialista (Alianza PAIS).

Ejemplos hay algunos. En noviembre del 2018 el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, entregó a la presidenta de la Asamblea Nacional de ese entonces, Elizabeth Cabezas, el proyecto de Código de Seguridad, el cual surgió por los problemas que el Ecuador empezó a tener en la frontera norte, donde hubo un ataque con un coche bomba a un destacamento policial en la población de San Lorenzo, y ante el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de El Comercio, así como de dos ciudadanos oriundos de Santo Domingo de los Tsáchilas.

En ese momento se mostró la urgencia de tener un cuerpo legal acorde a los nuevos tiempos y a las nuevas amenazas que vive el país, y ante las denuncias de las repetidas fallas de la inteligencia militar y policial.Así también, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, presentó el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Movilidad Humana, que busca regular y ordenar las dinámicas de las personas en condición de movilidad, a fin de garantizar la seguridad de los ecuatorianos. La propuesta nació de la coyuntura que vive el país por la migración de ciudadanos venezolanos, y por algunos actos de violencia que involucraron a extranjeros.

Una filtración de datos privados de millones de ecuatorianos por Internet ocasionó que el Gobierno, por intermedio del ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, presente el proyecto de ley para la protección de datos personales. La directora de Registro de Datos Públicos, Lorena Naranjo, dijo a EXPRESO que en la Asamblea le ofrecieron que en este mes se trataría la propuesta hecha en septiembre del 2019.

La lucha contra la corrupción ha sido otro de los ejes en los que enfocó el Gobierno su trabajo y presentó algunas iniciativas para fortalecer la labor en contra de los presuntos hechos de corrupción del anterior régimen, entre ellas la Ley Orgánica Anticorrupción y Protección al Denunciante, pero al igual que los otros proyectos antes señalados, no han tenido la respuesta necesaria en el Parlamento, a pesar de que las diferentes autoridades que han recibido los proyectos han dicho “que serán prioritarios”.

Sin embargo, esta prioridad solo ha quedado en el discurso. El nuevo Código de Seguridad recayó en la Comisión de Relaciones Internacionales, que recién la semana pasada logró concretar la conformación de subcomisiones para que traten los cuatro libros que tiene el proyecto. En este mismo organismo legislativo están las reformas a la Ley de Movilidad Humana, y la Ley de Datos Públicos, que no tiene aún informes ni para primer debate.

Mientras que las propuestas anticorrupción están en la Comisión de Justicia, que aún las tiene en debate y se siguen recibiendo aportes para elaborar los informes que pasen al pleno.“No es posible legislar por coyunturas”, dijo a EXPRESO el asambleísta Henry Cucalón (PSC), quien considera que no se puede estar trabajando por lo que vaya pasando. De ser así, dijo, se tendría leyes por cualquier cosa.“Se presentan leyes que responden a la coyuntura.

Lo lamentable es que en la práctica no dan soluciones reales a los problemas de fondo. Un ejemplo es el Proyecto de Lucha Contra la Corrupción. El Ejecutivo lo vetó totalmente y envió uno elaborado por ellos que al final del día tampoco resultó ser la panacea para exterminar la corrupción”, señaló la legisladora Marcela Aguiñaga.

Fuente: www.expreso.ec

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Las reformas al Código Integral Penal (COIP) entrarán en vigencia el 21 de junio del 2020. Así lo ordena la Disposición final del texto, aprobado el 17 de diciembre del 2019. En junio se cumplirá el plazo de 180 días que dio la Asamblea para que las entidades creen las condiciones que permitan la aplicación de los nuevos artículos.

Por ejemplo, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, junto con el Ministerio de Energía, debe elaborar una tabla con las cuatro escalas con las que se sancionará el contrabando de combustible. En cada rango se debe especificar el tipo de sustancia (si es gas, líquida, etc.) y el peso. Solamente después de que se construya este instrumento, los jueces podrán condenar con las nuevas penas, que van de dos meces a cinco años de prisión.

La Asamblea tiene un plazo de 90 días para que elabore la normativa que permita a los gobiernos autónomos descentralizados regular la prohibición del consumo de drogas en los espacios públicos. A través de esta reforma, las alcaldías podrán impedir el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, siempre y cuando no se apliquen mecanismos que criminalicen el consumo.

La prórroga para que entren a regir las reformas al COIP empezó a correr a partir del 24 de diciembre del 2019, cuando se publicaron en el Registro Oficial. Desde esa fecha se toman en cuenta otros plazos.

Por ejemplo, la Función Judicial tiene 365 días para implementar una plataforma interconectada en la que se guarden los datos de las víctimas de delitos contra la mujer y la familia. En esta plataforma deben registrarse las contravenciones, medidas de atención para las víctimas y los procedimientos aplicados.

El Consejo de la Judicatura, por su parte, tiene un plazo de 365 días para determinar las responsabilidades de los funcionarios que tramitarán el nuevo juicio ‘expedito’ en casos de violencia contra la mujer.

El trabajo es establecer quienes vigilarán que se ejecuten las medidas de reparación para las víctimas. Estas medidas pueden ser terapias psicológicas para los agresores, trabajo comunitario, disculpas públicas, órdenes de alejamiento, entre otras alternativas.

Fuente: www.elcomercio.com

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Una Asamblea sin brújula pero con leyes que buscan salir adelante. Para este inicio de año se esperaba que el presidente de la Legislatura, César Litardo, de a conocer cuáles serán sus prioridades en una agenda parlamentaria. Al interior del Palacio Legislativo, asambleístas que conversaron con EXPRESO criticaron la falta de propuestas del titular del Parlamento, que según trascendió, estaría fuera del país.

A pesar de esto, las Comisiones Especializadas continúan trabajando en la elaboración de informes para primero y segundo debate de proyectos de iniciativa de los mismos legisladores o de entidades de Gobierno. Trabajo que se encuentra acelerado debido a que buscan aprobar normativas en este primer semestre, considerando que el segundo semestre estará marcado por lo preelectoral y el tratamiento de las normas se ven sujetas a la coyuntura.

Al margen de los cálculos políticos, existen leyes que si tienen el respaldo de todas las bancadas, no son muchas, pero se estima que estarán listas en los primeros meses del 2020. Un ejemplo fue la Ley de Emprendimiento que se aprobó la semana que termina por unanimidad. 116 votos.El asambleísta Guillermo Celi (SUMA), manifestó que la aprobación de la norma muestra que los legisladores están a favor de encontrar salidas al problema más grave que tiene al momento el país como es el desempleo, en donde más de 400.000 personas no tienen empleo, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

No es la única Ley que al momento tendría el apoyo necesario para ser aprobada. Los asambleístas han consensuado y se espera su aprobación hasta marzo de las reformas a la Ley Orgánica de Tránsito y Transporte Terrestre; el proyecto de la Ley de Pesca, el proyecto de Ley de Fomento de Movilidad Sostenible y Desarrollo de Electromovilidad que se complementa con la Ley de Eficiencia Energética, el proyecto de Ley Orgánica para la Racionalización, Reutilización y Reducción de Plástico de un solo uso en el comercio.

Tránsito

El proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, establece las normas necesarias para desarrollar una movilidad más segura, unificar la normativa dispersa y dar al ente rector de tránsito las herramientas necesarias para un mejor control y administración del tránsito en el país.

Pesca

El proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura yPesca establece un régimen jurídico para el desarrollo de las actividades acuícolas y pesqueras en todas sus fases de extracción, recolección, reproducción, cría, cultivo, procesamiento, almacenamiento, distribución , comercialización interna y externa, y actividades conexas.

Movilidad

El proyecto de Ley de Fomento de Movilidad Sostenible y Desarrollo de Electromovilidad, que promueva progresivamente sistemas de movilidad sostenible, utilización de vehículos y otras alternativas de movilidad en territorio nacional, tendientes a generar un impacto positivo o al menos sostenible.

Contexto

El trabajo legislativo se espera se intensifique en estos seis primeros meses del año, considerando que el último semestre estará marcado por la precampaña electoral con miras a las elecciones presidenciales y legislativas de marzo del 2021 y donde los temas se sujetan a la coyuntura.

Fuente: www.expreso.ec

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