Comisión revisará ley para regular el cabildeo

La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional iniciará la discusión del proyecto de Ley de Transparencia y Regulación del Lobby, para primer debate.

La propuesta, presentada por la asambleísta Gabriela Larreátegui (SUMA), pretende legalizar la actividad de los lobistas que son personas que tienen conexiones con sectores industriales o económicos.

También con los gestores de intereses particulares, quienes en cambio actúan a nombre de organizaciones sociales que tienen interés en la elaboración, aprobación o patrocinio de leyes.

La asambleísta dijo que la idea es que todo se transparente y estas reuniones se registren, de manera que la ciudadanía sepa con quiénes se reúnen los funcionarios, entre ellos ministros, asambleístas, alcaldes o prefectos.

Larreátegui acotó que su proyecto será tratado junto a otro que trata el mismo tema presentado por el legislador Cesar Solórzano, de Sociedad Patriótica, que según indicó fue calificado en un día mientras que el suyo demoró seis meses.

El presidente de la comisión, Raúl Tello, del movimiento Unidos por Pastaza, manifestó que el proyecto pretende transparentar e identificar los asuntos tratados por particulares con las autoridades y servidores de los organismos y dependencias del sector público.

Además se revisará que la normativa tome en cuenta temas como la igualdad de trato, agenda y acceso a la información pública.

Fuente: www.eltelegrafo.com.ec

Nota: La información contenida en este artículo ha sido tomada textualmente  de la fuente indicada, la cual que es de exclusiva responsabilidad de quien la ha originado y no representa necesariamente el pensamiento ni la línea de EDLE S.A.

Entregan a la Asamblea Nacional propuestas de reforma a tres leyes «prioritarias para la gestión municipal»

El presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), Raúl Delgado, entregó al titular de la Asamblea Nacional, César Litardo, propuestas de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD); a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (Lootugs); y a la Ley de Turismo.

Delgado indicó que las modificaciones al COOTAD permitirán redefinir la descentralización, así como, establecer el beneficio directo para los Gobiernos Autónomos Descentralizados y la población. Esto contribuirá a que se respete el ejercicio de competencias exclusivas de los municipios y la asignación directa de recursos.

Litardo mostró apertura por trabajar en conjunto con las municipalidades, en territorio, para conocer de cerca las demandas de la ciudadanía y así construir leyes que beneficien a los ecuatorianos. Asimismo, se comprometió a cerrar el primer debate de reformas al COOTAD, en los próximos días.

El asambleísta Héctor Yépez, presidente de la Comisión de GADs socializa con el Comité Ejecutivo de AME el trabajo conjunto realizado sobre propuestas de reformas al Lootugs y Ley Turismo.

Otras reformas al COOTAD presentadas por la AME buscan garantizar la autonomía municipal y el respeto a las competencias. Así como fortalecer, normar y mejorar el proceso y condiciones para la obtención de recursos a nivel multilateral y binacional, a través de mecanismos de cooperación internacional.

Respecto de la Lootugs, la AME plantea una reforma legal a la transitoria quinta de la norma para que los alcaldes puedan planificar de forma eficiente su gestión de suelo y ordenamiento territorial. En este marco, el presidente de la AME solicitó que se amplíe el plazo para la actualización de planes de desarrollo y uso de suelo, pues la norma contempla su entrega hasta mayo de 2020.

El presidente de la Asamblea planteó que el plazo debería extenderse máximo un año más, y se trabajará de manera diligente en la Comisión de Gobiernos Autónomos para que pueda reformarse la Ley en el menor tiempo posible.

En cuanto a la Ley de Turismo, el gremio municipalista propone que se definan mecanismos de gestión de turismo y gestión de capacidades que permitan generar proyectos de fortalecimiento, créditos preferenciales y asistencia para obtención de capital semilla, así como establecer los ejes rectores del turismo y facultades específicas y competencias.

Además, normativa que contribuya con la consolidación del turismo comunitario y aspectos relacionados con la pluriculturalidad, interculturalidad, multiculturalidad y turismo patrimonial, urbano y gastronómico.

Fuente: www.expreso.ec

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La Asamblea Nacional espera tres proyectos económicos

La Asamblea Nacional retorna de su vacancia legislativa, en medio de una crisis económica internacional que tiene efectos en el país. Se esperan definiciones de las bancadas para aprobar tres proyectos económicos: la reforma laboral, así como los cambios a los códigos Monetario y de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip).

Estas dos últimas son requeridas hace un año por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El escenario para el debate de esos proyectos es complejo, no solo porque el Ejecutivo no cuenta con una mayoría, sino por el ambiente previo al inicio del proceso para las elecciones generales de 2021.

El vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso (Creo), urgió ayer a Carondelet a remitir las propuestas, en vista de la situación económica que atraviesa el Ecuador por la caída del precio del petróleo, el aumento del riesgo país y las repercusiones del coronavirus en las exportaciones.

La oficialista Elizabeth Cabezas, vicepresidenta de AP, reconoció que el Ejecutivo aún no ha iniciado los contactos con el Parlamento para la discusión de los proyectos. En noviembre pasado, la falta de votos en el Pleno derivó en el archivo tanto de las reformas al Código Monetario como al Coplafip, que fueron incluidas en la denominada Ley de Crecimiento Económico. ​

La Ley de Simplificación Tributaria fue promulgada en el Registro Oficial el 31 de diciembre pasado, sin incluir cambios en ambos cuerpos legales. A la Asamblea todavía no llega la nueva propuesta. Según Donoso, estas reformas son urgentes para dotar de una mayor autonomía al Banco Central, mejorar el control a la deuda externa y disminuir la “capacidad discrecional” que tiene el Gobierno para el gasto público. Si estos proyectos son enviados a la Asamblea deberán ser tramitados por la Comisión de Régimen Económico.

Antes del receso, se decidió unificar seis propuestas de legisladores de Creo, el Partido Social Cristiano (PSC) y aliados de AP para avanzar en la reforma al Código Monetario, a la espera del proyecto del Ejecutivo. “Esperamos el documento. Si se presenta como económico-urgente lo tramitaremos en los 30 días que la ley establece. Y si no, trataremos de hacerlo lo más rápido posible”, dijo ayer el presidente de la Asamblea, César Litardo (AP). Añadió que esta Función solicitará información sobre las acciones que se tomarán para enfrentar la crisis, y llamó a actuar “con responsabilidad”.

El socialcristiano Henry Cucalón manifestó que “bajo ningún concepto (se puede recurrir a) más castigos tributarios. En una economía ya golpeada sería el tiro de gracia”.

El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Héctor Yépez (Creo), planteó alternativas como recortar el “gasto inútil” en bienes y servicios, renegociar la deuda y contratos petroleros. “Llevan tres años de retraso”, sostuvo. En enero, Litardo dispuso a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores que avance en el debate de las reformas al Código de Trabajo. Pero el ambiente es incierto.

En el último año el trabajo de esa mesa parlamentaria fue irregular, lo que no le permitió avanzar en las discusiones. Entre mayo y octubre no pudo sesionar por pugnas que obligaron a renunciar a María José Carrión (AP) a la Presidencia. En lugar de Carrión, con los votos del correísmo y el PSC, asumió Karina Arteaga (AP). Sin embargo, tras el receso, ella deberá afrontar una investigación por supuesta gestión de cargos públicos.

Litardo manifestó que la próxima semana se definirá en el Pleno la conformación de una Comisión Multipartidista para que indague a Arteaga. La titular de la Comisión de Trabajo aseveró que el proceso en su contra “es independiente, administrativo, que nada tiene que ver con el trabajo de la mesa”. Arteaga afirmó que tiene las pruebas para desvirtuar la denuncia presentada por Fabricio Villamar (ex Creo) y pidió que se respete el debido proceso.

Para lo que resta de este año, la Asamblea tiene una agenda de 21 leyes. De ellas, siete tienen que ver con empleo y productividad, como la Ley de Turismo y la de Pesca, que fue enviada al Ejecutivo para su veto. Ayer, Litardo recibió a delegados de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME).

Ellos le solicitaron que dentro de las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) se incluya una transitoria para que se les conceda una prórroga para la entrega de los planes de ordenamiento territorial. Hasta ayer no había convocatorias ni para el Pleno ni para las comisiones tras los 15 días de receso parlamentario.

En contexto ​

En casi tres años, la Asamblea ha enviado al Registro Oficial 43 leyes. La última fue la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, que fue aprobada en febrero pasado, antes de la vacancia. Para este año se definió como prioritarias a 21 normas, siete en materia de empleo y productividad.

 

Fuente: www.elcomercio.com

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Un ida y vuelta de recursos que dilatan los procesos

a ley los contempla y no hay abogado que prescinda de ellos. Los recursos horizontales y verticales previstos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y el Código Orgánico General de Procesos (COGEP) se ha convertido en un as debajo de la manga de la defensa técnica de procesados, que, en la mayoría de casos, genera una dilación de las causas.

Para muestra un botón: los procesos penales que se siguen en contra de Iván Espinel Molina, exministro de Inclusión Económica y Social (MIES), han pasado por todo lo que la ley prevé, como parte del debido proceso y derechos consagrados en la Constitución: recurso de apelación a la prisión, recurso de apelación a sentencias; recurso de hecho, aclaración, ampliación y ahora casación. Todo, contra las resoluciones o fallos que han emitido los jueces de primera y segunda instancia (juzgados, tribunales y Sala Especializada Penal), por lo que -hasta hoy- no hay algo en firme.

El próximo 7 de abril, el excandidato presidencial cumple dos años en prisión, en el Centro de Privación de Libertad Zonal 8 Regional Guayas, donde purga una condena de 10 años por el delito de lavado de activos. Una sentencia que fue emitida en mayo de 2019 y ratificada el 11 de diciembre del mismo año, por la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial del Guayas, donde casi todos los jueces han conocido los tres procesos que enfrenta el exfuncionario, en Guayaquil.

“La apelación a la prisión es la dilatoria más común que se ve”, señala César Peña Morán, fiscal multicompetente del cantón Daule. Es uno de los mayores problemas que observan los investigadores con el COIP, en los denominados recursos verticales: apelación, casación y de hecho.

Hace más de cuatro meses, explica como ejemplo, un juez ordenó la prisión preventiva a un hombre por el delito de violación. Su defensor impugnó la medida y el proceso subió a la sala penal, donde demoraron meses en convocar a la audiencia para resolver ese recurso.

El proceso se estancó en el juzgado (ahora unidad judicial). A pesar de cumplirse los 90 días de instrucción fiscal (en delitos no flagrantes) o 30 días (en delitos flagrantes), el fiscal no pudo avanzar con el dictamen hasta que los jueces provinciales resuelvan la impugnación a la medida cautelar.“No podemos llevarlo a efecto porque está en sala.

A veces se dilatan porque hay pocos jueces, funcionan audiencias a la misma hora, hay muchas falencias a ese nivel”, revela el fiscal. En el caso de Espinel, como último paso dentro de la justicia ecuatoriana, la sala penal del Guayas remitió a la Corte Nacional de Justicia el expediente de lavado de activos (compuesto por 87 carpetas de primera instancia y seis de segunda), para que se conozca y resuelva el recurso de casación que interpuso el exministro el pasado 28 de enero.

Eso, en contra del fallo que confirmó la condena.Mientras ese proceso subió el 12 de febrero a otro nivel, los expedientes de peculado y enriquecimiento ilícito están a la espera de otros pedidos y recursos.

En el de peculado, los jueces provinciales negaron una casación y uno de hecho por improcedentes. El 3 de febrero ordenaron que “se devuelva el proceso de inmediato a la unidad judicial de origen para los fines de ley pertinentes”, pero, aún están por resolver escritos presentados por su defensa.

EL DETALLE

Plazos. La ley establece tres días como plazo para poder interponer un recurso a las sentencias, autos y resoluciones emitidas por la autoridad judicial.

LOS RECURSOS

Verticales. Los recursos verticales están directamente en el COIP y son: apelación, de hecho y casación. El primero se aplica en orden de prisión o fallos. El segundo cuando un juez niega un recurso que el accionante considera está bien planteado. El de casación revisa si hubo vulneración de derechos.

Horizontales. El COIP recoge como ley supletoria al Cogep para los recursos horizontales, que son los de ampliación y aclaración. Se los aplica cuando existe ‘oscuridad’ en las resoluciones. Lo resuelve la misma autoridad que emitió el fallo, luego de hacer conocer a todas las partes con un tiempo de 72 horas.

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Comisión de la niñez socializará reformas al CONA en una cruzada nacional

El vicepresidente de la Comisión Ocasional de la Niñez y Adolescencia, Franklin Samaniego, realizó una evaluación del trabajo efectuado por los comisionados. En este marco, destacó las reformas a los cuatro libros del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA): «Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos»; «El niño, la niña y adolescente en sus relaciones de familia»; «Sistema Nacional de Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia» y «Responsabilidad del Adolescente Infractor».

Destacó que la mesa tiene previsto entregar el primer borrador a finales de marzo. Tras su presentación iniciarán un debate a escala nacional, pese a que durante el tratamiento de las reformas ya se recibió los aportes de niños, niñas y adolescentes, organizaciones de la sociedad civil y del Estado. Sin embargo, consideró importante realizar una cruzada y minga nacional para su socialización.

Samaniego resaltó que las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia tienen un enfoque de derechos en temas de género, paridad, eliminación de discriminación y violencia, incluso en las redes sociales. En este aspecto apuntó que los niños, niñas y adolescentes deben ser capacitados en herramientas digitales para que no sean víctimas de violencia por medio de estos canales. Si existiera un caso de vulneración de sus derechos deben recibir una reparación integral.

Durante su intervención hizo hincapié en el Sistema Nacional de Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, señaló que los niños, niñas y adolescentes necesitan jueces y personal especializado para atenderlos y no revictimizarlos.

También, señaló que al interior de la Comisión se han priorizado los derechos de los niños en cuanto a educación, salud y alimentación, en este punto recordó que la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Alimentación Escolar.

En otro tema, el asambleísta manifestó que el grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes solicitó de forma sustentada que la Comisión Ocasional que trata sobre esta temática se convierta en permanente.

 

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Derechos colectivos fijó su trabajo en temas de interés social

La Comisión de Derechos Colectivos enfocó su trabajo en el análisis de las reformas al artículo 5 de la ley de Comunicación para que sea un derecho y no un servicio; así como para regular el Exceso de Publicidad y propaganda del Sector Público. Con este fin, recibió observaciones del Ministro de Telecomunicaciones, de la Corte Constitucional del Ecuador, de la Unión Nacional de Periodistas y de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión.

Así mismo, a catedráticos de la Universidad Andina Simón Bolívar; del Centro de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, al legislador Fernando Callejas, al presidente del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, catedrático de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador, del Portal Ecuador Inmediato, presidenta del Colegio de Periodistas de Pichincha, representante del grupo Convergencia de Medios Alternativos.

La Comisión también elaboró el informe para primer debate del proyecto  de Ley con el que se interpreta las disposiciones derogatorias novena y décima de la Ley de Personas Adultas Mayores. El objetivo es precisar que no se elimina en su totalidad las leyes de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, así como el Equilibrio de las Finanzas Públicas, sino únicamente parte de ellas.

En materia de fiscalización, la mesa legislativa llevó adelante el caso de violación de derechos humanos de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. En el informe se establece que la Asamblea Nacional, en el marco de sus atribuciones y competencias, resuelva el inicio de juicio político contra el Ministro de Agricultura, por incumplimiento de funciones.

Igualmente, la mesa legislativa prosigue con la investigación de la supuesta violación de derechos de tierra, en el cantón Saraguro, provincia de Loja, en las comunas Paquishapa, Cumbe, Molle, Quillin y Cañaro.

Con este tema, los parlamentarios escucharon al ministro subrogante y subsecretario de tierras del Ministerio de Agricultura, así como a representantes de las comunas.

Retos 2020

Luego del receso legislativo, la Comisión tiene previsto elaborar el informe para segundo debate de las reformas a la Ley de Comunicación, unificando los proyectos presentados por el Ejecutivo y el legislador Fernando Callejas.

Además, está prevista la comparecencia de Ricardo Freire Granja, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), quien informará los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron y justificaron la extinción del título habilitante de radio Pichincha Universal.

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Factores internos y externos afectan a la inversión

La Ley de Fomento Productivo ha impulsado 76 acuerdos con empresas privadas, pero el contexto internacional mantiene cautos a los inversionistas. La Ley de Fomento Productivo cumple un año y medio de vigencia.

La propuesta fue enviada por el Ejecutivo con el fin de que Ecuador sea un destino más atractivo para las inversiones. Si bien esta ley ha permitido que se concreten nuevos contratos con empresas privadas, todavía están pendientes algunas reformas estructurales para que su impacto sea más palpable.

Dos economistas consultados por este Diario analizan la norma y otras opciones para que el país perciba más ingresos nacionales y extranjeros.

La ley se caracteriza por incentivos tributarios como la exoneración del Impuesto a la Renta por hasta 20 años para inversiones nuevas o la exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas para la importación de materias primas.

En febrero de 2020, el presidente Lenín Moreno informó que entre 2018 y 2019 se suscribieron 76 convenios con empresas nacionales y extranjeras que suman $ 2.000 millones y generan 10.000 plazas de trabajo. Pero para que la ley genere aún más las condiciones para que la inversión despunte, “es necesario la reforma laboral y la reforma de seguridad social”, indica el analista Jorge Calderón.

El experto cree que la ley tiene buenas intenciones, “pero si no se puede operar, se tiene problemas en la estructura de costos del país y se pierde competitividad, la inversión no va a venir”. El economista Héctor Delgado también coincide con este punto, pues cree que la reforma laboral es un pilar fundamental para cualquier inversionista extranjero.

“Las normas ecuatorianas son bastante rigurosas, como los costos de la seguridad social”. Otro punto clave para atraer la inversión es mejorar la competitividad a través de costos de producción más baratos.

Calderón comenta que Ecuador tiene margen para ello a través de la energía eléctrica, por ejemplo. Héctor Delgado añade que existen factores externos a la economía ecuatoriana que dificultan la llegada de recursos. Citó el riesgo país, que hasta el 28 de febrero fue de 1.466 puntos.

Este indicador varía principalmente con el precio del petróleo. En enero se festejaba un alza en su valor, sobre los $ 60, debido a la situación entre EE.UU. e Irán. Ahora, debido al brote de coronavirus en China, el precio del barril se ubica alrededor de los $ 48.

Esto significa que Ecuador percibe unos $ 40 por barril, cuando se presupuestó $ 51. “Eso deja ver la vulnerabilidad de la economía ecuatoriana”, asegura Calderón. Cree que es necesario hacer un cambio definitivo en la matriz productiva y apostar a la agricultura y ganadería, para no depender de acontecimientos internacionales.

En la misma línea, Delgado explica que el riesgo país es lo primero que los inversionistas analizan para decidir dónde colocar sus capitales, además de la seguridad jurídica. Señala que las empresas están algo temerosas por ser el 2020 un año preelectoral, “lo que hace que se mantengan al margen y no se vea una reactivación como tal”.

Ambos especialistas tienen una alta expectativa frente al futuro acuerdo comercial entre Ecuador y EE.UU. Para Delgado, es un excelente mensaje el hecho de que los presidentes de ambas economías se hayan sentado a analizar el tema y espera que se suscriba pronto.

Este instrumento le ayudará al país a competir sobre todo con Colombia y Perú que ya tienen acuerdos con EE.UU. Además se facilitará el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico. “Pero hay que negociarlo bien, se (deben poner) barreras y condiciones para no afectar a ciertos sectores que con el tiempo puedan modernizarse y entrar a temas de tecnología e innovación”, dice. Calderón recuerda que el trabajo que tiene que hacer el equipo negociador debe ser sin imposiciones. “Ecuador ya parte de una base que son los sectores sensibles ante un acuerdo”.

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Reformas a Ley de Minería permitirían que áreas estratégicas apliquen procesos transparentes

Luego del receso legislativo, el proyecto de reformas a la Ley de Minería, de iniciativa del asambleísta Patricio Donoso, entrará a segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. La propuesta busca garantizar que todo proceso de subasta o concesión minera se realice de manera transparente.

Para lograr este objetivo se plantea eliminar el segundo inciso del artículo 29 y el último inciso del 40, dijo Donoso. Indicó que actualmente las empresas estatales o extranjeras no pasan por procesos licitatorios, lo cual afecta a las empresas nacionales, es decir, esta segregación trae como consecuencia severos actos de corrupción.

Lo que se busca es precautelar los principios de transparencia y establecer un trato igualitario en todas las concesiones mineras. Esto permitirá mayores recursos económicos para el país a fin de atender las necesidades de los sectores más pobres, agregó Patricio Donoso.

Por tanto, todas las empresas sean públicas o privadas, nacionales o extranjeras se someten a un proceso de subasta pública y de licitación transparente, añadió.

Además, se quiere prevenir actos de corrupción, lograr inversión extranjera transparente y que las empresas en la prospección minera utilicen tecnología de punta para lograr un mejor tratamiento y cuidado del medio ambiente.

Si se aprueban las reformas a la Ley de Minería en el Pleno y entran al Registro Oficial, todas las áreas estratégicas: construcción de carreteras, campo petrolero, hidroelectricidad, etc., deberían pasar por procesos licitatorios. Esa transparencia generará más recursos para el Estado, menos corrupción y mayor cuidado al medio ambiente, recalcó el segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional.

Hay que tomar precauciones para que la corrupción no tenga lugar, afirmó el parlamentario al destacar la importancia de las reformas a la Ley de Minería, para fortalecer el trabajo de las distintas instituciones del Estado por transparentar los procesos de concesión en esta área.

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Corte Constitucional analiza cuatro casos sobre extractivismo

La Corte Constitucional (CC) no solo debe pronunciarse sobre la viabilidad de consultas populares sobre minería. Actualmente, cuatro casos están a la espera de dictámenes que podrían marcar un precedente jurídico para el extractivismo. La resolución de esos casos tiene un precedente que se deberá tomar en cuenta.

A propósito de la negativa de la CC al pedido de consulta popular antiminera por parte del prefecto de Azuay, Yaku Pérez, el órgano de interpretación constitucional señaló que “plantear una consulta respecto de la cancelación automática de concesiones previamente otorgadas por el Estado, comporta un efecto retroactivo que, al ser indeterminado, afecta al derecho constitucional de la seguridad jurídica”.

Para Juan Francisco Guerrero, constitucionalista, ese pronunciamiento determina el respeto a una concesión que cumplió con los requisitos legales. Acotó que en caso de no hacerlo, el país se expone a demandas internacionales. Sin embargo, la CC también dijo que “esto no implica que toda medida retroactiva sea inconstitucional. Existen circunstancias en las que la retroactividad está permitida de manera excepcional”.

La otra sentencia es respecto de la acción de protección interpuesta por la Comunidad Amazónica de la Acción Social Cordillera del Cóndor. Alegaron desalojos forzados y vulneración del derecho a la consulta previa.

La sentencia de segunda instancia determinó, entre otras cosas, que esa comunidad no ha podido establecer su ancestralidad ni su autodeterminación. Los dictámenes de ambos casos, de acuerdo con el constitucionalista Jorge Benavides, marcarán precedentes vinculantes que serán la base desde la cual los jueces actuarán en el futuro ante casos similares.

A esas dos sentencias seleccionadas se suman una acción de protección presentada por el Ministerio de Energía y Recurso Naturales No Renovables por el proyecto minero Río Blanco en el Azuay. La mina está paralizada de forma indefinida, tras una acción legal en la que comuneros de la zona argumentaron que no hubo consulta previa.

El dictamen de la acción de protección será importante, según Guerrero, porque la CC deberá pronunciarse sobre si la consulta previa es solo para los pueblos indígenas o para cualquier comunidad. Benavides refirió que en el caso Río Blanco se debe hacer una distinción entre la consulta previa y la ambiental.

La primera está en la Constitución, como uno de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas. La segunda puede ser invocada por todos quienes sean potenciales afectados por un proyecto.

Actualmente no hay ninguna demanda internacional por la paralización de ese proyecto, según el Ministerio de Energía. Lo que sí se ha anunciado es un arbitraje que abre un diálogo entre el Estado ecuatoriano y Ecuagoldmining.

La finalidad es “que el inversionista conozca las acciones del Estado para precautelar la inversión”, señaló esa Cartera de Estado. El cuarto caso tiene que ver con la demanda a favor de los waorani, en la que la Corte Provincial de Pastaza determinó que hubo vulneración al derecho a la consulta y un ambiente sano. La CC señaló que este caso está pendiente de resolución en la Sala de Selección.28

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Lagunas constitucionales le aparecen a la reforma electoral

Los cambios al Código de la Democracia podrían acumular cinco demandas.  La existencia de las circunscripciones electorales motiva reclamos.

Los festejos por la aprobación de las reformas electorales se van enfriando. Un colectivo que se autodenomina Somos Ciudadanos presentó ayer una demanda ante la Corte Constitucional (CC) en contra de uno de los cambios que la Asamblea introdujo al Código de la Democracia.

Específicamente, los activistas consideran que es inconstitucional que los legisladores hayan decidido cambiar el método de asignación de escaños de D’Hondt a Webster, pero manteniendo inalterables las circunscripciones electorales. Víctor Rivadeneira, vocero de este colectivo, dijo ayer que mientras se mantenga esta figura en la estructura electoral del país, se seguirá cometiendo “fraude” contra la representatividad política y los votos que depositan los ciudadanos.

Explica que, por ejemplo, en las elecciones seccionales de marzo de 2019, Fuerza Compromiso Social, que cobijó al correísmo, obtuvo el 22,4 % de los votos para conformar el Consejo Metropolitano de Quito, pero gracias a las circunscripciones alcanzó el 42,5 % de escaños. “Si no se declara la inconstitucionalidad de este artículo, se repetirá lo mismo en las próximas elecciones y los grupos políticos pequeños quedarán nuevamente excluidos”, argumentó Rivadeneira.

No son los únicos inconformes con este tema. Grupos ciudadanos como Esquel, Nosotras por la Democracia, Observatorio Electoral, Fundación Ciudadanía y Democracia, entre otros, prevén hacer un reclamo similar ante la Corte en los próximos días.

Sus representantes aseguran que aplicar el método de Webster manteniendo las circunscripciones electorales es incompatible. En los comicios del 2013 se aplicó por primera vez esta figura en Guayas, Pichincha y Manabí. Las dos primeras provincias fueron divididas en cuatro distritos; la tercera, en dos.

Fausto Camacho, que es parte del Observatorio, le dijo ayer a EXPRESO que esas no son las únicas objeciones que tienen a las reformas al Código de la Democracia. Hay tres aspectos más que serán demandados ante los jueces de la Corte Constitucional.

Igualdad

Otro punto en disputa es la licencia que deben pedir los funcionarios elegidos por voto popular que opten por la reelección. La Asamblea ratificó que serán 45 días (mientras dure la campaña electoral) sin sueldo. Los demás funcionarios públicos deberán pedir licencia desde el momento mismo de su inscripción (casi 100 días).

Migrantes

Los colectivos ciudadanos también prevén demandar que se hayan establecido requisitos distintos para la inscripción de los candidatos en el exterior, con relación a los que lo hagan en el país. Los activistas consideran que todos los requerimientos deben ser exactamente los mismos para todos.

Sanciones

Un reclamo que podría llegar a la Corte es debido a que en las reformas sí se establecen sanciones (incluso la pérdida de los derechos políticos o la destitución) para los funcionarios electorales que cometan infracciones. De estas sanciones fueron excluidos los integrantes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral.

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