MINISTRO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES PROPONE ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL PARA ENFRENTAR LA MINERÍA ILEGAL

La Comisión de Biodiversidad inició un proceso de fiscalización sobre las concesiones mineras e hidroeléctricas, con la presencia de Juan Carlos Bermeo, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, quien al referirse a la situación de las actividades mineras en la provincia de Morona Santiago señaló que la minería ilegal se concentra en los cantones Gualaquiza y Tiwintza, lugares de difícil acceso que impiden un control oportuno por parte de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

Precisó que pese a las limitaciones por falta de personal, recursos económicos, difícil acceso al sector, en Morona Santiago se realizaron 17 operativos y un total de 253 a nivel nacional, en lo que va de este año.

Dijo que la minería ilegal está muy bien equipada. En muchos casos la información se filtra desde las propias comunidades, quienes alertan a las empresas de los controles. Precisó que todos los proyectos de mediana y gran minería cuentan con estudio de impacto y manejo ambiental, así como con la respectiva licencia, como un acto previo para el inicio de sus tareas. Aclaró que el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables no tiene competencia en materia ambiental.

El Secretario de Estado afirmó que enfrentar el problema de la minería ilegal debe haber articulación entre el Ministerio de Gobierno, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos en coordinación con las entidades judiciales y la implementación de una oficina técnica administrativa para lograr acciones de control inmediato de minería no autorizada, en virtud de que por sí solas no se logrará este objetivo.

Precisó que el catastro minero se encuentra actualmente cerrado. Mencionó que hay un crédito del BID para la contratación de la firma, que se encargará de actualizar la información y una vez que esté listo el registro de títulos mineros se abrirá para otorgar nuevas concesiones. El Ministerio está implementando una herramienta tecnológica que permita una eficiente gestión de control minero. Al momento hay 23 concesiones mineras suspendidas por no cumplir con los permisos respectivos, añadió.

Al referirse a la consulta previa, libre e informada a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, recordó que la Corte Constitucional estableció un plazo para que el Parlamento expida la ley correspondiente.

El presidente de la Comisión, Washington Varela, indicó que le preocupa la respuesta del Ministro respecto de la consulta previa, pues si bien no hay una ley expresa no se puede dejar de lado lo que establece la Constitución, la Ley de Participación Ciudadana y la Ley de Minería sobre este particular, ya que es deber del Estado y del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables acatar lo que está escrito en las leyes. Dijo que la normativa debe ser trabajada entre los Ministerios de Ambiente, de Recursos Naturales no Renovables y la mesa legislativa.

Los legisladores Vanesa Álava, Juan Cristóbal Lloret y Washington Varela cuestionaron la falta de acciones para frenar y controlar la minería ilegal a nivel nacional. Lloret solicitó a la mesa legislativa convocar a la Fiscal General del Estado para que indique si las instituciones han realizado denuncias penales sobre actividades mineras ilícitas en zonas prohibidas para que pueda actuar.

De su lado, el director de la Agencia Nacional de Control Minero, Xavier Vera, señaló que, lamentablemente, la falta de personal impide actuar de manera oportuna.

Respecto de los proyectos hidroeléctricos Hidroababico, Hidronormandía e Hidrosanbartolo, en la provincia de Morona Santiago, el Ministro señaló que las empresas operan de forma sustentable en lo económico, social y ambiental, a fin de conseguir el desarrollo sostenible de las comunidades aledañas, los trabajadores, proveedores y autoridades. Los recursos que generan estos proyectos permiten la construcción de escuelas, el establecimiento de plantas de tratamiento de agua, entre otros beneficios, añadió.

Los parlamentarios señalaron que en las comunidades y pueblos en los que se asientan estos proyectos no se visibiliza el apoyo para su desarrollo. El presidente del organismo legislativo, Washington Varela informó que proseguirán con el control político y de fiscalización respecto de la minería ilegal.