PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEBATIRÁ PROYECTOS PARA PROTEGER LA SALUD Y GARANTIZAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE COMUNICACIÓN
La Asamblea Nacional, con 131 votos afirmativos, aprobó el proyecto de Ley de Vivienda de Interés Social, sobre la base del informe presentado por la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, esta normativa busca garantizar una regulación efectiva en temas de vivienda de interés social y eliminar trabas administrativas para el trámite de los respectivos permisos.
El proyecto que en los próximos dos días hábiles será enviado al Ejecutivo para la respectiva sanción u objeción, tiene el objetivo de garantizar la prestación del servicio público de vivienda de interés social, a través de la generación y promoción de proyectos, planes habitacionales de iniciativa pública, privada o cooperativa; promover la organización cooperativa y el desarrollo de la economía popular y solidaria en la planificación, oferta y solución de la demanda habitacional.
Así mismo, busca impulsar la asignación, generación y gestión de recursos públicos y privados, nacionales y extranjeros para el desarrollo de este segmento de vivienda; y, dotar a los gobiernos autónomos descentralizados de las herramientas legales para el aprovisionamiento y gestión de la vivienda de interés social.
En el debate intervinieron 23 legisladores, incluida la exposición del ponente, Celestino Chumpi, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Las diversas bancadas expresaron su apoyo a esta iniciativa legal, considerando que Ecuador tiene un alto déficit de viviendas, que supera los tres millones de unidades habitacionales, a lo cual se suma la falta de servicios básicos para atender los requerimientos de los asentamientos en zonas rurales e inclusive urbanas.
Las propuestas versaron, entre otros temas, en la necesidad de regularizar los barrios y asentamientos poblacionales en diversas zonas del país, para que los ciudadanos puedan contar con el título de propiedad de sus viviendas, con lo cual podrán acceder a los servicios básicos, a través de los gobiernos locales, cantonales, provinciales y parroquiales.
Igualmente, solicitaron se consideren condiciones específicas, por ejemplo, las costumbres y las formas propias de vida comunitaria de los pueblos y nacionalidades, al igual que los planes de ordenamiento territorial en zonas con un ecosistema frágil, como en el caso de las islas Galápagos, a fin de preservar este Patrimonio Natural de la Humanidad.
Evaluación y seguimiento
Al cierre del debate, Guadalupe Llori Abarca, presidenta de la Asamblea Nacional, destacó el trabajo del Legislativo en el trámite y aprobación de leyes de profundo contenido social, que son parte de la Agenda Parlamentaria “Minga por el Ecuador 2021-2022”; y, resaltó que “luego de la aprobación y vigencia de la Ley de Vivienda de Interés Social se desarrollará un proceso de seguimiento y evaluación de esta normativa, a fin de constatar que sus beneficios lleguen a la mayoría de los ecuatorianos”.
El Pleno de la Asamblea Nacional sesionará el martes 11 de enero, a las 09:30, con el fin de tratar en primer debate los proyectos de Ley Orgánica para la Gestión de la Emergencia Sanitaria por Pandemia, causada por el COVID-19 y sus variantes, y de Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa, de Opinión, de Expresión y de la Comunicación.
Gestión de Emergencia Sanitaria
Esta propuesta tiene como propósito fundamental proteger la salud de los ecuatorianos, para lo que crea herramientas jurídicas que permiten el manejo de la pandemia, como el procedimiento para la declaratoria de zonas de alertas sanitarias, planes de contingencia desde una visión epidemiológica, con el fin de adoptar medidas técnicas y motivadas. Además, prevé un régimen de control respecto a la movilidad, uso de espacios públicos y reunión, control sobre ferias, mercados y comercio, así como, el control de aforos en los establecimientos de actividades comerciales.
También, se pretende institucionalizar a nivel legal el funcionamiento de los Comités de Operaciones de Emergencia, que se instituyen como organismos de coordinación interinstitucional, dejando a los organismos de los diferentes niveles de gobierno con competencia exclusiva y concurrente para poder actuar en el marco de sus atribuciones.
Libertad de Expresión y Comunicación
El proyecto de Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa, de Opinión, de Expresión y de la Comunicación surge y plasma la intención de contar con una nueva Ley que de manera autónoma y específica desarrolle y norme las libertades de prensa, de opinión, de expresión y, los derechos de información y comunicación, reconocidos en la Constitución y los instrumentos internacionales.
Además, busca dar lugar a un esquema híbrido de autorregulación y responsabilidad ulterior, tal como lo sugieren los estándares interamericanos en materia de protección de derechos humanos. Se basa en un principio fundamental que promueve el derecho a la libertad de expresión y protege a los ciudadanos de discursos de odio, violencia y pornografía infantil, así como el trabajo de quienes laboran en medios de comunicación, entre otros aspectos.
