Piden evitar regresión de derechos para medios comunitarios, populares, de pueblos y nacionalidades
Cerca de treinta voces de diferentes medios de comunicación comunitarios, populares, de pueblos y nacionalidades participaron en la reunión programada por el presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, Fernando Cabascango, para escuchar criterios sobre el proyecto de Ley de Libre Expresión y Comunicación, de iniciativa del Ejecutivo.
Que se respeten los derechos consagrados en la Constitución frente a una comunicación libre, intercultural, plurinacional, incluyente y participativa, por tanto, evitar el monopolio, garantizar la distribución del 34 % para la operación de medios comunitarios fue la principal propuesta que se expuso en la reunión.
Respecto del proyecto enviado por el Ejecutivo, el asesor del parlamentario Floresmilo Simbaña, dijo que el proyecto no considera la participación de los sectores comunitarios como son las comunas, pueblos y nacionalidades, universidades, grupos juveniles, organizaciones sociales y populares, ni propone mecanismos ni incentivos a estos actores que trabajan en la comunicación. Afirmó que si bien el articulo 9 del proyecto cita a pueblos y nacionalidades, no establece de qué manera ni con qué mecanismos se posibilitará el ejercicio de estos derechos.
Señaló que en el proyecto se fija el derecho a la réplica y la responsabilidad civil ulterior, pero no se determina con precisión las consecuencias de los medios que no cumplen el derecho a la réplica en favor del perjudicado ni viabiliza la acción social y ciudadana para prevenir el abuso de los medios privados y públicos.
Hernán Reyes, de la Universidad Central, dijo que la libertad de expresión no debe ser excluyente. Lo esencial es defender los derechos de todos los sectores, entre ellos de los medios comunitarios, agregó, mientras que Jorge Guachamín, desde la Corape, señaló la necesidad de establecer concursos transparentes para la entrega de frecuencias radioeléctricas. Apawki Castro, de la Confederación de Nacionalidades, precisó que con la propuesta se pretende dejar a voluntad de los medios de comunicación que acojan o no espacios interculturales, lo cual es regresión de derechos.
Por su parte, Cristina Benavides, docente de la Universidad Central, sugirió revisar la definición de medios comunitarios. Afirmó que no está de acuerdo con la autoregulación de los medios de comunicación. Liliana Champutiz, del pueblo pasto de Carchi, pidió que la normativa tome en cuenta el estado plurinacional e intercultural como sujetos de derechos colectivos y que se respete el acceso del 5 % de contenido intercultural en los medios de comunicación.
A Isabel Ramos, de la Flacso, le preocupa que la propuesta enviada a la Asamblea Nacional, deroga la responsabilidad ulterior efectiva, elimina la suscripción de contenidos de la producción de pueblos y nacionalidades para lograr la interculturalidad, no se clasifica a los medios por su alcance, lo cual genera monopolización. En cambio, Verónica Calvopina, del medio El Churo, pidió evitar la concentración del espectro radioeléctrico. Andrés Tapia, de comunicación popular, consideró esencial mantener las acciones afirmativas para garantizar la democratización de la comunicación.
Por su parte Humberto Cholango, en representación de los medios comunitarios, solicitó dar seguimiento al informe final de la Contraloría para saber si se cumplió con las recomendaciones en torno a la concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico para los medios comunitarios. Afirmó que todavía se concentra el 95 % del espectro radioeléctrico en manos privadas y apenas el 2% para radios comunitarias.
Hugo Ramírez, de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), dijo que cuando se habla de libertad de expresión no se refiere a los medios, sino al derecho que tienen los ecuatorianos. Precisó que no se puede invisibilizar la palabra de medios de comunicación comunitarios. El asambleísta Fernando Cabascango explicó que espera la resolución del Consejo de Administración Legislativa y defina la comisión que tratará el proyecto para iniciar un debate amplio para recabar opiniones de diferentes sectores y construir una normativa con enfoque intercultural y alcanzar equidad e igualdad de derechos.