SE AMPLÍA EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO PARA FORTALECER EL SISTEMA PENITENCIARIO
| La Comisión de Justicia y Estructura del Estado amplió el proceso de socialización del proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal para Fortalecer el Sistema Penitenciario. En la sesión de este lunes participaron directivos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía General del Estado.
El presidente de la comisión, Alejandro Jaramillo, resaltó la participación de expertos, profesionales, colectivos ciudadanos, instituciones y autoridades que enriquecerán el debate del proyecto con sus observaciones para fortalecer el sistema penitenciario. Pablo Ramírez, director general del SNAI, expresó que es necesario dictar medidas y acciones tendientes a lograr la transformación del sistema que ha sido abandonado por muchos años, cuya base legal se generará a través de cambios al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Ante el incremento de la violencia y la pérdida de control en las cárceles, aseveró que la solución a este problema no solo le corresponde al Ejecutivo, sino que demanda la atención integral de las diversas funciones del Estado, de allí la importancia de las reformas que se debaten en la Asamblea. El funcionario sugirió que la administración de los centros de privación de libertad se mantenga en el SNAI, como el ente técnico de rehabilitación, a la vez que presentó varias sugerencias sobre el régimen de traslados de los internos, y los sistemas de seguridad, de alimentación y de trabajo de las personas privadas de la libertad. También propuso que, a más del derecho al trabajo, a la educación, cultura y deporte, se garantice el derecho a la asociación de las personas privadas de la libertad, durante la ejecución de la pena y luego de cumplir la sentencia; esto, con el fin de evitar que en libertad sean discriminadas o estigmatizadas y darles una segunda oportunidad en su rehabilitación social. En representación de la Defensoría del Pueblo intervinieron Christian Nieto, asesor del Defensor del Pueblo y Pablo Rodríguez, especialista de mecanismos de prevención de la tortura, quienes presentaron sus observaciones tendientes a fortalecer el sistema penitenciario. Nieto sostuvo que el Estado no responde ante la problemática dentro de las cárceles, por lo que es necesaria una acción articulada de todos los organismos del Estado para impulsar una verdadera rehabilitación social. Así mismo, señaló que la situación que se vive en las cárceles exige una reestructuración integral, en los diversos ámbitos del sistema penitenciario; entre ellos, el aparato administrativo. Como representantes de la Fiscalía General del Estado, intervinieron Daniel Bejor, director de Derechos Humanos, y Guido Quezada, director subrogante de Política Criminal, quienes detallaron las observaciones al articulado del proyecto, y se comprometieron a presentarlas por escrito, para que sean consideradas en el debate de la propuesta normativa que lleva la Comisión de Justicia. |
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