ASAMBLEA EXIGE AL GOBIERNO UNA PROPUESTA SERIA DE APERTURA AL DIÁLOGO PARA ALCANZAR CONSENSOS

La Legislatura rechazó el manejo errático de la situación social y política por parte del Gobierno Nacional que con su accionar cada vez la profundiza más, así como la actitud demostrada por parte del Ejecutivo, en su intención de burlar los sistemas de control previstos en el ordenamiento jurídico, por medio de la derogatoria del Decreto Ejecutivo No. 455, emitido el pasado 17 de junio.

Igualmente, exhorta el pronunciamiento inmediato de la Corte Constitucional con la finalidad de que, en ejercicio de su facultad de control sobre los decretos de estado de excepción, evidencie, limite y prevenga el claro y malicioso abuso de mecanismos e instituciones jurídicas extraordinarias previstas en la Constitución de la República y en el ordenamiento jurídico vigente y una eventual violación a los derechos constitucionales de los ecuatorianos.

También convocó para este martes, 21 de junio de 2022, a las 16h30, en la sede de la Asamblea Nacional, a los representantes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, del Sistema de Naciones Unidas, Comité Internacional de Cruz Roja, un representante de las universidades públicas y privadas del Ecuador, representantes de las cámaras de comercio y producción y de otras entidades, así como a organizaciones y/o gremios de carácter nacional, a una mesa de diálogo, para proponer mecanismos de solución a los difíciles momentos que atraviesa el país.

Previamente, el Pleno debatió los efectos del estado de excepción decretado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, el pasado viernes 17 de junio. Durante las 19 intervenciones, legisladores de distintas tendencias políticas cuestionaron la decisión del Ejecutivo de contrarrestar la protesta social con un decreto que lo único que hace es criminalizar la protesta social y, a la vez, provocar la radicalización de las movilizaciones del sector indígena, así como de otras organizaciones y colectivos sociales.

Añadieron que no se puede llamar al diálogo y, como contraparte, dictar un estado de excepción para impedir la protesta social y para allanar la Casa de la Cultura Ecuatoriana, militarizar sus instalaciones y buscar la manera de amedrentar al ciudadano que sale a las calles para pedir rectificaciones al Gobierno Nacional, que cumpla sus ofertas de campaña y que se resuelvan problemas básicos como la falta de empleo, falta de atención en los hospitales, falta de insumos y medicamentos, entre otros.

Comisión general

Al inicio de la sesión, los legisladores recibieron en comisión general a representantes de varias organizaciones, colectivos y ciudadanos, quienes se pronunciaron por la revocatoria del estado de excepción decretado por el Presidente de la República el pasado viernes, 17 de junio. Así, por ejemplo, Viviana Idrovo, defensora de derechos humanos, aseguró que existen resultados nefastos de la represión a las marchas sociales, incluyendo una persona fallecida y más de 70 detenidos.

Darly Rayo Quiñónez, de los trabajadores de la salud, respaldó la protesta social en demanda de presupuesto para el sector social, al igual que Pablo Rodríguez, representante estudiantil de la Universidad Central, quien consideró legítimo el derecho a protestar en demanda de mejores condiciones de vida para las familias ecuatorianas.

Fernando Cerón y Andrés Madrid Tamayo, presidente y secretario general de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, respectivamente, rechazaron el allanamiento a su sede en Quito, que es una flagrante vulneración de la autonomía de la entidad, hecho que no se había producido ni en las peores dictaduras que ha vivido Ecuador.

Mientras, Sybel Martínez, quien fuera parte de la Comisión de la Verdad de lo ocurrido en octubre de 2019, así como los dirigentes agrícolas y campesinos Bernardo Bravo y Dilmo Párraga, solicitaron dejar sin efecto el estado de excepción para que se deje de criminalizar la protesta social.

Entre tanto, los ciudadanos José Luis Holguín, Pablo Luzuriaga y Henry Yandún solicitaron que no se revoque el estado de excepción, porque se dejaría en indefensión a los ecuatorianos que aspiran una sociedad pacífica, que genere las condiciones necesarias para la reactivación económica y que no se repita lo ocurrido en octubre de 2019, cuando se destruyó la capital de la República.

Concluida la votación sobre la moción presentada por la asambleísta Mireya Pazmiño, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, suspendió la sesión 779, cuya reinstalación será convocada oportunamente.