Comisión avanza en el tratamiento del proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria por pandemia

El Pleno de la Asamblea Nacional exhortó al presidente de la República, Guillermo Lasso, que remita un proyecto de ley para derogar la norma que obliga a los microempresarios el pago del 2% sobre el total de las ventas, sin considerar si tuvieron o no utilidades.

La propuesta fue presentada por el legislador Mario Ruiz, quien aseveró que el año 2020 fue muy complicado para la mayoría de los comercios, que tuvieron una disminución drástica en sus ventas y, por ende, en su resultado final, por lo que no es factible obligar al pago del impuesto.

Advirtió que el tributo no considera si la empresa tuvo utilidades o no, pues no toma en cuenta los gastos y otros egresos. Indicó que en el año 2020 la mayoría de las microempresas apenas cubrieron los gastos de producción, pese a lo cual continúan pagando el impuesto, lo que contrasta con las grandes empresas que se beneficiaron con acciones como remisión de intereses y multas.

La resolución

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 121 votos, exhortó al Primer Mandatario que remita un proyecto de ley que derogue el Capítulo II sobre el Impuesto a la Renta del Régimen Impositivo para Microempresas, establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno, puesto que grava los ingresos obtenidos, sin tomar en cuenta los gastos o costos incurridos.

También exhortó al Gobierno Central que proponga en el proyecto mecanismos de compensación, remisión de intereses, multas y recargos tributarios, así como facilidades de pago para su aplicación inmediata, que beneficien a los microempresarios, sobre todo a aquellos que no han tenido utilidades desde el inicio de la pandemia, para que el Régimen Tributario procure el cumplimiento de los principios de progresividad, eficiencia y equidad y que la política tributaria promueva para las microempresas la redistribución, estimulación de la producción y generación de empleo.

Debate

El legislador Diego Ordóñez dijo que está de acuerdo con la derogatoria de la norma que grava sobre las ventas, no sobre la renta ni sobre la diferencia entre ingresos y gastos, a fin de garantizar equidad tributaria entre todos los contribuyentes. La asambleísta Jahiren Noriega afirmó que el impuesto del 2 % afecta a la generación de empleo y no cumple los principios de la política tributaria, como progresividad, eficiencia, equidad y transparencia.

Amada Ortiz aseveró más de un millón de emprendedores han sido afectados por el impuesto del 2 %, al que lo califico de inequitativo y sesgado, mientras que Joel Abad señaló la necesidad de garantizar condiciones de crecimiento a los emprendedores y a los agricultores, entre otros sectores. Yeseña Guamaní expuso su preocupación porque el 80% de microemprendimientos fracasa por la falta de liquidez, situación que se agravó por la pandemia. María Fernanda Astudillo sostuvo que se requiere generar condiciones para que los emprendedores puedan crecer y con ello se desarrolle el país.

De su lado, Mariano Curicama presentó su apoyo a los emprendedores y respaldó la derogatoria del impuesto del 2%. Advirtió que este tributo constituye la estocada final a los negocios. La legisladora Mireya Pazmiño afirmó que el tributo afecta a la mayor parte de la microempresa en lugar de ser un incentivo al emprendimiento.

La asambleísta Johanna Moreira resaltó que los emprendedores apoyan al desarrollo económico del país y la economía familiar que fue afectada de manera alarmante por la pandemia. Esteban Torres expresó que existe el clamor para eliminar la figura del 2% sobre las ventas de los emprendimientos, incluidas las tiendas de abarrotes, pese a que no tienen ventas por la emergencia sanitaria. La parlamentaria Marcela Holguín advirtió que mientras no se derogue el impuesto, más de un millón de emprendedores tendrán que seguir pagando el 2% de sus ventas.

Byron Maldonado tras reiterar el apoyo al microempresario, dijo que el país necesita una reforma tributaria integral que requiere soluciones técnicas, mientras que Dina Farinango consideró necesario que el SRI depure el catastro del régimen impositivo de los microempresarios. Lucía Placencia manifestó que la norma en referencia no cumple los objetivos de la política tributaria, que es promover la redistribución y estimular el empleo y la producción nacional. Jorge Pinto manifestó que los microempresarios fueron seriamente afectados por la pandemia

Pamela Aguirre sostuvo que el impuesto del 2% es un atentado contra los pequeños negocios y ha perjudicado a más de un millón de personas. Juan Fernando Flores anunció que el gobierno presentará una reforma tributaria que dará más capacidad a los ecuatorianos y más oportunidades a los emprendedores.Dentro del tratamiento del proyecto de Ley para la Gestión de Emergencia Sanitaria por Pandemia, la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte recibió las observaciones de la delegada del Ecu 911, Renata Moreno y del constitucionalista Ismael Quintana.

La iniciativa busca regular las medidas de restricción por Covid-19 de una forma que no necesite estados de excepción, conforme el pronunciamiento de la Corte Constitucional que pidió al Ejecutivo y Legislativo trabajen en un proyecto para evitar la necesidad de recurrir a estados de excepción.

El presidente de la Comisión, Marcos Molina, manifestó que la ley es necesaria para evitar las declaratorias de estados de excepción, que afectan a varios sectores, entre ellos al productivo.

Informó que la demora en el cierre del informe para primer debate se debe a que la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República no ha enviado sus observaciones al texto. Aseguró que el proyecto tendrá importantes cambios para cubrir los vacíos que tenía el texto original.

Molina consideró que el camino correcto para esta ley es definir de manera clara las restricciones en áreas críticas determinadas, como barrios, parroquias, zonas de tolerancia o tipos de locales como bares y discotecas. La idea es que se logre contener futuros brotes del virus sin paralizar ciudades enteras o afectar la economía de los ciudadanos, basados en indicadores, afirmó.

El constitucionalista Ismael Quintana subrayó que la Asamblea tiene la obligación de tramitar y debatir este proyecto. “El proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria por Pandemia no se puede archivar y debe pasar por primer y segundo debate” enfatizó.

Advirtió que uno de los temas de mayor preocupación podría ser el relacionado con el régimen sancionatorio, porque puede existir una eventual violación al principio de legalidad, en el establecimiento de sanciones, al no estar tipificadas las infracciones.

Asimismo, dijo que con la Ley de Emergencia Sanitaria el COE Nacional tendrá una base legal para su existencia. Sin embargo, hay que analizar el alcance de sus atribuciones, a fin de no afectar determinados derechos constitucionales.

Renata Moreno junto a Juan Pablo Morales, asesor del Ecu 911 dijo que han divido sus observaciones en dos partes: de carácter general, indicando la necesidad y el contexto en la cual la Corte Constitucional consideró la necesidad de la expedición de una ley que regule las medidas que se podrían adoptar en función de la pandemia.

Subrayó que esta Ley es fundamental por dos razones: primero porque la pandemia, se calcula, nos “acompañará” por años, lo cual obligará a tomar medidas de carácter extraordinario y finalmente porque la resolución de la Corte dispone debatir de la forma más amplia posible y considerar mecanismos adicionales a los existentes para combatir temas relacionados con la pandemia. El asambleísta Joel Abad solicitó el criterio jurídico sobre las posibles inconstitucionalidades del proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria por Pandemia por la posible transgresión del artículo 11 de la Constitución.

Write a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *