COMISIÓN DE SOBERANÍA INTENSIFICA ESTUDIO DE LAS REFORMAS A LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA

En el Ecuador actualmente existen 180.000 guardias de seguridad privada, registrados en el Sistema de Empresas de Seguridad Privada del Ecuador (SICOSEP). En este contexto, el asambleísta Rodrigo Fajardo, enfatizó que la actual Ley de Seguridad Privada necesita una reforma urgente, ya que desde el año 2013 no se han realizado modificaciones a la misma.

“Es un hecho histórico presentar nuestras propuestas a la Asamblea Nacional”, expresó Diego Arroyo, representante de la Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada (FENASPE). En su intervención mencionó que la ley vigente está hecha a medida de los empresarios y se necesita una reforma urgente, que garantice y proteja los derechos de los trabajadores de este sector.

Por su parte, Thomás Toledo, otro de los representantes del gremio, expresó que la ley vigente ha fomentado la ilegalidad, duplicidad de tareas, arrogación de funciones y concentración de facultades.

Enfatizó que no se ha valorado las condiciones laborales que impactan en la salud y vida de los trabajadores, por lo que recomienda que se sustente adecuadamente las formas de contratación, la asignación de un salario digno, se propenda a la estabilidad laboral y a la plena vigilancia de derechos.

A este criterio se sumó Rubén Salvador, quien aseguró que las actividades de seguridad privada en el país han sido invisibilizadas y se debería elaborar una propuesta equilibrada.

El subsecretario de Orden Público, Francisco Cobo, solicitó el archivo del proyecto, argumentando que atenta contra los deberes y derechos de los trabajadores de la seguridad privada. Sugirió preparar una nueva ley, a la vez que sostuvo que las empresas deben dotar de equipos adecuados a los trabajadores para precautelar sus vidas.

También sostuvo que se requiere actualizar los servicios que brinda la seguridad privada, ya que constituyen una fuerza laboral importante para el desarrollo de todo el país. Finalmente el asambleísta Jorge Pinto, propuso el archivo del proyecto. Argumentó que tiene errores y que la comisión está en capacidad de trabajar un nuevo proyecto con la ayuda de los diferentes sectores y garantizar una norma de calidad.

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