Comisión recibe nuevos aportes para el proyecto de Ley de Libre Expresión y Comunicación

La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana continúa con el tratamiento del proyecto de Ley de Libre Expresión y Comunicación. En esta ocasión, la mesa recibió los criterios de Guadalupe Fierro, expresidenta de la Unión Nacional de Periodistas.

En su intervención dijo que el país esperaba que haya un proyecto sustitutivo a la Ley de Comunicación vigente, ya que esta ha dejado un saldo negativo para el Periodismo. Resaltó que es necesario que se separen los cuerpos normativos y se trasladen a otras leyes como la de Telecomunicaciones y de Cultura.

Recalcó que la propuesta de la UNP se concentra en tres ejes: permitir un anclaje de la libertad de expresión como un derecho fundamental de los seres humanos, garantizar la responsabilidad social de periodistas y medios, y promover y garantizar la participación ciudadana.

Entre los elementos positivos de la ley indicó que la norma defiende, promueve y garantiza las libertades de expresión, comunicación y prensa e incorpora instrumentos internacionales. Destacó que en esta iniciativa no habrá sanción penal a medios y periodistas que opinen, critiquen o denuncien y solo habrá responsabilidad civil. Así mismo mostró su acuerdo con la incorporación expresa del estándar de real malicia y el mantenimiento del derecho a la réplica.

También solicitó que se restituya el artículo 42.1 de la Ley Orgánica de Comunicación, sobre la protección a los periodistas.

Los asambleístas también recibieron al académico Romel Jurado, quien analizó el proyecto enviado por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Indicó que la normativa elimina una gran cantidad de derechos ciudadanos establecidos en la Constitución de 2008 y que ya han sido desarrollados en la Ley de Comunicación vigente.

Destacó, además, que el segundo propósito de este proyecto de ley es cambiar el nombre de esta Ley Orgánica y reducirla a su mínima expresión, dejando solo 14 de los 119 artículos que en la actualidad conforman la norma. Apuntó que el tercer objetivo de la ley presentada por el Ejecutivo es crear una ley ordinaria para regular temas de producción nacional y publicidad, al mismo tiempo que debate la Ley Orgánica de Comunicación, a lo cual lo calificó de irregular.

Así mismo describió algunos problemas jurídicos y errores de técnica legislativa que tiene el proyecto de ley. Entre ellos mencionó que, en lugar de desarrollar derechos constitucionales, se pretende eliminar derechos económicos sociales y culturales que constan en la ley vigente.

Remarcó que la obligación del Estado es crear condiciones políticas, sociales y materiales para que los derechos de comunicación sean ejercidos por los ciudadanos.

Sobre la autorregulación, dijo que esta pretende ser sustituida por códigos de ética realizados por los mismos medios, como si fueran autónomos dentro del estado ecuatoriano. A la vez apuntó que no hay posibilidad de que los ciudadanos exijan el cumplimiento de esas normas.

La Comisión escuchó al académico Alejandro Salguero. Él resaltó que el proyecto propuesto por el Jefe de Estado es una ley favorable al ejercicio de la libertad de expresión. Señaló que los medios de comunicación cumplen una función social trascendente para la consolidación democrática para la generación del conocimiento e información. Lo que sí cuestionó es que la nueva ley derogue una serie de artículos estipulados en la Ley de Comunicación. En tal sentido, comentó que la propuesta del Ley de Libre Expresión y Comunicación sería contraria a las disposiciones constitucionales.

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