Comité plantea al Pleno de la Asamblea incluir en el debate de reformas constitucionales la bicameralidad
En el marco del informe para segundo debate del Proyecto de Reforma Parcial a la Constitución de la República del Ecuador, presentada por el Comité por la Institucionalización Democrática, el Pleno de la Asamblea Nacional recibió en comisión general a los miembros de esta agrupación.
Pablo Dávila Jaramillo remarcó que la propuesta contiene tres reformas puntuales: eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, reestructurar la Función Legislativa y promover la autonomía e independencia de la Fiscalía General del Estado como un órgano clave de lucha contra la corrupción.
Durante su participación insistió en la propuesta de establecer el sistema bicameral en Ecuador y solicitó que se explique con claridad por qué esta iniciativa se pretende dejar de lado, así mismo dijo que se clarifiquen los argumentos técnicos para no dar cabida a este sistema.
Reconoció que la existencia de 14 constituciones con presencia de Senado habla de una identidad constitucional en Ecuador que contribuye a una democracia y a equilibrio de poderes. Negó que las tensiones entre las dos Cámaras dificulten el trabajo y habló de un sistema de pesos y contrapesos necesarios en el trabajo legislativo.
Así mismo remarcó que no habrá duplicidad de funciones entre las Cámaras, manifestó que en la propuesta están claramente establecidas las atribuciones tanto del Senado como de la Cámara de Representantes.
Dávila señaló que la propuesta que se puso en conocimiento de la Asamblea Nacional responde a un principio de democracia directa, por ello, es necesario que el pueblo sea quien se pronuncie sobre esta reforma y que no sea descartada por el Pleno que estaría obligado a resolver los tres puntos centrales de la iniciativa.
De su parte, Hernán Perez Loose, miembro del Comité, agregó que la idea que se plantea de Senado no es de corte aristocrático. Puntualizó que el planteamiento es que sus integrantes sean elegidos a escala nacional de una lista de 30 personas, por voto directo y libre. “No serán senadores de carácter funcional o corporativo”, opinó.
A la vez manifestó que se necesita fortalecer a un cuerpo legislativo de carácter nacional para asignarle funciones que respondan a una realidad. Dijo que, además, el proyecto busca reasignar funciones para que el trabajo legislativo y de fiscalización fluya.
José Ayala Lasso, quien también forma parte de esta organización, indicó que la propuesta tiene como propósito cambiar parcialmente la institucionalidad del Estado para darle mayor fuerza, eficacia y funcionalidad, criterio que fue compartido por Simón Espinosa, también integrante del Comité.
Culminadas las comisiones generales, continuó la lectura del informe, el cual hace mención al trabajo realizado por la mesa legislativa ocasional que desarrolló 12 sesiones virtuales para escuchar a 29 comparecientes de sectores ciudadanos, organizaciones sociales, instituciones, parlamentarios y representantes de organizaciones políticas, academia, expertos nacionales e internacionales. Sobre la base de dichas observaciones, el 15 de diciembre de 2020, se aprobó el documento.
En las conclusiones, los legisladores señalan que la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es pertinente. En cuanto a la independencia de la Fiscalía indican que genera mayor fortalecimiento de la autonomía de la institución. Finalmente, sobre la propuesta de rediseño de la Asamblea Nacional, exponen los argumentos por los cuales sugieren no considerar el sistema bicameral dentro de las reformas a la Constitución; sin embargo, se recomienda acoger varias modificaciones que impliquen un fortalecimiento de la Función Legislativa. El debate del Proyecto de Reforma Parcial a la Constitución de la República del Ecuador, presentada por el Comité por la Institucionalización Democrática, iniciará una vez que el presidente César Litardo convoque la reinstalación de la sesión 696 que fue suspendida tras concluir la lectura del informe correspondiente, preparado por la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales.