DIVERSOS SECTORES EXPUSIERON SUS CRITERIOS SOBRE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO POR VIOLACIÓN

“Esta es una Asamblea diversa que cumple con la ley y que debate todos los proyectos e iniciativas con responsabilidad. Mi tarea es fortalecer en el Pleno un espacio verdaderamente democrático, en el que se expresen todas las visiones y opiniones; y donde la mayoría marque el camino por el que vamos transitando juntos en la Agenda Parlamentaria”, señaló la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori Abarca al dar inicio a la sesión 758, para tramitar en segundo debate el proyecto de Ley que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación, en base al informe preparado por la Comisión de Justicia.

El Pleno de la Asamblea, en comisión general, recibió a 20 representantes de diversos organismos nacionales e internacionales, colectivos sociales, académicos, expertos y especialistas en medicina, quienes expusieron sus criterios en torno al proyecto de Ley Orgánica que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación.

Este proyecto fue presentado por la Defensoría del Pueblo en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que analizó la constitucionalidad de los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal, relativos a la penalización del aborto consentido en casos de mujeres víctimas de violación.

Óscar Cabrera, de Familias Saludables del Instituto O’Neill, aseguró que no solo se despenalizó el delito de aborto, sino que la Corte estableció la necesidad de garantizar el acceso a la interrupción del embarazo, en caso de violación. Ximena Casas, de Human Rights Watch para las Américas, dijo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que se debe garantizar el derecho al acceso seguro al aborto, sin restricciones.

María Maldonado, de Dignidad y Derecho, aseveró que el proyecto va más allá de la sentencia de la Corte y vulnera los derechos del niño no nacido. Esteban Ortiz, médico salubrista, llamó a legislar de manera técnica y con evidencia científica; mientras que José López, como abogado, restó legitimidad a la disposición de la Corte que desvió la iniciativa legal a la Defensoría del Pueblo.

La psiquiatra peruana Martha Rendón explicó que la violación es una experiencia traumática que se agrava al obligar a la víctima que lleve a término el embarazo. Para el abogado Pablo Andrés Proaño, la falta de requisitos para este procedimiento desconoce el mandato constitucional y acarrea consecuencias para la salud de las víctimas de violación.

Agustina Rendón, de la Universidad de Palermo, Argentina recordó que los equipos de salud se basan en protocolos que permiten garantizar el acceso al aborto seguro para niñas, adolescentes y mujeres. Igualmente, Rosa López Machuca, de El Oro; Virginia Gómez de la Torre, de la Coalición Nacional de Mujeres; y, María Fernanda Chalá, de Mujeres por el Cambio, se mostraron partidarias de una ley, sin restricción de tiempo, ni de requisito alguno, para salvar la vida de las víctimas de la violencia sexual.

Entre tanto, los médicos Octavio Miranda, Fernando Jácome e Iván Altamirano, expresaron su preocupación por la cifra de morbimortalidad de niñas, adolescentes y mujeres que no tienen acceso a la interrupción del embarazo y consideraron necesario establecer un plazo que no supere las 22 semanas.

La abogada Karina Etchepare lamentó que varios grupos pro aborto estigmaticen a quienes, como ella, nacieron de madres víctimas de violación. “No podemos condenar a pena de muerte a un ser inocente, dejando en la impunidad al violador”, dijo. Teresa Arboleda González, de la Casa de la Vida, cuestionó que el proyecto determine el aborto como un derecho, sin establecer sanciones para los responsables del incesto, la violencia intrafamiliar y la violencia sexual.

Para Claudia Sarmiento, experta en derechos humanos y género, la normativa debe establecer un equilibrio entre el derecho de la víctima de violación y los derechos del no nacido; en tanto que Mariana Romero, profesional de la salud argentina advirtió que la ley de su país contribuye a reducir la morbimortalidad de las niñas, adolescentes y mujeres, así como la atención postaborto.

Finalmente, Sonia Ariza Navarrete, de la Universidad Externado de Colombia puso énfasis en el consentimiento informado como un mecanismo para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Igualmente, Alexandra Altamirano, sobreviviente de violencia sexual clamó por una ley que no establezca plazos, ni condiciones, como mecanismo de reparación para la víctima de una violación.

Luego de la lectura del informe preparado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, la presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori Abarca, destacó que las coordinaciones de bancadas y las autoridades de las Asamblea consideraron importante contar con el tiempo necesario para el análisis y elaboración de propuestas que mejoren el texto para segundo debate, por ello suspendió la sesión.