Mesa de Justicia recibió aportes sobre reformas a Ley de la Defensoría Pública

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por José Serrano Salgado, recibió este miércoles, 17 de marzo, nuevos aportes en torno al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Defensoría Pública. Esta vez, las observaciones fueron formuladas por expertos en Derecho, operadores de justicia, académicos y organismos especializados.

El primer compareciente fue Wilman Terán, juez de la Corte Nacional de Justicia, quien puso énfasis en que no solo se debe tener como finalidad de la Defensoría Pública la defensa y patrocinio de quienes no tienen como pagar un abogado, sino la asistencia legal, que es un derecho irrenunciable, el cual en ningún caso limita el derecho de autodefensa.

De su lado, Ramiro Aguilar, destacado penalista y constitucionalista, recomendó que se revise la finalidad de la Defensoría Pública y si esta se refiere a prestar apoyo a quienes están en condición de vulnerabilidad, o a los que no pueden pagar un abogado o si, finalmente, se trata de un derecho al cual puede acogerse cualquier ciudadano porque lo que hace la Defensoría es prestar un servicio público y, en esa medida, la ley no puede hacer distinciones.

Entre otros temas, sugirió que se piense si es conveniente o no contar con un Defensor Público en las delegaciones diplomáticas de Ecuador en el exterior, para la atención de nuestros compatriotas migrantes, o si resulta menos costoso contratar un abogado en esa jurisdicción cuando se requiera de la respectiva asistencia legal.

Mientras, Mónica Banegas, directora de la Fundación Haciendo Ecuador, destacó el trabajo de la comisión al incluir a las organizaciones de la sociedad civil en la construcción de una ley tan importante como esta. Se mostró partidaria de mantener en la Defensoría la acreditación, evaluación y sanción de los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades, gobiernos autónomos descentralizados y otras entidades autorizadas para contar con este servicio. En el caso de los consultorios de los centros de educación superior, dijo que esta atribución de la Defensoría no vulnera la autonomía universitaria.

En similar sentido se expresó Jimmy Ricardo Vásquez, docente de la Pontificia Universidad Católica de Ibarra. Comentó que en la creación del consultorio jurídico de este centro académico, precisamente, la Defensoría Pública fue el organismo que prestó asesoría y todo el apoyo para la consolidación de este servicio, de ahí que es necesario que la reforma afiance el rol de la entidad en torno a las oficinas de patrocinio legal gratuito.

Para María Cristina Meneses, defensora pública de carrera, el trabajo que cumple la entidad es digna de orgullo, pues no se defiende a buenos o malos, sino a seres humanos que no tienen recursos para contar con un abogado. Añadió que trabajan en 10 líneas de servicio, incluyendo la materia de mediación, que se busca fortalecer.

Explicó que es fundamental mantener la Escuela Defensorial como una instancia propia y especializada, tomando en cuenta que las necesidades de capacitación de los defensores públicos son distintas de las que tienen los jueces y fiscales. “Estas reformas no generan ningún impacto fiscal”, enfatizó. José Serrano Salgado, titular de la Comisión de Justicia y Estructura de Estado, agradeció a los comparecientes por sus observaciones, las cuales serán consideradas al interior del organismo y ofreció enviar el texto del informe para segundo debate, una vez sea votado, para que lo conozcan y analicen.

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