Pleno Aprobó Reforma que Facilita Contratar Auditorías a los Balances de Empresas Públicas

Con el voto unánime de los 95 asambleístas presentes, el Pleno aprobó en segundo debate el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que tiene por objetivo incorporar un modelo de control más rápido, sin cambiar la capacidad de la Contraloría, y agilizar los procesos de contratación de empresas auditoras.

Durante el año pasado, de las 21 empresas públicas del Ejecutivo, 16 remitieron a la Contraloría sus estados financieros. Con ello, la entidad de control puede iniciar el proceso de contratación de auditorías de dichos balances. En tanto, tres estaban en estado de ejecución y dos no entregaron la documentación.

Sobre la base de esta realidad, el presidente de la Comisión del Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, explicó al Pleno la necesidad de reformar la Ley de Empresas Públicas, por cuanto los estados financieros son la radiografía de la empresa para saber si está sana o enferma, para corregir errores y tomar decisiones, agregó.

Albornoz expuso el informe para segundo debate que preparó esta mesa legislativa. Explicó que el proyecto modifica el artículo 47 para que, con sus propios recursos, las empresas públicas puedan contratar las auditorías financieras, a través de compañías privadas. En la actualidad, después que las empresas públicas soliciten dicho proceso, esta facultad de contratación la tiene la Contraloría. Como Asamblea debemos evitar estos obstáculos administrativos, subrayó Albornoz.

En el debate intervinieron siete legisladores, algunos de ellos enfatizaron en que las auditorías tienen que ser serias, por eso la Contraloría será la encargada de acreditar y registrar a la firmas que pueden hacer ese trabajo y publicar periódicamente el estado de situación; estas son las leyes que necesita el país para luchar contra la corrupción.

Se puso hincapié en la necesidad de conocer con claridad el estado de situación de las empresas públicas, no solo para conocer cómo se encuentra cada una de ellas, sino para saber dónde están sus activos, cómo se han manejado los activos, lo cual dará cuenta de la adecuada administración por parte del Estado.

La reforma incluye una disposición para que el ente de control, en el plazo de 45 días, a partir de la publicación de la Ley, elabore un listado de las auditoras. Además, el plazo de 90 días, para que las empresas públicas que no estén al día en este tema, contraten las respectivas auditorías.

El proyecto será remitido en las próximas horas al Ejecutivo para que, en el plazo de 30 días, los sancione u objete.

Fuente: www.asambleanacional.gob.ec

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