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Reformas a Ley de Contratación Pública con informe para segundo debate

La Comisión de Régimen Económico, que preside Franco Romero Loayza, con nueve votos afirmativos, aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Contratación Pública, que tiene por finalidad enfrentar la corrupción que se registra en esta materia, así como contribuir al cuidado de los recursos públicos, la transparencia y la prevención de delitos relacionados que afectan a las instituciones estatales del país.

Respecto de la moción de aprobación del informe, propuesta por la legisladora Gabriela Larreátegui, la votación registró, además, tres abtenciones.

En el análisis de esta propuesta legal, el organismo legislativo recibió a 19 representantes de la ciudadanía y de organizaciones de la sociedad civil; así como a 17 autoridades públicas, cuyos aportes fueron valiosos para enriquecer el texto legal.

Según la mesa, cada centavo que se pierde en manos de las mafias de la corrupción representa, directa o indirectamente, menos recursos para atender a las familias más desprotegidas del Ecuador, al igual que menos servicios estratégicos para el desarrollo en áreas fundamentales como educación, salud y seguridad.

La reforma busca, entre otros objetivos, el afianzamiento e innovación de los principios rectores que rigen el Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP); el control gubernamental y las desviaciones de este Sistema; el fortalecimiento del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) como ente rector de la materia; la implementación de una reforma integral de las instituciones jurídicas del Sistema Contratación Pública y posicionar a la compra pública como un mecanismo para generar ahorro de recursos públicos y garantizar la calidad del gasto público.

Cifras

La Organización Transparencia Internacional, en su informe del año 2020, menciona al Ecuador como uno de los 26 países que han mostrado mejoras respecto al Índice de Percepción de Corrupción, sin embargo no es suficiente en el ranking pues registramos 39 puntos sobre 100 y en el puesto 92 de 180 países.

Durante la pandemia por covid-19, que fue precisamente cuando se desarrolló el tratamiento del presente proyecto, hubo alertas que ratificaron la necesidad de impulsar cambios para mejorar la normativa relacionada con las compras públicas y el combate a la corrupción, en particular, abusando de la figura de contratación por emergencia para la provisión de insumos médicos que permitan atender a la población. De acuerdo con la Contraloría, hubo 22 contratos de salud con irregularidades. También fueron detectadas 22 violaciones en la contratación de bienes y servicios en el sector de seguridad.

La Contraloría General del Estado informó que, al cierre de 2020, impulsó al menos 123 acciones de control a diferentes contratos. De ellos, los que cautivaron mayor atención mediática fueron precisamente los relacionados con la adquisición de insumos médicos para los principales hospitales públicos y centros médicos del país. Las alertas fueron dadas, en su momento, por el mismo Servicio Nacional de Contratación Pública, cuyas autoridades han reconocido que es urgente una reforma legal a la normativa de contratación pública para mejorar los controles. Por ejemplo, contar con la capacidad para poder intervenir lo antes posible y no cuando ya se han cometido los delitos, los implicados fugan y cuando los recursos del Estado se han desvanecido. El presidente de la Comisión, Franco Romero Loayza, agradeció a los miembros del ente legislativo por el trabajo de un año, en el análisis de esta normativa, con el propósito de entregar al país una ley que fortalezca la transparencia en la contratación pública y garantice el uso adecuado de los recursos públicos.

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