Comisión de Justicia aprobó informe no vinculante sobre la objeción al proyecto que sanciona la violencia sexual digital
El proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal y a la Ley Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, para Prevenir y Sancionar la Violencia Sexual Digital está listo para ser tratado en el Pleno de la Asamblea Nacional, una vez que la Comisión de Justicia, presidida por el legislador Alejandro Jaramillo, aprobó el informe no vinculante sobre la objeción parcial del Ejecutivo.
Este proyecto tiene como objetivo fortalecer la lucha contra los delitos informáticos y proteger a niños, niñas adolescentes. Para ello crea normas para prevenir y sancionar delitos como la divulgación de contenido sexual explícito sin consentimiento, acoso cibernético, ciberacoso sexual, ciberacecho, extorsión por medios electrónicos, sexting, acoso predatorio. Además fija las penas y sanciones para castigar a los responsables de este tipo de conductas.
La propuesta aborda problemas como la pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes, hostigamiento, acoso escolar y académico y diversos tipos de violencia como la económica y patrimonial, simbólica, política, mediática, gineco-obstetra, sexual digital y acoso sexual.
También incluye disposiciones que sancionan el acceso o exposición de niñas, niños o adolescentes de forma intencionada a contenido nocivo sexualizado, violento o que llame a cometer actos de odio, la extorsión sexual, revelación de secreto o información personal de terceros, la interceptación de las comunicaciones en cooperación internacional y el acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones.
Además prevé la asistencia judicial recíproca que pueden requerir los fiscales a órganos internacionales para la práctica de diligencias procesales, pericias e investigación de los delitos.
La Secretaría de Derechos Humanos diseñará e implementará un plan o programa para difundir, socializar y capacitar a la ciudadanía para utilizar las tecnologías de forma segura conociendo sus derechos frente a cualquier riesgo o acto de violencia
Dispone a la Autoridad Educativa Nacional y a la Autoridad rectora de la Educación Superior incluir en sus mallas curriculares o programas académicos asignaturas que permitan promover una cultura saludable de consentimiento, el derecho a una vida libre de violencia y auto determinada, prevenir y combatir la violencia sexual digital y todo tipo de estereotipos y tabús propios de la cultura de la violación y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. También realizarán campañas de sensibilización y concienciación y dotarán de materiales educativos dirigidos a la comunidad educativa, orientados no solo en riesgos para las mujeres, sino en el contraste de la cultura patriarcal en la producción de violencia; promoverán acciones educativas y culturales inclusivas, paritarias y correlativas, especialmente cuando sean cometidos contra mujeres, minorías y grupos de atención prioritaria.
