ASAMBLEA DETERMINA QUE SITUACIÓN CARCELARIA ES PRIORIDAD NACIONAL Y DEMANDA MEDIDAS DE REPARACIÓN

Tras una amplia sesión, que incluyó la participación de 25 legisladores en el debate, el Pleno de la Asamblea Nacional, acogió con 131 votos afirmativos el informe la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral respecto a la investigación sobre la actuación de los funcionarios públicos de las distintas funciones del Estado para prevenir y resolver la crisis carcelaria y alarmante situación de inseguridad ciudadana que vive el país.

En este sentido, determinó que la situación que viven las cárceles es una prioridad nacional que debe ser tratada sin evasión de responsabilidades, pues ha provocado la muerte de seres humanos, intranquilidad en los ecuatorianos y grave inseguridad ciudadana en las calles y en los hogares del Ecuador. En tal virtud, los órganos pertinentes tienen la obligación de precautelar la seguridad de las personas privadas de libertad y de la ciudadanía en general, conforme lo determina la Constitución de la República.

La Asamblea recomienda a todas las instituciones del Estado mencionadas en el referido informe que, en el marco de sus competencias, desarrollen de manera inmediata un protocolo de observancia a las normas y estándares internacionales de derechos humanos con relación a las personas privadas de libertad, así como la implementación de los mecanismos institucionales y tecnológicos que, a través de indicadores de gestión y protocolos claramente definidos, permitan el cumplimiento y seguimiento institucional y ciudadano.

Igualmente, recomienda al ente rector del Sistema Nacional de Rehabilitación Social que, con el carácter de urgente, implemente un plan de contingencia que permita superar el déficit de talento humano en los servicios de rehabilitación social, a fin de que las personas privadas de libertad (PPL) puedan acceder al régimen penitenciario semiabierto previsto en el artículo 698 del Código Orgánico Integral Penal, en aras de disminuir los índices de hacinamiento carcelario.

También requiere de la Defensoría del Pueblo el fortalecimiento de las acciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, como respuesta al cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención de Nacionales Unidas contra la Tortura. Así mismo, que inicie un proceso defensorial por la vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de libertad víctimas de las masacres perpetradas en las cárceles en el último año, pertenecientes a los grupos de atención prioritaria.

Además, la Asamblea solicita a las distintas funciones del Estado que, conforme a las recomendaciones formuladas, determinen medidas de reparación integral a las víctimas y sus familias. La Secretaría General remitirá el informe, con sus anexos, y la resolución a la Contraloría y a la Fiscalía General del Estado, a fin de que inicien las investigaciones a que hubiere lugar; al igual que a diversas entidades del Ejecutivo, a la Corte Constitucional, al Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, Consejos Nacionales de Igualdad y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

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