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Procurador del Estado asegura que crisis de la Contraloría requiere una salida política

La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social recibió al procurador General del Estado, Íñigo Salvador, con el fin de que explique la consulta realizada por la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Sofía Almeida, sobre la designación del Contralor General del Estado y del Subcontralor.

El presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez, sostuvo que ante la crisis institucional que atraviesa la Contraloría es deber de la Asamblea Nacional y de la Procuraduría dar a los ecuatorianos respuestas claras. Cuestionó que una persona privada de la libertad tenga la posibilidad de nombrar a un subcontralor.

El asambleísta Ronny Aleaga, indicó que se viven momentos difíciles en seguridad jurídica y expuso que no puede seguir ejerciendo funciones un Contralor que está detenido y procesado por delitos que atentan contra el erario nacional.

El Procurador General del Estado admitió la crisis institucional y política que enfrenta la Contraloría. En su intervención, explicó que la institución que preside otorga asesoramiento legal y absuelve consultas jurídicas de organismos y entidades del sector público con carácter de vinculante, en aquellos temas que la Constitución o la ley no otorguen competencias a otras autoridades.

Durante su comparecencia indicó que la crisis que enfrenta la Contraloría necesita una salida política. Remarcó que la solución a la crisis no puede dar la Procuraduría, porque es una entidad que ejerce un rol técnico jurídico. Las consideraciones políticas, sociales y económicas que dan lugar al nacimiento de normas jurídicas son extrañas al análisis que la Procuraduría debe hacer, expresó.

El Procurador hizo hincapié en que la solución a este conflicto no es puramente jurídica, sino que involucrará a los más altos protagonistas del accionar político: la Asamblea Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y probablemente la Corte Constitucional.

Explicación legal

Durante su explicación, el Procurador mencionó que dentro de los informes jurídicos emitidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se señaló que esta entidad no tiene capacidad, ni competencia para encargar actualmente la titularidad de ninguna entidad de control. Tampoco ninguna competencia ni procedimiento por el que pueda nombrar Contralor Subrogante.

Lo que sí se señaló en los informes del Cpccs es que la entidad podría convocar a un concurso para nuevo contralor de manera inmediata, pero debería solicitar a la Corte Constitucional una modulación del dictamen constitucional N°2-19-IC-19 en relación al mandato especial para la Contraloría General del Estado.

En otro informe enviado por el Cpccs se sugirió que como está próximo a concluir el período constitucional de 5 años del Contralor General, el Consejo ya debe iniciar el proceso de concurso para la designación.

Asimismo se recogió el criterio jurídico de la Contraloría y la Procuraduría sobre la base de la Constitución, Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, Ley de la Contraloría General del Estado, Ley Orgánica de Servicio Público, entre otras normativas. Una de las principales conclusiones que destacó el Procurador fue que “no existe norma legal que faculte al Cpccs a encargar el ejercicio de las funciones de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado”.

Al ser consultado su opinión sobre la designación del nuevo subcontralor, Carlos Riofrío, manifestó que no podría emitir criterio, ya que la institución que dirige se pronuncia cuando recibe una consulta por escrito, canalizada a través de la máxima autoridad de la entidad consultante, acompañada por un informe jurídico interno. Realizar una opinión sobre hechos de esta crisis “que está lejos de solucionarse”, no dejaría de ser mi criterio, dijo. Puntualizó que la Procuraduría solo se pronuncia a través de dictámenes.

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