Asamblea Nacional Reconoce Error en Reforma al Código Penal que Incluía el Aborto por Violación

La presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña (AP), y su colega Esteban Torres (PSC-Cambio) reconocieron el cometimiento de un error técnico en la inclusión de la disposición transitoria segunda sobre el tema del aborto por violación, como lo señaló la Corte Constitucional (CC), en un dictamen del pasado martes.

Peña señaló que esperaban ya esta respuesta de la Corte, pues les parece lo más oportuno. “En efecto, lo que pasó fue un error técnico de una disposición que nunca debió haber sido incluida, ya que el artículo 150 no fue aprobado”, dijo la titular de la mesa.

Torres agregó que esta disposición fue algo que no debió votarse y se mostró satisfecho por la decisión “apegada a la ley” del organismo de control.

“El error fue que no estuvo en la moción de votación; al calor del debate, teniendo cinco minutos para leer el texto, fue difícil darse cuenta de que esta disposición transitoria no estaba en el texto de votación en la misma moción, por lo que se cometió el error”, dijo Torres.

En tanto, Marcela Aguiñaga (RC) recordó que el pronunciamiento de la CC es de cumplimiento obligatorio e inmediato. “En este país, sigue estando penalizado el aborto por violación”, sentenció.

Una vez que sea notificada con el dictamen de la Corte, cuyo ponente fue el juez Alí Lozada, la comisión debe procesarlo y elaborar un solo informe que debe incluir las objeciones por constitucionalidad y el resto de objeciones para luego presentarlo al pleno.

En el caso específico de la disposición en mención, “simplemente se eliminaría”, aclaró Peña, por referirse a un artículo que no se modificó. “Lo que se hace es acoger el dictamen de la Corte”, concluyó.

Fuente: www.eluniverso.com

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Asambleístas, Sin Consenso Sobre Pensión Vitalicia en Ecuador

En la Asamblea, por lo pronto, no existe un consenso sobre lo que debe hacerse con pensiones vitalicias que perciben los exmandatarios. Algunos plantean quitarlas o revisarlas y otros colocar límites para los hijos de beneficiarios.

Para hoy está previsto que se trate el proyecto de resolución de exhorto al presidente Lenín para que disponga a los órganos del Estado la suspensión de pensiones entregadas a beneficiarios que no constan en la ley y una auditoría de los pagos. La propuesta fue presentada por Fredy Alarcón (BIN) para que se incluya en el orden del día.

Para Roberto Gómez (CREO) hay tres puntos importantes: analizar si los cobros se ajustan a la norma; determinar responsabilidades luego de esa verificación; y comprender la concepción política.

“Tiene que ser analizado sin mirar apellidos, sin particularizar y entender lo que la ciudadanía hoy quisiera”, dice.

Con esto concuerda el asambleísta Esteban Melo (RC). Señala que, aunque existan desafectos, no deja de ser un derecho. Sin embargo, cree que debe analizarse desde el impacto económico.

Daniel Mendoza (AP) dice que la bancada oficialista no ha dialogado sobre el tema, pero sostiene que debe corregirse, incluidos los montos.

“Actualmente es hereditario como si se tratara de una especie de monarquía, debe corregirse para que se aplique a quien ejerció”, comenta.

En cambio, Guillermo Celi (SUMA) habla de un ajuste. Propone que no reciban quienes hayan tenido juicios con sentencia ejecutoriada, los que hayan renunciado a su cargo o revocado su mandato. Además, opina que podrían recibirla los hijos menores de 18 años que tengan alguna discapacidad o enfermedad catastrófica.

Por su parte, Wilma Andrade (ID) no está de acuerdo con la eliminación general, pero sí específica, esto es, para quienes tienen sentencias ejecutoriadas y ocuparon el cargo temporal.

“Conozco la realidad del (expresidente) Rodrigo Borja, quien vive de la pensión, fue un gobernante honesto. Me parece inadecuado que se la pretenda retirar; sería una ofensa”.

Detalle:  1,1 millones al año destina el Estado para pagar la pensión a expresidentes y exvicepresidentes.

Fuente: www.eluniverso.com

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Nuevo Proyecto Mantendrá la Mayoría de Reformas Tributarias

El nuevo proyecto de Ley económica, que se prevé presentar este jueves 21 de noviembre del 2019 a la Asamblea Nacional, mantendrá la mayoría de reformas tributarias propuestas en el proyecto de Ley de Crecimiento Económico, que fue archivado el domingo pasado (17 de noviembre). Entre las medidas en que el Ejecutivo insistirá están la eliminación del anticipo al impuesto a la renta, el cobro de IVA a los servicios de plataformas digitales, el impuesto a las fundas plásticas, la simplificación de trámites para el sector agrícola, entre otros.

Hasta la tarde de ayer 20 de noviembre el Gobierno pulía detalles del nuevo documento, que tendría alrededor de 50 artículos, a diferencia del proyecto anterior, que proponía cambios a 404 artículos de 22 cuerpos legales. El proyecto incluye los ajustes y observaciones que se habían propuesto en la Asamblea durante el debate del proyecto anterior, indicó el ministro de Finanzas, Richard Martínez. “Esta es una oportunidad para demostrar al país que podemos lograr consensos mínimos. Es un proyecto muy corto que elimina cosas que preo­cupaban a la ciudadanía y a los sectores productivos”, dijo.

El titular de Finanzas también aclaró que el proyecto del Ejecutivo no está tomando en cuenta la propuesta de cambio de modelo económico enviada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). La expectativa de recaudación de la nueva propuesta es de USD 540 millones para el próximo año, no obstante, la meta podría ser menor. Fausto Terán, asambleísta de Alianza País (AP), comentó que el martes pasado el Ministro de Finanzas informó al bloque de legisladores que si el documento no se aprueba este año, la meta de recaudación bajará a 340 millones, pues según la Ley, el ajuste al impuesto a la renta u otros de carácter anual entran en vigencia en el siguiente ejercicio fiscal.

El Ejecutivo acogió la propuesta de no incluir en el nuevo texto los artículos sobre la repatriación de capitales y el cambio del ICE para gaseosas. Además de estos ajustes, el Ejecutivo volvió a incluir la propuesta de condonar intereses y multas a becarios.

Empresas que más facturan pagarán una contribución

El Ministro de Finanzas dijo ayer que una de las medidas con las que el Gobierno espera que “los que más ganan aporten más a la economía” es la contribución que tendrán que pagar las empresas que en el 2018 tuvieron ingresos mayores a USD 1 millón. Con esta propuesta, el Fisco espera recibir USD 177 millones en el 2020, que serían aportados por 10 403 empresas que están dentro de este grupo.

Según Finanzas, las empresas que en el 2018 facturaron entre USD 1 millón y USD 5 millones pagarán una contribución de 0,10% de sus ingresos; las que facturaron entre USD 5 millones y USD 10 millones, un 0,15% y las que facturaron más de USD 10 millones pagarán 0,20%. La contribución se mantendrá hasta el 2021 y generaría ingresos por USD 532 millones. Martínez dijo que el Ejecutivo está insistiendo en esta propuesta, porque es equilibrada y generará ingresos sostenidos “sin afectar la futura inversión privada y las expectativas de los agentes económicos”.

El servicio de plataformas digitales se gravará con IVA

La propuesta de gravar con IVA a los servicios de plataformas digitales como Uber, Netflix o Spotify, entre otras, se mantiene en el nuevo proyecto. Martínez aclaró ayer (20 de noviembre del 2019) que el Gobierno no está creando nuevos impuestos para estos servicios, sino que busca su regularización. “Estamos formalizando esto, porque es una tendencia mundial y tienen que gravarse”, dijo. El cobro se realizaría al consumidor en el momento que realice el pago, vía tarjeta de crédito o débito.

En el debate del proyecto anterior se analizó que en esta propuesta se haga una diferenciación entre las plataformas que tienen intermediarios, como Airbnb, en que una persona alquila un bien a otro a través de la aplicación. El Gobierno, además, mantendrá la propuesta de imponer un impuesto a los consumos especiales (ICE) a 4,4 millones de planes de telefonía móvil pospago, contó el asambleísta Fausto Terán, de AP. Con esta última propuesta se espera recaudar USD 100 millones.

Eliminación del anticipo al IR se mantiene en el plan

La eliminación del anticipo al impuesto a la renta (IR) se planteó en el documento anterior y se vuelve a incluir en el nuevo proyecto. Se trata de una medida que responde a un pedido que el sector empresarial ha realizado de manera recurrente al Gobierno. Según los empresarios, pagar el anticipo de una renta que aún no se genera afecta a la liquidez de las empresas, sobre todo de las medianas y pequeñas.

El ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda, dijo ayer (20 de noviembre del 2019) que el Ejecutivo mantendrá esta decisión para oxigenar a los sectores productivos. Fausto Terán, asambleísta de AP que participó de una reunión con el Ministro de Finanzas el martes pasado, para analizar el proyecto, dijo que el Gobierno estaba analizando algunos ajustes a la propuesta de eliminar el anticipo, para que la eliminación se realice por sectores productivos. En junio pasado, el Gobierno hizo un ajuste a la forma de pago del anticipo.

Quien gane más de 100 000 solo podrá deducir salud ​

La nueva Ley incluirá nuevamente la eliminación del derecho para deducir gastos personales de personas con ingresos superiores a los USD 100 000 anuales. Sin embargo, el nuevo proyecto agrega que podrán deducir los gastos por enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, así como las de sus padres, cónyuge o hijos, un aspecto que no estaba en la reforma anterior. La premisa es que el contribuyente con más recursos debe aportar más.

La medida afectará a 10 600 personas que cuentan con ingresos de esa magnitud. Inicialmente, esta medida buscaba generar un aproximado de USD 41 millones en el 2021, pero esa cifra deberá ser afinada tras el nuevo ajuste propuesto. Actualmente las personas naturales pueden deducir gastos relacionados con salud, educación (incluido entretenimiento y cultura), alimentación, vestimenta, vivienda y cultura. El máximo que se puede deducir es USD 13 000 al año.

Un impuesto único para el sector agrícola

El ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda, informó ayer (20 de noviembre del 2019) que en el nuevo proyecto de reformas que enviará el Ejecutivo se incluirán dos artículos del texto anterior que fue rechazado por la Asamblea Nacional. Uno de ellos es el beneficio para el sector bananero sobre el impuesto único, dijo durante un acto por el tercer aniversario de la Asociación de Producción y Exportación de Banano (Acorbanec), en Guayaquil.

La medida consiste en una tarifa del 2% sobre el valor facturado al año para productores. Por decreto se podrá revisar esta tarifa dentro de un rango del 1% (microproductores) al 2%. La tarifa para exportadores será del 3%. Y, segundo, se mantiene el impuesto único para el sector agrícola, según una tabla que va del 0 al 2%. Según el Ministro, el texto fue elaborado en una reunión donde participó todo el frente económico del Gobierno, a fin de priorizar medidas a favor de los sectores productivos.

Remisión de intereses para créditos educativos sigue

Uno de los pocos puntos donde hubo acuerdo entre el Gobierno y el Legislativo fue en la remisión o amnistía de intereses por mora, multa y recargos que afectan a los becarios del país o a los estudiantes con créditos educativos. Por eso, en el nuevo texto se mantiene esta iniciativa. La nueva norma beneficiará a 9 000 becarios y estudiantes que se encuentran actualmente en esta situación. El beneficio será del 100% sobre los valores pendientes de pago, excepto el capital.

La medida impactará positivamente a todas aquellas personas que obtuvieron ayudas para sus estudios en el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo (IECE) y que actualmente gestiona el Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH). Para ello se propone que esas personas presenten una solicitud para obtener facilidades de pago del capital. Con ello, además, se plantea que se suspendan los procesos de coactiva iniciados en contra de los deudores.

Fuentewww.elcomercio.com

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Representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Ecuador Dará Observaciones a las Reformas a la Ley de Contratación Pública

La Comisión de Régimen Económico citará a Jorge Domínguez, representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador quien dará sus aportes a las reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. El proyecto reformatorio se orienta en fomentar la transparencia en la gestión pública, enfrentar la corrupción y todo proceso que afecte al Estado y adecúa procesos para alcanzar concurrencia y agilidad. Esta actividad se desarrollará el miércoles 16 de octubre, desde las 10:30.

Dentro del tratamiento de las reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los parlamentarios conocerán el proyecto de iniciativa del primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano, quien plantea sustituir el primer inciso del artículo 58.2, respecto de la falta de acuerdo en la expropiación de bienes inmuebles.

El parlamentario sugiere que expirado el plazo sin que sea posible un acuerdo directo, la entidad expropiante emitirá el acto administrativo de expropiación, tomando como precio que se  convenga, sin tomar en cuenta el 10%. El propietario podrá impugnar dicho acto ante los jueces de lo contencioso administrativo, exclusivamente en cuanto al justo precio; y, al igual que la entidad expropiante, podrá proponer el juicio de expropiación de acuerdo con lo establecido en el Código Orgánico General de Procesos. Una vez que ha sido verificada la consignación del precio del avalúo municipal, se podrá disponer la ocupación inmediata del inmueble.

Luego, los comisionados conocerán el proyecto de reformas a la Ley de Minería, presentado por el asambleísta Elio Peña, por el cual propone crear un sistema único de registro y catastro minero, con el fin de realizar una correcta planificación del sector, mediante un adecuado cruce de información.

Fuente: www.asambleanacional.gob.ec 

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El Gobierno Analiza Ajustes a Paquete Económico y Laboral

Con la decisión de derogar el decreto 883, que eliminaba el subsidio a los combustibles, el plan económico que presentó el presidente Lenín Moreno el 1 de octubre se trastocó. El Gobierno había presentado seis medidas económicas y 13 propuestas de reformas laborales y tributarias con las que esperaba recibir ingresos netos por USD 2 273 millones. Uno de los rubros más importantes era el generado con la eliminación del subsidio, que ahorraría a la caja fiscal USD 1 400 millones anuales.

Ahora el equipo económico del Gobierno está revisando el paquete de medidas. La tarde de ayer 14 de octubre del 2019, el Presidente de la República firmó un nuevo decreto que deja sin efecto el 883 y dispone que se elabore uno nuevo. Las nuevas propuestas que se planteen deberían ayudar a que el Fisco alcance las metas que fijó el Fondo Monetario Internacional (FMI) como condición para desembolsar los recursos pendientes para este año, que suman USD 500 millones, dice Mauricio Pozo, exministro de Finanzas.

Una de las metas es que el déficit o hueco fiscal del presupuesto al final del año sea de USD 2 000 millones. Pozo explica que el Gobierno podría sentarse a negociar con el Fondo un ajuste en las fechas para el cumplimiento de las metas y en las formas de alcanzarlas. “Lo que no se podría negociar son los principios acordados, que es poner en orden las cuentas, bajar el gasto o aumentar los ingresos para alcanzar el resultado acordado”.

Por el lado del gasto, una alternativa es focalizar el subsidio para que solo lo reciba el sector agrícola y campesino que utiliza diésel, dice Santiago García, docente de la Universidad Central. Él propone diseñar un sistema de registro y de cupos, como ocurre en la pesca, aunque reconoce que tomaría tiempo. Algo similar se intentó a inicios de este año con los taxistas, cuando se redujo el subsidio de la gasolina extra, pero el plan no se concretó. Por el lado de los ingresos, el Gobierno podría volver a analizar un incremento de tributos.

Un alza del IVA se había discutido antes del 1 de octubre, pero varias bancadas del Legislativo afirmaron que no apoyarían la medida. Francisco Briones, analista económico, dice que un alza de tributos afectaría al desempeño de la economía. “Se contraería más el consumo y las empresas producirían menos”.

Otra opción para obtener más ingresos en lo que queda del año sería concretar la monetización de activos, que consiste en ceder la administración de bienes públicos al sector privado. El Ministerio de Finanzas había estimado USD 1 000 millones por monetización de bienes del sector energético y petrolero este año, pero ninguna concesión se ha concretado y eso solo serviría para un año.

El malestar generado por las movilizaciones impulsó al Gobierno a analizar compensaciones adicionales. Una de ellas es un plan agrícola de seis ejes en el que se invertirían USD 50 millones, pero el domingo no se debatió sobre esto. Tampoco sobre un bono de USD 20 mensuales para los trabajadores privados o la revisión de los ajustes anunciados para la burocracia. Para abordar este último tema y otros contemplados en la reforma laboral, trabajadores y Gobierno entablarán un diálogo con la intermediación de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El encuentro se desarrollará hoy. Entre las medidas que el Ejecutivo está dispuesto a analizar están la medida de reducción de 30 a 15 los días de vacaciones de los funcionarios públicos; así como la reducción de sueldos por renovación de contratos ocasionales. Mesías Tatamuez, representante del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), manifestó que su primer pedido para el Gobierno es que archive su propuesta de reforma y en conjunto elaboren una nueva. El FUT sostiene que las propuestas del Ejecutivo son inconstitucionales.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) rechaza la reducción de vacaciones, así como con el aporte de un día de remuneración de los empleados de empresas públicas. Richard Gómez, vicepresidente de la CUT, acotó que están en contra del contrato por tiempo predeterminado, ya que es similar al extinto contrato a tiempo fijo. “En el pasado hubo excesos por parte de empleadores con este tipo de contratación, lo cual no brindaba estabilidad al trabajador”.

El gremio está de acuerdo con el bono mensual de USD 20 para compensar una eventual focalización de subsidios. En contexto El Gobierno anunció el 1 octubre pasado un grupo de medidas económicas y reformas legales para alcanzar las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. La revisión de la eliminación del subsidio replantea los escenarios fiscales.

Fuente: www.elcomercio.com 

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Finaliza el paro en Ecuador; Gobierno deroga Decreto 883 y Crea uno nuevo

El presidente Lenín Moreno propuso este domingo 13 de octubre del 2019 a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) la creación de comisiones para elaborar un nuevo documento que sustituirá el Decreto 883. El Jefe de Estado hizo la petición a las 18:00, en el inicio de la reunión del diálogo. Pasadas las 21:45, Arnauld Peral, coordinador representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Ecuador, leyó el acuerdo: «Como resultado del diálogo se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el Decreto 883.

Para lo cual se instalará una comisión que elaborará el nuevo decreto, integrada por las organizaciones movimiento indígena, participantes en este diálogo y el Gobierno nacional, con la mediación de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y con la veeduría de las otras funciones del Estado. Con este acuerdo se terminan las movilizaciones y medidas de hecho en todo en Ecuador. Y nos comprometemos de manera conjunta a restablecer la paz en el país». Ese fue el acuerdo con el que la Conaie aceptó suspender la paralización y la marcha indígena.

Jaime Vargas, presidente de la Conaie, agradeció al Presidente. «Creo que ha sido importante este acercamiento, nosotros veníamos pidiendo hace tiempo conversar estos procesos, quisiéramos también de corazón, decir que los pueblos y nacionalidades que nos hemos levantado… en defensa de nuestros derechos, decir que sí, reconocemos la valentía de nuestros hombres y mujeres que salimos a las calles». «Gabriela Rivadeneira, Virgilio Hernández, José Serrano nos declararon terroristas por cerrar las calles al defender nuestros derechos. Ellos son los verdaderos terroristas que deben ser perseguidos por la policía. Nosotros los rechazamos», dijo Vargas.

El representante de la Conaie acotó que quieren que la Constitución se respete. Además, el dirigente pidió la renuncia de los ministros María Paula Romo y Oswaldo Jarrín, «solo así el pueblo Ecuatoriano tendrá paz y libertad y tendremos la oportunidad de seguir conversando», agregó. «Se ha dejado sin efecto el decreto 883 y es para todo el país. Conaie es Ecuador». El Primer Mandatario puso sobre la mesa la intención de elaborar otro decreto que tome en cuenta las conclusiones que salgan de ese grupo de expertos reunido en Quito.  El Jefe de Estado manifestó que el objetivo es que «los temas y las condiciones que se traten se conviertan acuerdos que permita canalizar los recursos hacía quienes más lo necesitan».

Juan Sebastián Roldán, secretario particular del Presidente, dijo que ceder no es perder, y que se quedarán elaborando el nuevo decreto. «De aquí nos levantamos con un nuevo decreto». Roldán consideró que es el momento de ceder, para ganar, pero que es necesario enfrentar a los contrabandistas. «Hoy es nuestra oportunidad de salir con un documento que garantice que los contrabandista no se enriquezcan más…». Al respecto, Lenín Moreno mencionó que «hemos llegado a un acuerdo que ha significado un sacrificio de cada una de las partes, eso es un acuerdo, ceder de parte y parte». La palabra que más se ha mencionado es la paz.

El Primer Mandatario agradeció a los militares y policías y a todos quienes han participado en el proceso de paz. Con relación a los pedidos extras, dijo que se considerarán, pero recordó que es una decisión del Presidente.  En la reunión, del lado de los indígenas se observó al coordinador Nacional de Pachacutik; Marlon Santi, Miriam Cisneros, del Pueblo Sarayaku, dirigentes de la Feine y Fenocin y también al excandidato a la Alcaldía de Quito, Pablo Dávalos.

En el Diálogo también intervino el contralor General, Pablo Celi y Christian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). Durante el diálogo, Jaime Vargas solicitó que se respete el ordenamiento jurídico vigente y pidió que antes de que el Gobierno envíe a la Asamblea las reformas económicas anunciadas, remita a la Corte Constitucional la propuesta para que la máxima entidad del Estado realice el respectivo control constitucional de las medidas. La primera parte sirvió para que los participantes que se sentaron a dialogar, tras 12 días de manifestaciones en el país, tengan clara la postura del otro lado, dijo Arnauld Peral. Una de sus sugerencias fue que la comisión planteada por Moreno no tarde más de 48 horas en emitir un pronunciamiento.

En una sala aledaña a la escogida para el diálogo, esperan el resto de otras organizaciones indígenas de base. Entre los asistentes está Salvador Quishpe, exprefecto de Zamora Chinchipe. Para este representante del movimiento indígena, no es posible llegar a un acuerdo sin que se derogue el Decreto.

Plantea, como una de las alternativas para restituir los subsidios, renegociar los contratos con las telefónicas y revisar la Ley de Fomento Productivo. En ese salón están a la expectativa de que el Gobierno defina esa derogatoria. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, intervino para señalar que si se deroga el Decreto “los beneficiarios serían los contrabandistas y los ricos”, ratificando la intervención del presidente Moreno.

 

Fuente: www.elcomercio.com 

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Reformas a la Ley de Contratación Pública y a la Ley de Minería, en la Agenda de Trabajo de Régimen Económico

Dentro del tratamiento de las reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la Comisión de Régimen Económico, este martes, a las 15:00, conocerá el proyecto de iniciativa del primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano, quien pide sustituir el primer inciso del artículo 58.2, respecto de la falta de acuerdo en la expropiación de bienes inmuebles.

El parlamentario sugiere que expirado el plazo sin que sea posible un acuerdo directo, la entidad expropiante emitirá el acto administrativo de expropiación, tomando como precio que se  convenga, sin tomar en cuenta el 10%.

El propietario podrá impugnar dicho acto ante los jueces de lo contencioso administrativo, exclusivamente en cuanto al justo precio; y, al igual que la entidad expropiante, podrá proponer el juicio de expropiación de acuerdo con lo establecido en el Código Orgánico General de Procesos.

Una vez que ha sido verificada la consignación del precio del avalúo municipal, se podrá disponer la ocupación inmediata del inmueble.

Luego, los comisionados conocerán el proyecto de reformas a la Ley de Minería, presentado por el asambleísta Elio Peña, por el cual propone que el tema del registro minero, que constituye el sistema de información e inscripción de títulos, autorizaciones, permita llevar adelante un control sistemático y adecuado de los mismos.

Además, plantea la creación de un sistema único de registro y catastro minero, con el fin de realizar una correcta planificación del sector, mediante un adecuado cruce de información.

 

Fuente: www.asambleanacional.gob.ec

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Derechos Colectivos prepara informe para primer debate de Ley interpretativa a la Ley de Personas Adultas Mayores

El presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, Jaime Olivo, adelantó que para fines de este mes entregarán el informe para primer debate del proyecto de Ley Interpretativa a las Disposiciones Derogatorias Novena y Décima de la Ley de las Personas Adultas Mayores, a fin de brindar claridad y sentido a la normativa.

El parlamentario recordó que la comisión escuchó a la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero y a la directora del Servicio de Rentas Internas, Marisol Andrade, quienes recordaron que la Ley de Personas Adultas Mayores esté orientado a garantizar la seguridad jurídica y dar sostenibilidad a los beneficios que genera esta propuesta. Por ello, respaldaron que se realice la interpretativa para generar precisión.

Olivó dijo que hay que corregir las referidas disposiciones derogatorias, ya que dejó sin efecto en su totalidad la Ley de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal y la Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas.

Expresó que las derogatorias resultan inaplicables, en razón de que hacen referencia a registros oficiales en los cuales no constan las leyes supuestamente derogadas, por lo que el proyecto busca brindar claridad y sentido a la Ley de las Personas Adultas Mayores.

 

Fuente: www.asambleanacional.gob.ec

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